A pedido de la fiscal federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, designó en carácter de coadyuvante al fiscal general interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, para actuar en la causa en la que que se investiga al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, por los presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones contra trabajadores judiciales.

La decisión obedece a la necesidad de que el fiscal general colabore y participe de la investigación -cuya instrucción se encuentra delegada en la fiscalía-, considerando la complejidad y la relevancia institucional en función de los actores involucrados en la causa, según se indica en la Resolución MP Nº73/23.

Hasta el momento, a raíz de la denuncia y por pedido de la fiscalía, el Juzgado Federal de Santa Rosa ordenó como medida cautelar prohibirle al juez imputado el ingreso a la sede del tribunal oral y cualquier tipo de comunicación por medios que impliquen llamadas telefónicas, mensajes de texto, cartas, redes sociales, correo electrónico o por interpósitas personas.

La causa

En la denuncia que originó el caso los damnificados señalaron el carácter de Díaz Lacava como "dominante e intempestivo". Refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como "inadecuados y violentos" de parte del magistrado y que, según relataron, respondían a rasgos propios de una personalidad "rígida, obsesiva, intolerante o impulsiva".

Según surge de la causa, los denunciantes refirieron que presenciaron sus gritos y "ataques de ira" en diferentes episodios. Describieron el destrato a distintos periodistas, a quienes el magistrado habría formulado reclamos por sus publicaciones, y a funcionarios policiales y penitenciarios, cuando comenzaron los problemas por el cupo para personas detenidas. También puntualizaron situaciones de maltrato para con el personal de otras áreas del Poder Judicial y declararon que "el juez siempre invocaba supuestos fines superiores para descargar su personalidad irascible y violenta".

Los denunciantes indicaron que en este marco intentaron mantener sus funciones, su carrera y su sustento, y explicaron que nunca habían enfrentado al magistrado ya que, según detallaron, “se trata nada más y nada menos que de un juez de cámara”. También remarcaron que siempre propiciaron el mantenimiento de un buen clima laboral y la búsqueda de no generar mayores conflictos. Destacaron que fueron destinatarios directos e indirectos de la violencia del juez y que "sintieron que sin quererlo" se volvieron “cómplices” por permitir los maltratos y abusos de autoridad que éste ejercía respecto de otras personas.

En la denuncia se indicó que -a raíz de estos comportamientos del imputado- distintos involucrados resultaron con afecciones psicológicas. Uno de los casos que relataron da cuenta que una damnificada tuvo que ser internada por estrés y trastornos severos en la salud, mientras que otra afectada terminó su extensa carrera judicial con un parte médico psiquiátrico de larga evolución a raíz del hostigamiento recibido.