09 de octubre de 2024
09 de octubre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Mientras se aguarda su extradición desde Paraguay
El fiscal Castaño pidió que el ex capellán Vara deje de percibir la jubilación
El representante del Ministerio Público impulsó la acción penal contra el arzobispo de Bahía Blanca Guillermo Garlatti y el apoderado del cura imputado, Leopoldo Bochile, acusados de favorecer la evasión del sacerdote ex militar. Apunta a determinar el tránsito del dinero.

El fiscal Federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, impulsó la acción penal para que se investigue el financiamiento por parte del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, al ex capellán militar Aldo Vara, detenido en Paraguay y con proceso de extradición en curso. Entre otras medidas, solicitó que se disponga el cese del pago de la jubilación al imputado, que se concretaba a través de la Curia local y mediante un apoderado.

Castaño, titular de la Fiscalía Federal N°1 de la ciudad del sur bonaerense, presentó el requerimiento de instrucción el miércoles pasado en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ana María Araujo.

En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar la denuncia, que se coronan con la solicitud de indagatoria para el arzobispo Garlatti y el apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, y declaraciones de testigos vinculados a los hechos. Además, dirigió la investigación especialmente a la información documental que dé cuenta sobre el camino que seguía el dinero de la jubilación, que -según la denuncia- era percibida por el apoderado de Vara en la Curia. Y, al mismo tiempo, requirió que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado".

La presentación de Castaño es consecuencia de una denuncia formulada por los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, Miguel Palazzani y José Nebbia.

En su denuncia, Nebbia y Palazzani relataron que Vara, quien permaneció prófugo ocho meses hasta la semana pasada, cuando fue localizado en Ciudad del Este, percibía el pago que otorga la Iglesia Católica a los sacerdotes mayores de 65 años, a través del apoderado Bochile, que se hacía efectivo en la sede del Arzobispado. En la presentación ante Castaño, Nebbia y Palazzani aportaron elementos que avalan la denuncia y que habían logrado reunir en la propia sede de la Curia bahiense.

Por ese motivo, los fiscales denunciaron a Garlatti y Bochile por "financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.

El delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".

Vara, detenido por Interpol en Paraguay, está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército.