Los últimos datos sobre el estado de los juzgados por delitos que involucran violaciones a los derechos humanos mostraron un nuevo incremento: 538 son los condenados por crímenes de lesa humanidad. En junio de este año, según el relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, eran 531 pero finalizaron cinco nuevos juicios, llevados adelante en Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Tucumán y La Rioja.

La cifra que si se mantuvo fue la de absueltos en juicios orales: 56 personas, lo que representa un poco más del 10% en relación a los condenados. Por otra parte, 122 son las condenas que se encuentran firmes (es decir, con intervención tanto de la Corte Suprema de Justicia o de la Cámara Nacional de Casación Penal, en los casos en los que no se presentaron recursos de las partes).

La mayoría de los condenados cumplen su condena dentro de las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. Por otra parte, alrededor de un 30 por ciento cuenta con el beneficio de la “prisión domiciliaria”, mientras que un mínimo porcentaje se encuentra alojado en dependencias de fuerzas de seguridad provinciales.

Las nuevas condenas

El 4 de julio pasado, el Tribunal Federal de La Rioja sentenció a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex aviador Luis Fernando Estrella por el crimen del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en agosto de 1976. En el veredicto, se fijó que la condena debía ser de cumplimiento efectivo, por lo que ambos represores se encuentran alojados en el establecimiento penitenciario cordobés de Bouwe, tal como lo había solicitado el fiscal Gustavo Gimena.

Dos meses después, en Tucumán, los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz condenaron a prisión perpetua al ex militar Jorge D'Amico, en coincidencia con lo alegado por el fiscal General Leopoldo Peralta Palma. Lo encontraron culpable del homicidio (previa privación ilegal de la libertad y tormentos) del conscripto Germán Francisco Cantos.

Pocos días después, en los Tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, dio por finalizado el debate por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. Tenía un mes de vida cuando sus padres fueron secuestrados. Los jueces impusieron ocho años de prisión al ex militar Héctor Salvador Girbone, quien entregó el niño  a su primo Salvador Norberto Girbone, también condenado a ocho años. A su mujer Raquel Alí Ahmed se le fijó una pena de seis años de prisión. En este caso, el fiscal Guillermo Friele y el titular de la Unidad de Apropiación, Pablo Parenti, habían solicitado 15 años y 13 años para los hombres Girbone y 12 años para la mujer.

Esta semana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó a prisión perpetua a otros seis represores por crímenes durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Metán en Salta. Los sentenciados fueron el entonces jefe del Ejército de la provincia Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía salteña Miguel Raúl Gentil; el comisario mayor retirado de esa fuerza Rafael Rolando Perelló, y los ex agentes Eduardo del Carmen Del Valle, Andrés Del Valle Soraire y Marcos Honorio Medina.

Los jueces revocaron, además, el beneficio de excarcelación de cuatro de los condenados, por “el riesgo de fuga que determina la gravedad de la pena”.  En esta ocasión, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, quienes destacaron que se trató “del primer pronunciamiento donde se reconoce el delito de corrupción de menores como parte del plan sistemático y generalizado de represión ilegal”.

Finalmente, el 2 de octubre en Santa Fe, el ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, Roberto Diab, y el ex oficial auxiliar Ricardo José Salomón fueron condenados a 16 años de prisión.  Los jueces los consideraron responsables de la privación ilegal de la libertad, tormentos y el allanamiento ilegal sufrido por el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Noé Campagnolo y por el entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial, Rubén Dunda.  Ambas víctimas fueron secuestradas y torturadas en las horas posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976.

El fiscal que intervino en el juicio, Martín Suárez Faisal señaló que “este juicio sirvió para ratificar cómo era la estructura represiva en Santa Fe y se probó cómo desde varios días antes del golpe se estaban pergeñando los ataques a la población civil que se concretarían una vez tomado ilegítimamente el poder". El representante del Ministerio Público había solicitado penas de 20 años para Diab y de 18 para Salomón.

Los juicios, en sus últimas etapas

El 10 de octubre próximo, finalizará en Rosario el juicio contra los represores del Servicio de Información Policial. Los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que condene a prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano por el homicidio de dos estudiantes y por ser coautor de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de nueve personas. También, pidieron 25 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita para Lucio César Nast, Ricardo José Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante.

En La Plata, esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por jueces Pablo Jantus, Pablo Vega y Carlos Rozanski, comenzó a escuchar los alegatos de las defensas en el juicio por los crímenes en el centro clandestino de detención “La Cacha”.  A mediados de septiembre, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández solicitaron 18 prisiones perpetuas, penas de 16 y 14 años para dos acusados y una absolución para los imputados por homicidio, privaciones ilegales de la libertad y tormentos que sufrieron 127 víctimas en 1977 en “La Cacha” y por otros dos homicidios en la vía pública, cometidos en noviembre de 1976.

Este viernes, en San Luis, los jueces José María Perez Villalobo, Marcelo Álvero y Héctor Cortés, comenzaron con los alegatos. En este juicio, se encuentran acusados diez militares del Ejército y uno de la Fuerza Aérea; cinco ex policías federales y once provinciales (un médico, entre ellos); y un civil (también médico). Los represores deben responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita.