El titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, le solicitó al juez Javier Sánchez Sarmiento -a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48- la elevación a juicio de la investigación seguida contra un entrenador deportivo por el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal -reiterado en al menos cuatro oportunidades- en perjuicio de dos alumnas.

De acuerdo a la imputación, entre mayo y julio de 2014, el imputado se habría valido de modo intimidatorio de la relación de poder preexistente, en virtud de su rol de entrenador de las dos víctimas, para abusar sexualmente de ellas.

Para ello, el hombre pasaba a buscar a las jóvenes con la excusa de llevarlas al entrenamiento. Sin embargo, se desviaba del trayecto e ingresaba a albergues transitorios o lugares alejados, donde abusaba sexualmente de ellas, quienes no se resistían por temor a las represalias que podían sufrir. De hecho, si las víctimas lo desobedecían o ignoraban, luego eran atemorizadas por el imputado y obligadas a realizar los peores ejercicios en los entrenamientos, o eran humilladas frente al resto de sus compañeras.

El pedido de la Fiscalía

En base a las pruebas colectadas, el fiscal Campagnoli requirió la elevación a juicio de la investigación seguida contra el hombre, como autor del delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, reiterado en al menos cuatro oportunidades, todo mediante abuso intimidatorio originado en una relación de poder en virtud de su rol de entrenador deportivos de las damnificadas.

En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “los abusos perpetrados por el imputado fueron posibles por la influencia que él tenía sobre las víctimas” y citó el dictamen de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, donde se señaló “que el acusado se valió de la relación de poder que tenía sobre las víctimas, no solo por la notoria diferencia de edad, sino también por la relación entrenador/alumna que se desarrollaba en un ámbito altamente competitivo en el que el imputado utilizaba el interés deportivo de las víctimas para logar que accedieran a sus requerimientos sexuales”.

El MPF sostuvo que “los abusos perpetrados por el imputado fueron posibles por la influencia que él tenía sobre las víctimas”

Asimismo, la fiscalía consideró que “debe prestarse especial atención al hecho de que se había generado entre el nombrado y sus alumnas una relación de confianza construida luego de varios años y de manera cotidiana a través de la cual el imputado tenía conocimiento de la circunstancias personales de las denunciantes y de las vulnerabilidades que cada una atravesaba. (…) Todo ello demuestra con certeza que las víctimas no fueron libres para consentir los actos sexuales pues estaban sujetas a una relación de poder que las condicionada y les impedía manifestarse en contra”.

En este sentido, el fiscal Campagnoli estimó que el episodio “debe contextualizarse en las previsiones de la Ley 26.458 de Protección Integral a las Mujeres, que en su artículo 16 establece que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”.