El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 porteño homologó un acuerdo al que arribaron la Fiscalía General N°3 ante ese fuero, a cargo de Gabriela Baigún, con la defensa de un directivo de una empresa de transporte, imputado por falsedad ideológica y defraudación en la percepción de un subsidio del Estado, quien -a cambio de que se extinga la acción penal en su contra- proveyó de insumos y aparatos médicos y se comprometió a construir un depósito para la Unidad de Pronta Atención N°12 de Moreno, y donó equipamiento y muebles y costeó reparaciones de mantenimiento para  el Espacio Cultural Casa Ana Gamboa -gestionado por la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata- por un monto mayor a 61 millones de pesos calculados al 23 de octubre pasado (en rigor, $61.460.500).

En su dictamen en favor del acuerdo con la defensa, la fiscal Baigún destacó que “el monto del perjuicio irrogado como consecuencia de la maniobra ilícita no se encuentra determinado, extremo éste que indudablemente debe integrar el análisis acerca de la viabilidad de la propuesta”.

La fiscal valoró que "el desvío de fondos públicos —como el que aquí ha sido objeto de pesquisa— genera consecuencias negativas que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el caso particular, debo remarcar que son estos sectores los que justamente se beneficiarían si se hiciera lugar a la solución planteada. Quienes integramos el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación no podemos —y menos aún en el contexto actual— permanecer ajenos a la realidad social en la que nos encontramos inmersos, que exige respuestas inmediatas".

De tal forma, la fiscal consideró “procedente la salida alternativa al conflicto en los términos en que ha sido planteada”, pues “se observa que se hallan plenamente satisfechas las pautas que el Código Procesal Penal Federal establece en orden al modo en que deben resolverse los conflictos derivados de hechos punibles, en la medida en que tiende al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

En el marco del proceso, la fiscalía requirió la asistencia de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del MPF, que elaboró un informe sobre las necesidades de las instituciones beneficiadas.

De tal forma, se acordó que el imputado debía proveer a la Unidad de Pronta Atención N°12 de Moreno de tres aires acondicionados; una heladera; dos freezer para vacunas; tres impresoras para las áreas de farmacia, laboratorio y administración; un mueble para guardado de aparatología de valor del servicio de cardiología; dos ecógrafos portátiles; un micromotor para limpieza dental; un cavitador neumático para remoción de sarro; un equipo de rayos RX mural odontológico; una autoclave mata hongos y bacterias; y una turbina odontológica para arreglo de caries. Debe realizar además la construcción de un depósito para guardado y conservación de insumos médicos, de farmacia, aparatología e insumos de internación.

El acusado también donó al Espacio Cultural Casa Ana Gamboa tres notebooks, una impresora con escáner, una impresora multifunción portátil, un armario con llave para guardado de documentación, tres escritorios de oficina, tres caloventores, tres ventiladores, un anafe eléctrico, un microondas y seis sillas de oficina, además de pagar la reparación del techo y la pintura en general.

La defraudación investigada

En el caso también se encontraba imputado otro directivo de la misma empresa de transporte, pero falleció en el transcurso del proceso. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal de primera instancia Gerardo Pollicita.

El directivo de la empresa que arribó al acuerdo con la fiscalía de juicio había llegado acusado a esta instancia por la ejecución de maniobras para percibir subsidios por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), haciendo caso omiso de disposiciones que databan de 2012 y que disponían el cese de pago de esos beneficios por la prestación de servicios diferenciales.

Según se indicó en la acusación fiscal, la defraudación se concretaba sustituyendo en las planillas mensuales -que luego eran presentadas ante la CNRT- los servicios diferenciales por servicios de carácter expreso, para los que sí estaba autorizado el pago del subsidio.

La maniobra consistía en cobrar $20 por tarifa diferencial, al mismo tiempo que la empresa percibía del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) el subsidio como servicio expreso, con un costo de $10. El cobro de la tarifa de $20 en lugar de $10 se ejecutaba mediante la venta manual del boleto en las paradas o bien haciendo pasar dos veces por la lectora la tarjeta SUBE al pasajero que realizaba un solo viaje en el mismo vehículo.