Los psicólogos y psiquiatras del Cuerpo Médico Forense coincidieron con el Ministerio Público Fiscal en que no era necesario realizar una serie de peritajes a una mujer que había sido víctima de delitos sexuales durante la última dictadura y es testigo en una causa en la que son juzgados un ex jefe militar y cinco policías, para determinar la verosimilitud del testimonio. La medida -ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta- había sido cuestionada y recurrida por el fiscal subrogante Eduardo José Villalba y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Sivila, quienes la calificaron como "estigmatizante, revictimizante y discriminatorio”. Además, los representantes del MPF ampliaron la imputación por esos delitos y por corrupción agravada de menores.
El 12 de mayo pasado, el tribunal hizo lugar al planteo de la defensa de los acusados y resolvió intimar a la víctima a entrevistarse con los peritos oficiales y de parte. Como la Fiscalía se había opuesto, y había solicitado que el peritaje se realizara sobre los testimonios registrados en video, recurrió en queja la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal., La medida se llevó a cabo el 18 de junio, antes de que la Cámara se expidiera.
En esa presentación, Villalba y Sivila indicaron que “la Sra. E.R.G.-tales son las siglas de su nombre- está siendo objeto de un tratamiento inadecuado, ilegal y abiertamente discriminatorio, situación que de mantenerse le ocasionaría un grave daño de imposible reparación ulterior”. En ese sentido, advirtieron que “la arbitraria decisión del Tribunal sienta un gravísimo precedente que no se ha tomado jamás en una causa de esta envergadura, en ningún lugar del país, lo que marcaría un retroceso histórico y nefasto para el desarrollo progresivo de los mecanismos de protección de derechos humanos”.
Por otro lado, las condiciones de producción de la prueba para los fiscales “importan un medio prohibido, estigmatizante, revictimizante y discriminatorio para establecer la verosimilitud de los dichos de una testigo víctima de tan aberrantes delitos, que atenta contra la intimidad y dignidad de la persona”.
Finalmente, se realizó una primera entrevista en la sede de la Ciudad de Buenos Aires del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los profesionales dejaron por sentado en un informe que se decidió conveniente no realizar las “técnicas psicológicas de evaluación” previstas, en base a “la marcada vulnerabilidad psíquica detectada”. Al respecto, señalaron que “uno de los criterios básicos de las técnicas psicológicas es la exploración psíquica progresiva, pudiendo ello provocar una suerte de ‘iatrogenia’ en la señora, acelerando y/o exacerbando su precariedad y vulnerabilidad sin posibilidad de esgrimir defensas adaptativas”.
El testimonio de la mujer se produjo en el marco del juicio que comenzó en marzo en esa provincia del norte del país, y en el que son juzgados el ex jefe del Ejército en Salta Carlos Alberto Mulhal; el ex jefe de la Policía de esa provincia, Raúl Gentil, y otros cuatro policías por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar que tuvieron como víctimas a once personas en la ciudad de Metán. Además, el 30 de julio la fiscalía realizó una ampliación de la imputación por los delitos sexuales y por corrupción de menores agravada.