El fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitó la elevación a juicio del economista y asesor Roberto Antonio “El Topo” Larosa por la presunta comisión del delito de espionaje, que se habría configurado en seis oportunidades durante 2010 con la sustracción del Ministerio de Economía de la Nación de información reservada vinculada a la situación fiscal de las provincias y la formulación y ejecución del presupuesto.

En su dictamen presentado ante el Juzgado Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio, Zoni recordó que el imputado fue detenido en la noche del 16 de abril de 2010 al ser encontrado “agazapado, detrás de un escritorio” en la oficina 410 del Palacio de Hacienda. Llevaba consigo un maletín que contenía, entre otras cosas, dos linternas, un manojo de llaves, un celular y una lente de aumento. Las llaves le habían permitido el acceso al despacho contiguo -oficina 411-, correspondiente al área de Presupuesto. Luego de encontrarlo in fraganti, se constató que anteriormente había ingresado en otras cinco oportunidades a esa y otra oficinas, como la 911 correspondiente a la subsecretaría de Relaciones con las Provincias.

Tras una serie de allanamientos realizados en el domicilio del acusado -de 60 años- y en “Orlando Ferreres & Asociados”, “Banco Santander Río”, “Fundación de Investigaciones Económicas LatinoAmericanas (FIEL)”, “Ecolatina”, “AYSA”; y “M&S Consultores”, “se logró determinar que el causante vendía la información ilegítimamente habida a diferentes consultoras y empresas a cambio de cierta suma de dinero”, indicó el titular de la Fiscalía Federal N°8.

Un entendido en “temas de presupuesto”

Zoni explicó en el dictamen que Larosa era considerado por los integrantes de las diversas consultoras y empresas que asesoraba como “un entendido en temas de presupuesto”, y que dentro del ámbito en el que se desenvolvía era conocido con “el mote de ‘El Topo’”. Respecto a lo señalado por esas personas, “si bien en muchos casos se indica que el análisis que realizaba Larosa era a partir de información pública, no resulta ser un dato menor que los informes en cuestión versen sobre temas que eran tratados en la información reservada que se encontraba en los despachos en los que ingresaba clandestinamente”, advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.

“La información que se apropiaba era considerada de carácter reservada y confidencial al tratarse de medidas que estaban en proceso de firma como proyectos, resoluciones, decretos y  decisiones administrativas, todas vinculadas con la formulación del presupuesto o la evolución de las cuentas públicas”, señaló el fiscal federal. Con relación al valor de los datos apropiados, el fiscal expuso que se considera que, al conocer las consultoras y empresas indicadas la política económica a implementarse, “corren con ventaja frente a otros terceros, pudiendo esto alterar las inversiones, la adquisición de títulos, bonos y manipular la oferta”.

Espionaje reiterado

Luego de analizar los 75 elementos de prueba reunidos durante la pesquisa, la Fiscalía consideró que Larosa “deberá  responder en calidad de autor penalmente responsable del delito de espionaje reiterado en seis hechos”, según lo previsto en los artículos 2 de la ley N° 13.985 y 42, 45 y 55 del Código Penal. El citado artículo de la ley establece que “será reprimido con prisión de uno a diez años el que procurare, buscare, revelare, remitiere o aprovechare noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación.”

En ese sentido, Zoni indicó que “con esta actividad y al dar a la opinión pública información, datos y proyecciones sobre la economía del país que aún no se encontraba adecuadamente convalidada, por carecer de la debida autorización y firma de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación no hacía más que poner en riesgo la seguridad económica del país”. Por esos motivos, requirió la clausura de la etapa de instrucción de la causa y su elevación a juicio oral.