El Juzgado Nacional en lo Correccional N°11, a cargo de Luis Alberto Schlegel, condenó a un mes de prisión en suspenso a un hombre acusado de agredir físicamente a su ex pareja en la casa donde convivieron durante 2012. El Programa de Políticas de Género del Ministerio Público intervino en el debate oral a pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°3, Guillermo Ciccheti. La defensa había solicitado la suspensión del juicio a prueba, pero el Tribunal rechazó el pedido antes de la audiencia. A instancias del MPF, el juez  escuchó al imputado y a la víctima por separado, tal como lo dispone la ley 24685 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la fiscal ad-hoc del Programa, María Piqué, se opuso al pedido suspensión y fundamentó su posición en las obligaciones contraídas por el Estado argentino al ratificar la Convención de Belém do Pará, que fueron incorporadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Góngora” y por todas las salas de la Cámara Federal de Casación Penal en casos tanto del fuero criminal como del correccional. Finalmente, el juez rechazó el pedido al considerar que el dictamen del Ministerio Público Fiscal era vinculante.

Durante la audiencia, la víctima prestó declaración, contó sobre los hechos denunciados y sobre otros episodios de violencia que había sufrido por parte del imputado.

En su alegato, la representante del Programa destacó que en el debate no sólo se había acreditado el hecho puntual, ya que se contaba con el testimonio de la víctima y con certificados médicos que corroboraban las lesiones, sino también el contexto de violencia en el que había ocurrido. Para ello, se tuvieron en cuenta otros episodios similares relatados por la damnificada en el juicio.

Además, se contempló el hecho de que ella ya había realizado otra denuncia contra el acusado en la Oficina de Violencia Doméstica, pero que luego la había dejado sin efecto porque se habían reconciliado.

Al concluir el debate oral, el juez hizo lugar al pedido de la representante del MPF y condenó al imputado a la pena de un mes de prisión en suspenso, la prohibición de acercamiento a la víctima.