A instancias de la Fiscalía General N° 2, a cargo de Francisco Snopek, el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia se constituyó en la ciudad de Embarcación para tomar declaración indagatoria en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral. Se recibieron también doce testimoniales entre víctimas, familiares y vecinos del lugar, muchas de ellas pertenecientes a la comunidad wichí. Las audiencias se llevaron a cabo en el marco de un juicio unipersonal, a cargo del juez Abel Fleming.

En el proceso, tres hombres están acusados de recibir en la finca Playa Grande, en Apolinario Saravia –Anta, provincia de Salta-, a personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral. El predio fue allanado el 7 de junio de 2014 y se constató la presencia de víctimas, como también las condiciones de explotación y degradación en las que trabajaban y vivían, con catres improvisados con cajones de verduras.

Hacinamiento, precariedad y explotación laboral

La situación fue advertida por personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que realizaba un relevamiento en la zona. Allí se pudo constatar que había jóvenes alojados en una pieza precaria en situación de hacinamiento, que manifestaron estar prestando servicios en el lugar desde el mes de mayo del 2014. La finca pertenecía a Ivar Guerrero Ruiz, de 74 años, y en el lugar se encontraban presentes su hijo Alejandro Ricardo Guerrero, y otros dos hombres, Sergio Ortega y Agustín Flores Cazón, que manifestaron ser yernos del propietario del lugar.

Al mismo tiempo, se realizaron diligencias para determinar si existía alguna denuncia relacionada con estos hechos. Así se comprobó que en la Comisaría N° 43 de Embarcación, los padres de dos adolescentes de 14 y 16 años habían denunciado que sus hijos faltaban de sus hogares y, en sus propias palabras, “habían sido captadas”, algo que también había sido denunciado ante el Juzgado Federal de Orán.

En el relevamiento pudo determinarse que el trabajo de los menores de edad consistía en tareas generales del campo inherentes al cultivo de tomate, que se adicionaba a la fuerza laboral de los mayores, cumpliendo generalmente una jornada laboral de ocho horas diarias de lunes a sábados, con una remuneración convenida con los titulares de la explotación de entre cien y ciento veinte pesos diarios. Sin embargo, muchas de las víctimas manifestaron que jamás les pagaron.

También se detectó la existencia de cuatro estructuras precarias de ladrillos, adobe, chapa y madera, carentes de agua corriente, que servían de vivienda para catorce personas, entre las que se incluían hombres, mujeres y niños. Se observó que había dos habitaciones con piso de tierra en donde las víctimas dormían de a dos sobre cajones de tomates que tenían un colchón y una instalación eléctrica precaria, con cables expuestos y toma corrientes deteriorados y sin fijación a las paredes, y un baño comunitario carente de todo tipo de higiene.

En una de las estructuras del predio de constató un habitáculo destinado al depósito de combustibles, lubricantes y agroquímicos que se ubicaba en la batería de habitáculos que hacían las veces de viviendas, verificándose la inexistencia de medidas de seguridad para el manejo de tales elementos como así también de carteles de aviso de riesgo y prohibición de acceso al lugar. En total fueron diez las víctimas halladas en el lugar, todas ellas con escasa instrucción y gran vulnerabilidad, algunos pertenecientes a la comunidad wichí.

La causa fue elevada a juicio y en ella están acusados Ortega, Flores Cazón y Alejandro Guerrero, imputados por el delito de trata de personas mayores para explotación laboral, triplemente agravado por la cantidad de víctimas, por haberse logrado su explotación y, en tres casos, por tratarse de víctimas menores de 18 años.