El fiscal federal Carlos Hernán García, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Morón, requirió la elevación a juicio de una causa en la que tres imputados están acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros a esos fines, en perjuicio de 11 víctimas. Según dictaminó el representante del Ministerio Público, los trabajadores fueron captados en Perú, trasladados y recibidos en la Argentina para desempeñarse en un taller de costura clandestino ubicado en Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a los elementos probatorios recabados durante la investigación, César Ruiz Cerrón, junto con su pareja Fiorella Quispe Maturano y su hermana Rina Ruiz Cerrón, sometieron a las víctimas a jornadas de trabajo que se extendían desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche de lunes a sábados, sin tener llaves para entrar o salir del lugar, donde además vivían. Los empleadores retuvieron los pasaportes y cédulas de identidad,  e incluso descontaron el valor del pasaje del micro hasta la Argentina de sus haberes, que en algunos casos nunca llegaron a ser percibidos. Los imputados también proveían alimentos en mal estado a las víctimas.

La pesquisa se inició porque una de las víctimas logró radicar la denuncia en la Comisaría Distrital N°6 de Villa Recondo, en junio del año pasado. La denunciante contó que luego de haber trabajado por espacio de una semana le reclamó a sus empleadores el dinero que le correspondía, pero la respuesta fue que no se le abonaría nada. Todas  las víctimas fueron captadas bajo la promesa de que recibirían un salario de 300 dólares mensuales por su labor.

Durante un allanamiento realizado en el lugar, además de máquinas y materias para la confección de prendas de vestir, “se halló una bolsa de nylon blanca que en su interior contenía los pasaportes de algunos de los empleados del taller, los cuales eran ‘guardados’ por Rina Ruiz”, explicó García.

Un informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas y que obra en el expediente dio cuenta además  de que los “procesos de vulnerabilidad económica, social y laboral signarían gran parte de las trayectorias de vida de todas las personas entrevistadas” en el lugar. Una de ellas, que padece una discapacidad mental, denunció que no le suministraron los medicamentos necesarios para tratar su afección o el dinero necesario para adquirirlos. El mismo documento refiere que las personas trabajaban sin contrato y a algunas se les pagaba por prenda terminada, lo que es “perjudicial para la salud general de los trabajadores y beneficioso para los dueños y/o responsables del inmueble allanado en tanto se magnifica la ganancia” a costa de extender las jornadas laborales.

Calificación legal

El fiscal federal señaló en su requerimiento que los acusados “deberán responder como co-autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por resultar tres o más sus víctimas, así como también, por haberse perpetrado con la intervención de tres o más personas y por resultar una de las víctimas una persona discapacitada, el que concurre formalmente con el delito de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional con fines de explotación”

Al respecto, García indicó que de las pruebas recabadas durante la instrucción del caso se desprende que el fin de los imputados “no fue otro que la explotación. En este sentido, la precariedad de las condiciones de trabajo (pues no estaban registrados en el sistema previsional con las implicancias que ello acarrea, como ser, una obra social), las extensas jornadas y su paga deficitaria, así como también, el hecho de que en la habitación ocupada por Rina Ruiz Cerrón se ha secuestrado una importante suma dineraria [de más de 60 mil pesos], que la documentación de los trabajadores se encontraba en poder de ellos, entre otras cuestiones ya enunciadas, así lo demostraron”.