El juez federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos dispuso la suspensión del juicio a prueba durante dos años que debía afrontar una mujer acusada por el delito de amenazas contra una estudiante del colegio Termas Huinco de esa ciudad. A cambio, la imputada deberá realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una escuela y cursar el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La resolución de Castellanos se dio en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, donde se acreditó que la víctima fue amenazada luego de que junto a sus compañeros realizara un documental titulado “El dedo disciplinador”, que evidenciaba los vínculos entre empresarios del puerto y las Fuerzas Armadas durante los años ’70.

La amenaza que denunció la joven se produjo el 18 de diciembre de 2009. La imputada, de nombre Silvia Gallardo, fue hasta la casa de la abuela de la estudiante y a la señora le advirtió que su nieta ya era mayor de edad, que los temas tratados eran serios y que de seguir con este proyecto podría haber “serias consecuencias”.

En la audiencia celebrada en octubre del 2014, la defensa de Gallardo solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años, medida que fue resuelta por el magistrado, con acuerdo del fiscal Pablo Larriera y sin oposición de la víctima. De esta forma, la imputada deberá realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una escuela y cursar el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargo del abogado Juan Carlos Wlasic.

De acuerdo a lo relatado por la alumna en el marco de la causa, ella junto a sus compañeros del instituto educativo Termas Huinco, y con supervisión de docentes, desarrollaron un video denominado “El dedo disciplinador”, en el marco del proyecto “Jóvenes y Memoria” que organiza la Comisión Provincial por la Memoria.

La amenaza, recordó, llegó luego de que el video elaborado haya sido exhibido. En el mismo se daba cuenta de “la relación que existía ente empresarios del puerto local con los militares durante la dictadura”.

“Entre las historias documentadas se encontraba una protagonizada por Abel Casas, quien habría sido denunciado a los militares por su (entonces) empleador Roberto Villaola, actualmente exesposo de Gallardo, aparentemente por diferencias existentes con relación a la cantidad de horas que se debía trabajar por día, por lo que Casas habría sido detenido por los militares por un lapso de quince días”, según consta en el expediente.