14 de julio de 2024
14 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A 20 años de la incorporación de la Convención de Belém do Pará a la legislación argentina y a un año de la creación de la UFEM
Se realizó el Encuentro sobre políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres
Alejandra Gils Carbó fue la encargada de la apertura de la jornada, junto a la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Diana González Perrett, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzeta. En el segundo panel, participaron la directora general de Políticas de Género de la PGN, Romina Pzellinsky; la senadora nacional y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, Marina Riofrío; la subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de las Mujeres, Silvia Lommi, y la periodista especializada en género Soledad Vallejos.

La procuradora general de la Nación estuvo a cargo de la apertura del Encuentro sobre políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres, que se realizó esta tarde en la sede de la PGN. Durante su intervención, Alejandra Gils Carbó destacó el compromiso de su gestión en "poner a la institución a trabajar para hacer frente a esta problemática".

Acompañada por la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Diana González Perrett, y la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzeta, la titular del Ministerio Público indicó que "hay una deficiencia en el modo de procesar los casos, que se resuelven aisladamente sin atender al condicionamiento estructural de género". Además, repasó el rol de las direcciones generales de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y de Acceso a la Justicia (a través del programa ATAJO) en el vínculo directo con las víctimas de este tipo de delitos y en el abordaje integral que se requiere desde el momento de radicar la denuncia y durante todo el proceso penal.

"Este es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y que se transmite de generación en generación. Tanto entre los hombres que ejercen violencia, como entre las mujeres que son víctimas de esa violencia. Poner el freno a este circuito es nuestra responsabilidad", afirmó la procuradora.

Por su parte, González Perrett reconoció el trabajo del equipo encabezado por Gils Carbó "por el compromiso con la lucha contra la violencia contra las mujeres". También, recordó que la Convención de "Belém do Pará estuvo 10 años dormida en escritorios" y destacó el rol de los estados en la implementación de políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres: "El derecho a vivir libres de violencia es un derecho humano y por eso es una responsabilidad del Estado".

Al cierre del primer panel, la fiscal Labozzetta puntualizó que "la creación de la UFEM fue una decisión de alto volumen político", por parte de la gestión de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público. La titular de la Unidad Fiscal especializada subrayó que a partir de esta gestión los derechos humanos fueron considerados de forma integral y "atraviesan de manera transversal a todo el organismo, gracias a las procuradurías y las unidades fiscales especializadas que abordan las problemáticas de forma integral, tanto los fenómenos criminales, como los derechos afectados".

En el panel "Abordaje desde el ámbito judicial, legislativo, ejecutivo y de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres", participaron la directora general de Políticas de Género de la PGN, Romina Pzellinsky; la senadora nacional y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, Marina Riofrío; la subsecretaria de la Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de las Mujeres, Silvia Lommi, y la periodista especializada en género Soledad Vallejos.

Al inicio de la mesa, Lommi recordó que "hay un femicidio cada 30 horas", aunque aclaró que "una gran cantidad" de estos casos "no se pueden relevar y quedan por fuera de la estadística". La funcionaria del Consejo Nacional de las Mujeres hizo hincapié en el fenómeno "Ni Una Menos", a través del cual "la sociedad civil puso en la agenda pública este tema". Por último, concluyó: "Necesitamos encontrar un lenguaje en común contra la violencia de género. La educación va a ser importante".

Por su parte, la senadora Riofrío subrayó el rol de las políticas públicas: "El mensaje institucional sobre la violencia de género es muy importante, influye mucho el mensaje institucional sobre las sociedades”. También, indicó que "la lucha contra la violencia de género y contra la desigualdad se trata de demandas constitucionales”, por lo que no puede circunscribirla a un grupo determinado. Y repasó la creación en 2008 de la Banca de la Mujer en la cámara alta que consideró "el resultado de la presión ejercida por esta lucha".

Luego, fue el turno de la periodista Soledad Vallejos, quien dio cuenta sobre cómo se abordan estas cuestiones desde los medios de comunicación. En ese sentido, remarcó la experiencia del Ni Una Menos y el impulso dado por las mujeres que llevan a  cabo el oficio: "Había una sociedad esperando escuchar eso, lo suficientemente especializada".

En ese sentido, presentó diversos ejemplos sobre la manera en que evolucionaron las formas de abordarse las problemáticas de género por el periodismo. Finalmente, tras repasar el caso de un doble femicidio en el barrio porteño de Constitución -en el que intervino la UFEM tras artículos periodísticos, que culminó con la detención del acusado- destacó: "Que circule la información sirve. Se puede denunciar y hay espacios".

El cierre estuvo a cargo de Romina Pzellinsky, quien destacó el rol de la prevención y presentó el trabajo que realiza su Dirección en escuelas y colegios secundarios con alumnos, alumnas y docentes con el objetivo de problematizar los roles de género y los estereotipos. Por último, insistió en la necesidad del trabajo articulado entre distintas instituciones y disciplinas para llegar a mejores resultados tanto para prevenir la violencia, como para sancionar a los imputados.