La fiscal ad hoc del Programa de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, María Paloma Ochoa, interpuso recurso de casación contra la decisión del titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº7, Raúl Juan Emilio García, de dictar la suspensión del juicio a prueba o probation durante un año y seis meses en un caso de violencia de género.

La intervención del Programa de Género se dio en el marco de la asistencia que presta en esa causa a la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°5, a cargo de María del Carmen Dellarole.

Antes de la decisión del juzgado, Ochoa se había opuesto a la suspensión del juicio a prueba por considerar la gravedad del caso a la luz de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en la materia y las obligaciones del Estado Argentino de perseguir y sancionar debidamente hechos de esa naturaleza, lo que ha quedado plasmado además en la legislación interna.

En efecto, para fundar la oposición el Ministerio Público Fiscal la representante del Programa de Género hizo hincapié en la expresa prohibición de audiencias de conciliación o mediación (previstas en la probation como modo de resolución alternativa de conflictos) que establece el artículo 28 de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales (Ley n° 26.485).

Esta circunstancia, señalaron desde el Programa, "da cuenta del especial interés del legislador en hacerse cargo de la desigualdad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia, respecto de su agresor, situación que en consecuencia lo llevó a descartar la utilización de tales mecanismos alternativos para la resolución del conflicto".

La suspensión del juicio a prueba prevé que los procesados cumplan determinadas condiciones (en la mayoría de los casos tareas comunitarias y reparación del daño causado) y, en caso de cumplimiento, se deja sin efecto el juicio porque se extingue la acción penal.

Además, la presentación de la fiscalía también acudió a fallos de las distintas salas de la Cámara de Casación y al precedente "Góngora", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que coinciden en que no es pertinente la aplicación del instituto del juicio a prueba en casos de violencia de género.

En el recurso de casación, el Ministerio Público Fiscal también remarcó que el juez dictó su resolución desoyendo el carácter vinculante que otorga la ley a la opinión del fiscal.

La fiscalía sostuvo en el recurso que el juez actuó de manera "arbitraria" y que se "arrogó la facultad de decidir sobre cuestiones de política criminal, del resorte propio del acusador público".

El caso

En la causa se juzgan hechos ocurridos el 15 de octubre de 2012, aunque "no fueron los primeros y únicos episodios de violencia padecidos" por la víctima, informó a Fiscales el Programa de Género, a cargo de Romina Pzellinsky.

En la causa consta cómo el imputado de 26 años, incluso después de terminar la relación de pareja con la víctima, de 31, "continuaba con las agresiones -psicológicas y físicas- hacia la denunciante, como forma de ejercer poder y control sobre ella", al punto que el día de los hechos denunciados llegó a lesionarla y a amenazarla de muerte, precisó el Programa.

El hostigamiento, incluso, se prolongó en el lugar de trabajo de la mujer, donde el imputado se presentaba y la acosaba, lo que además le ocasionó a la víctima la pérdida de su empleo.

El temor que infundió el imputado a la víctima se vio reflejado en las audiencias. La mujer llegó a solicitar a las representantes del Ministerio Público Fiscal que "si era posible, se la dejara retirar antes del imputado para que este no la siguiera". Para el Programa de Género, este hecho llama "a reflexionar sobre la forma de realización de las audiencias y, en particular, del juicio a prueba".

Tanto ante las representantes del Ministerio Público Fiscal como en la audiencia ante el juez, la víctima rechazó una indemnización por parte de su ex pareja, que incluso llegó a ofrecer el doble de su oferta inicial.