El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri procesó con prisión preventiva a un suboficial del Ejército y a su jefe en el marco de una causa en la que se investigan hechos de abuso sexual contra soldadas voluntarias entre 2016 y 2021 en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 de aquella ciudad.

El suboficial del ejército fue procesado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con los de lesiones psicológicas agravadas, desobediencia, amenazas y malversación de caudales públicos. Además, el juez dispuso el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos.

En tanto, su jefe fue procesado como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento, por haber ayudado a su subalterno a eludir las investigación de la justicia, por haber hecho desaparecer y alterar prueba y por no denunciar la comisión de un delito, agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público; en concurso real con el delito de lesiones psicológicas agravadas por haberse llevado adelante con violencia de género, como partícipe necesario; y falso testimonio en calidad de autor. El juez le trabó un embargo de 30 mil pesos.

Por otro lado, el magistrado ordenó a la Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza” de Paraná y a la Oficina de Género de las Fuerzas Armadas que adopten con respecto a todo el personal que presta funciones en el Escuadrón de Caballería de Exploración Blindado 2 el dictado de una capacitación y una educación adecuada en la temática de género y violencia contra las mujeres, en base a los parámetros de la Ley Micaela, N°27.499, con el objeto de erradicar cualquier tipo de estas acciones como las que aborda la causa.

El juez consideró “urgente, imprescindible e imperioso que se adopte con respecto a todo el personal que presta funciones en dicho Escuadrón” la capacitación en materia de género.

El juez Viri ordenó asimismo comunicar esta resolución a la Jefatura del Ejército y al Ministerio de Defensa de la Nación. Finalmente, y en línea con el pedido de la fiscalía federal, a cargo de Pedro Rebollo, ordenó extraer testimonios sobre los dichos de un abogado defensor, pues "corrían en sentido contrario a todo lo que se ha sostenido en el presente resolutorio, en tanto a garantizar la debida atención y cuidado a las víctimas de violencias de género", y ponerlos en conocimiento del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, "a los fines que pudieran corresponder".

Los hechos que se le atribuyen a los imputados, que fueron detenidos el pasado 11 de abril, habrían ocurrido entre 2016 y 2021 en el actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, exRegimiento de Caballería de Exploración 12.

En la causa hay otros dos hombres imputados: el exjefe del Regimiento entre 2020 y 2021 y el encargado de Unidad durante ese mismo período.

Para el juez, “se encuentra debidamente acreditado” que los imputados tenían el pleno dominio sobre los hechos, toda vez que las pruebas incorporadas a la causa “han permitido demostrar la participación” de aquellos “con el grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal”.

“Teniendo en cuenta los elementos de juicio agregados al legajo concluyo que los encartados comprendieron la criminalidad de los actos que se le imputan y quisieron llevarlos adelante, lo que los posicionan a todas luces como penalmente responsable de ello”, sintetizó.

En este marco, consideró “urgente, imprescindible e imperioso que se adopte con respecto a todo el personal que presta funciones en dicho Escuadrón” la capacitación en materia de género.

“Conforme las situaciones acaecidas de forma repetitiva que se investigan en el referido Escuadrón, surge pertinente ahondar sobre las mismas con tal perspectiva, con el objeto de poder erradicar cualquier tipo de estas acciones como las que se vienen ventilando en autos”, puntualizó.

El origen de la investigación

La primera denuncia que dio origen a la investigación fue realizada el 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad de Gualeguaychú. En esa oportunidad, una soldada voluntaria detalló distintos hechos de acoso y violencia sexual ocurridos desde 2016. Dijo que el primero de ellos sucedió entre el 18 y el 20 de julio de aquél año, cuando el imputado ingresó a un baño del Regimiento donde se encontraba la denunciante e intentó besarla a la fuerza. Añadió que, posteriormente, cuando estaba de turno en el casino, el suboficial se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, para iniciar una relación por fuera del establecimiento, ante lo cual le insistió para que se retirara. En su denuncia la mujer dijo que “nunca le había insinuado absolutamente nada. Todo lo contrario, trataba de ni cruzármelo”. “Solo cumplía sus órdenes. Esa vez le pedí muchísimas veces que se vaya y que me dejara tranquila”, detalló.

Para la fiscalía, a través de la investigación se pudo desentrañar un entramado de prácticas y conductas tendientes a ocultar y con ello sostener el no esclarecimiento de hechos de violencia sexual basados en cuestiones de género, ocurridos dentro del Escuadrón.

El otro hecho que relató la víctima ocurrió en enero de 2021, cuando un compañero le avisó que el suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia y que esas filmaciones las compartió con otras personas. La víctima relató que intentó conseguir esas filmaciones, pero le dijeron que había una orden para que esas pruebas no pudieran llegar a sus manos y que podía haber sanciones si eso ocurría. La denunciante contó que, a raíz de ello, sufrió convulsiones por los nervios y que debió ser internada.

El 27 de septiembre de 2021, la víctima amplió su denuncia y dijo que el sujeto no había respetado medidas de restricción que le habían sido impuestas por el fuero provincial y que le hacía burlas cada vez que ella pasaba cerca. Reiteró que tenía mucho miedo.

La causa primero tramitó en la justicia entrerriana hasta que en septiembre de 2021, por cuestiones de competencia, la causa fue recibida en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, la fiscalía dispuso distintas medidas de prueba tendientes a acreditar los hechos denunciados. Contó para ello con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Unidad de Admisión y Detención Temprana de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Para la fiscalía, a través de la investigación se pudo desentrañar un entramado de prácticas y conductas tendientes a ocultar y con ello sostener el no esclarecimiento de hechos de violencia sexual basados en cuestiones de género, ocurridos dentro del Escuadrón.

Con diferentes elementos de prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al suboficial del Ejército por distintos hechos de acoso y violencia sexual ocurridos entre 2016 y 2021. Entre los hechos, le atribuyó haber amenazado por interpósita persona a la víctima y mediante su legajo personal e incumplido de manera reiterada las órdenes de prohibición de acercamiento y contacto impuestas por la justicia provincial y recomendadas por el Departamento de Género del Ejército Argentino.