El comandante de Gendarmería Néstor Alfredo Villanueva será enjuiciado por haber guardado en el cofre número cinco de la oficina dos de puesto de esa fuerza federal ubicado en el cruce de la Avenida Lacarra y Plumerillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 125 envoltorios por un total de 47,2 gramos de cocaína y marihuana, y documentación de numerosas personas: 50 DNI, cédulas de identidad, un pasaporte, cuatro licencias de conducir, cédulas de vehículos, 8 tarjetas de crédito, cuatro de débito, entre otras. Si bien ese proceso tramitaba en la justicia nacional, ante la posible comisión de delitos de competencia federal, se le dio intervención al Juzgado N°5 y a la Fiscalía N°9 del fuero de excepción. El procedimiento había sido realizado en abril del año pasado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), por la presunta comisión de apremios ilegales por parte de distintos efectivos.

La Fiscalía General N°7  ante los Tribunales Orales ya ofreció la prueba correspondiente y solicitó a los jueces del TOF N°5 una instrucción suplementaria con una serie de nuevas diligencias, a lo que los magistrados accedieron y ordenaron. Entre ellas se cuenta, que se libre un oficio al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para que informe si allí obran reportes de extravíos durante la etapa de distribución de los DNI, y a la Dirección Nacional de Gendarmería para que comunique si hay criterios de actuación determinados cuando sus integrantes encuentran o se les entrega documentación extraviada o sustraída a ciudadanos, y en cuanto al hallazgo de material estupefaciente en la vía pública, entre otras. La instrucción del legajo estuvo a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y en diciembre de 2015 la elevó a juicio oral y público.

Oportunamente, los titulares de los documentos refirieron en algunos casos que les habían sido robados o extraviado, y en otros que el RENAPER les había informado que el correo había sido asaltado o los había perdido y que por eso nunca los habían recibido. La calificación legal de la conducta del imputado que obra en el requerimiento de elevación a juicio es tenencia simple de estupefacientes, en concurso real con el delito de encubrimiento -por tratarse la documentación de efectos provenientes de delitos- agravado por tratarse de un funcionario público, los que concurren a su vez idealmente con el de violación de los deberes de funcionario público por no haber informado a sus superiores ni consultar con el juzgado correspondiente. En su indagatoria, el acusado sostuvo que no tuvo “oportunidad”  de citar al perito para que haga el narcotest y pesar la sustancia; en cuanto a los DNI, cédulas y tarjetas, adujo que la fuerza “los guarda por un tiempo prudencial”, y que al cabo de “tres o cuatro meses se realiza la consulta pertinente”.