El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba -integrado por los Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga- condenó ayer a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al ex teniente coronel Jorge González Navarro, y aplicó penas de entre 3 y 17 años de prisión para otros doce ex militares, policías y civiles de inteligencia por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Campo La Ribera y D2, el Departamento de Informaciones de la Policía Provincial. En el debate intervino el titular de la Fiscalía General ante el TOF N°1 de Córdoba, Maximiliano Hairabedián.

González Navarro, ex jefe de Asuntos Civiles (G-5) y miembro del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, fue considerado coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravado, homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, todo en concurso real.

El tribunal además le impuso penas a:

• Héctor Hugo Lorenzo Chilo, ex jefe de Inteligencia del G-2: 17 años de prisión.
• Alberto Luis Choux, ex subjefe de la Policía de la provincia de Córdoba: 11 años de prisión.
• Luis Gustavo Diedrichs, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, 8 años de prisión.
• Héctor Pedro Vergéz, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 14, 12 años de prisión.
• Ernesto Guillermo Barreiro: ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, 12 años deprisión.
• Jorge Exequiel Acosta, ex militar, tres años de prisión.
• Carlos Alberto Díaz, ex militar e integrante de uno de los grupos operativos, 9 años de prisión.
• Enrique Alfredo Maffei, ex civil de inteligencia, 10 años de prisión.
• Mirta Graciela Antón, ex policía del Departamento de Informaciones, 10 años de prisión.
• José Luis Yañez, ex civil de inteligencia, 6 años de prisión.
• Calixto Flores, ex policía del Departamento de Informaciones, 10 años de prisión.
• Rubén Osvaldo Brocos, ex policía del Departamento de Informaciones, 8 años de prisión.

El tribunal resolvió en línea con lo requerido por la Fiscalía, tanto en orden al rechazo de los planteos de las defensas por prescripción, aplicación de leyes de obediencia debida y punto final, violación a la duración razonable del proceso, nulidades e inconstitucionalidades, como a los pedidos de condena y absolución. Sobre ese último punto, el pedido del MPF alcanzó por algunos hechos a los ya mencionados Choux, Vergéz, Barreiro, Acosta, Díaz, Antón y Flores, y a José Andrés Tófalo, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Juan Eduardo Ramón Molina, Yamil Jabour y Eduardo Grandi. Éstos últimos no recibieron condenas.

Los jueces también informaron que el 15 de mayo, a las 12, se realizará la audiencia para la lectura integral de los fundamentos de la sentencia.

Los hechos juzgados

Al debate oral y público -que comenzó en noviembre del año pasado- llegaron como acusados veinte ex militares, ex policías y ex miembros de la inteligencia castrense, quienes fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad contra 61 víctimas en los centros clandestinos de detención Campo La Ribera y D2, el Departamento de Informaciones de la Policía Provincial.

El juicio fue el resultado de dos causas que tramitaron por separado y que fueron acumuladas para la instancia oral. Se trata de los expedientes"González Navarro, Jorge y otros" y "Vergéz, Héctor Pedro y otros". El primero se refirió a crímenes cometidos contra 36 víctimas con posterioridad al golpe de Estado de 1976 en el centro clandestino de detención Campo La Ribera. La causa "Vergéz", por su parte, tenía por objeto procesal 25 víctimas de hechos perpetrados con anterioridad al asalto al poder de las Fuerzas Armadas, que tuvieron epicentro en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial.

La acusación que afrontaron los imputados fueron -con diferencias según el caso- los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado en grado de tentativa, homicidios calificados, abuso deshonesto y violación agravada.

La nómina de acusados estuvo encabezada por la máxima autoridad de la represión ilegal en esa región, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, la acción penal a su respecto se extinguió por su fallecimiento en febrero de este año.