A partir de un artículo publicado en un diario de circulación nacional, la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental inició una investigación preliminar por la venta ilegal de animales silvestres en la Feria de Pájaros de Pompeya, ubicada en la Avenida Sáenz al 800. La UFIMA requirió a la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, y a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal las constancias de un operativo realizado a mediados de marzo.

Además, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) deberá certificar si las especies secuestradas se encontraban protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), el origen y dónde podían ser halladas.

Otras investigaciones en la “Feria de Pájaros de Pompeya”

La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente había iniciado otras dos investigaciones (una en el 2008 y otra en el 2009) por infracción a la Ley 22.241, de protección de fauna, en el mismo predio.

En el 2008, a raíz de una presentación realizada por la Dirección Fauna Silvestre de la SAyDS, se puso en conocimiento que en aquel momento se habrían vendido especies silvestres protegidas, en uno de los puestos de venta. A raíz de ello, y como se encontraba tramitando una investigación por este hecho ante la Fiscalía de Distrito de los Barrios Pompeya y Parque Patricios, la UFIMA ofreció su colaboración. Al no recibir requerimiento alguno, en mayo de 2008, se dio por concluida la investigación.

Sin embargo, a partir de una noticia de “Canal 9” se  volvió a tomar conocimiento que en la Feria se estarían llevado a cabo actividades de comercialización de aves en forma ilegal,  motivo por el cual se reabrió la actuación preliminar.

En el 2009, por una solicitud del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº7, la unidad a cargo de Ramiro González prestó su colaboración en otra causa en la que se investigaba la posible venta ilegal de fauna silvestre.

Fue a partir de un procedimiento realizado en el mercado que posteriormente procedieron al secuestro de las diferentes especies de ave.

Durante la instrucción de la causa, se citó a prestar declaración testimonial a personal de la Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS para que realizara las consideraciones pertinentes sobre los ejemplares secuestrados. La UFIMA hizo saber al  juzgado que la venta de esas especies se encontraba tipificada en el artículo 27 de la ley 22.421, debido a que todas los ejemplares que se habían identificado en el procedimiento se encontraban protegidos por esa norma. Además, no se había exhibido ni secuestrado ninguna documentación que acreditara el legal origen de las mismas.

La UFIMA manifestó que la competencia debía ser de carácter federal debido a que las especies secuestradas provendrían de diferentes jurisdicciones distintas de la Capital Federal (donde se llevaría a cabo la comercialización), por lo que la intervención de la justicia federal implicaría una garantía para todos los integrantes de la nación y así velar por los diferentes concurrentes de las distintas provincias involucradas.