Desde hace 15 días, el Grupo Interdiciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) realiza tareas de prospección ante la posibilidad de que pudiera haber restos de víctimas del terrorismo de Estado en el predio en el que durante la última dictadura cívico-militar y hasta hace unos tres años funcionó la alcaidía de la Policía provincial de Presidentecia Roque Saénz Peña, Chaco.

La búsqueda fue ordenada tras la medida cautelar dictada el 20 de diciembre pasado por la jueza Federal de esa ciudad, Zunilda Niremperger, quien hizo lugar a la solicitud formulada por el fiscal Federal Carlos Sansserri.

La medida judicial, cuya finalización se estima en seis meses como máximo, paralizó parcialmente las obras de tres sectores de un predio en el que se proyecta la construcción de tres torres para viviendas financiadas a través de los créditos Pro.Cre.Ar.

Sanserri impulsó la medida cautelar tras recibir el 18 de diciembre pasado en la fiscalía a su cargo la denuncia de un hombre quien afirmó que se "se estaban tapando las fosas halladas en la demolición de la alcaidía provincial de esta ciudad". El testigo añadió que allí "estuvieron detenidas personas en la época de la dictadura militar, algunas de ellas hoy desaparecidas aún y en el entendimiento que como es de público y notorio podrían en ese caso, encontrarse enterradas en ese predio en varias fosas" (sic).

Además, el hombre precisó que se trata de cuatro tumbas comunes: "Una de ellas recuerda que por sus características, podría ser de un sótano o pieza con un túnel con aparente dirección hacia la seccional Primera de la Policía provincial de esta ciudad".

Sansserri explicó a Fiscales que aquella sospecha era suficiente para pedir la paralización con premura y momentánea de las obras, teniendo en cuenta que cualquier actividad de búsqueda en el futuro hubiera resultado de muy difícil realización.

Con la ayuda de otros testigos y del denunciante, y con peritos de la Gendarmería Nacional, el fiscal logró delimitar las áreas del extenso terreno que están sujetas a la medida judicial, para no impedir los trabajos que se desarrollan en el predio en cuya mayor parte no hay dificultades para la construcción de las viviendas.

En su pedido a la jueza, el representante del MPF recordó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia en la causa por la masacre de Margarita Belén, cuando un grupo de prisioneros fue ejecutado durante un traslado el 13 de diciembre de 1976. Aquella sentencia incluyó en los puntos nueve y diez el reclamo de los familiares de los desaparecidos en cada instancia judicial para que se busque a sus seres queridos. En ese sentido, el Tribunal exhortó a los gobiernos provincial y federal a la búsqueda de cuatro desaparecidos durante aquél episodio.

Con la solicitud sobre el predio de la ex alcaidía provincial, la Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña actuó en línea con la labor que viene desplegando la Unidad Fiscal de Resistencia que interviene en casos de terrorismo de Estado en el acompañamiento a los familiares de desaparecidos, en la búsqueda de indicios y en el pedido de tareas al Poder Judicial para la búsqueda de sus restos.

Un eslabón de la represión ilegal

El fiscal ad hoc de Resistencia, Diego Vigay, detalló a Fiscales que la alcaidía de Roque Sáenz Peña fue un lugar de concentración de detenidos ilegales durante la última dictadura, que particularmente sirvió como sede de paso para los integrantes de las Ligas Agrarias o personas vinculadas con ellos que fueron secuestrados en distintos operativos.

La fiscalía de Resistencia estima que por la alcaidía provincial pasaron al menos unas 150 personas relacionadas con las Ligas. "Eran razzias generalizadas para obtener información en el marco de los operativos Toba realizados en toda la región del nordeste. Participaba el Ejército con sus helicópteros", relató Vigay.

Aquellos procedimientos se desplegaron por el interior de la provincia. Los secuestrados hacían un itinerario que comenzaba en la comisaría del pueblo más cercano, seguía en la alcaidía de Roque Sáenz Peña, donde eran torturados, y continuaba en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos más grandes de la zona.

Entre otros casos relacionados, la fiscalía investiga las torturas hasta la muerte del dirigente agrario Juan Sokol, cuyo cuerpo fue finalmente entregado a su familia. Si bien su certificado de defunción sólo dice que falleció por un paro cardíaco, los testimonios recogidos en la investigación indican que la víctima fue golpeado hasta que murió.