Cinco de los imputados accedieron al derecho de la última palabra en juicio; uno tendrá su turno mañana jueves y el resto dijo que no hablaría. Se declararon inocentes. Negaron que hubiera habido detenidos en sus lugares de actuación, dijeron que se habían equivocado de persona, y hasta manifestaron sentir pena por quienes “han perdido su dignidad” por ambición o cobardía. Este jueves, los doce acusados en la causa denominada "Base Naval 3 y 4", escucharán el veredicto tras el juzgamiento en Mar del Plata de cientos de hechos cometidos contra 123 víctimas, que fueron detenidas ilegalmente en la Base Naval, la sede de la Prefectura Naval Argentina y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), donde funcionaron centros clandestinos de detención.

Los fiscales Ángeles Ramos, Pablo Larriera y María Eugenia Montero, junto a querellas y defensas, escucharon a los imputados que hicieron uso de la última palabra. El debate oral y público dirigido por los jueces Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris concluirá este jueves cuando a las 13.00 se lea el veredicto.

“No voy a hablar, su señoría”, dijo en primera instancia el ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval de Mar del Plata y Comandante del GT6.1, Alberto Ignacio Ortiz. Acto seguido –al ser nombrado por el presidente del Tribunal- se puso de pie el ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval, Rafael Alberto Guiñazú, quien también rechazó la posibilidad de hablar.

El ex Comandante de la Agrupación Buzos Tácticos, José Ornar Lodigiani, se puso el saco de su traje para caminar los pocos pasos que lo separaban de la silla dispuesta frente al Tribunal. Allí dijo ser inocente y señaló que en la dependencia a su cargo “nunca hubo una persona detenida”. Además, mencionó que no sólo se manchaba su buen nombre, sino también el de Buzos Tácticos, reconocida por su actuación en la Guerra de Malvinas.

“No voy a hablar, señor presidente”. La misma frase esbozaron el ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601, Alfredo Manuel Arrillaga; el ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza Submarinos, Raúl Alberto Marino; y el ex jefe de la Prefectura, Juan Eduardo Mosqueda.

En tanto, el ex jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura, Ariel Macedonio Silva, prefirió decir algunas palabras para declarar su inocencia. A continuación, el ex jefe de Contrainteligencia de la Base, Julio César Falcke, dijo que –concluido el juicio- el Tribunal “no ha podido conocer las funciones de cargo de contrainteligencia de la Armada”, dado que el Ministerio de Defensa no habría remitido los reglamentos. Y terminó sus palabras con una reflexión: sostuvo que “toda sociedad democrática se sustenta en tres pilares, Justicia, seguridad y educación”. “Cuando la educación se deteriora, la seguridad se destroza y la Justicia se corrompe, la sociedad se disloca y se produce la lucha de todos contra todos”. Este, dijo, “parece ser el destino de nuestra sociedad”. Y concluyó: “Siento pena por aquellas personas que por ambición desmedida o cobardía, han perdido su dignidad”.

Dos de los tres militares que aún no habían sido juzgados en procesos anteriores hicieron uso de la palabra. Quien se negó fue el ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979, Francisco Lucio Rioja. Por su parte, José Francisco Bujedo, el ex suboficial de Infantería de Marina, agradeció a su abogado particular “por ajustarse a la verdad”; y Daniel Eduardo Robelo, el ex jefe de Comunicaciones de la Base Naval y ex jefe del Departamento Operaciones, sostuvo que “se equivocaron de persona”. “Soy inocente de todo lo que se me imputa”, adujo.

Por su parte, Juan José Lombardo, ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza de Submarinos, tendrá la posibilidad de dar su última palabra este jueves a las 9.00. Cuatro horas más tarde, el Tribunal dará el veredicto.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado la condena de prisión perpetua para diez imputados, y 25 años de prisión para los dos acusados restantes. La variación en la pena responde a que los dos ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva llegaron a juicio acusados de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y asociación ilícita pero no de homicidios (delito que prevé la pena máxima), como el resto de sus camaradas.

Además, todos fueron acusados por el delito de asociación ilícita, a excepción de Rioja, que no había sido elevado a juicio por ese tipo penal.