El fiscal Federal porteño Federico Delgado requirió el martes pasado que se cite a prestar declaración indagatoria al ex capellán del Ejército, Emilio Teodoro Graselli, quien se desempeñó durante la última dictadura como secretario del vicario castrense Adolfo Tortollo, y desde ese lugar se entrevistó con familiares de personas desaparecidas y documentó esos encuentros en un voluminoso fichero. "Sabemos que estaba en un 'lugar clave' que le brindaba 'información cualificada' en relación a la represión clandestina y que de alguna forma, que sería apresurado calificar, la 'administró'", explicó Delgado en su requerimiento al juez Federal Julián Ercolini.

Delgado basó su dictamen en un informe que le remitió la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y señaló que el sacerdote debe ser convocado para que "explique lo que considere oportuno" acerca de la tarea que lo llevó a labrar un fichero con más de dos mil piezas en base -en principio- a las entrevistas que mantenía con familiares de desaparecidos en la Capilla Stella Maris, de la Armada, durante la última dictadura. Hasta esa sede, situada en el barrio porteño de Retiro, se acercaron cientos de personas para pedir información sobre sus seres queridos.

El informe que recibió Delgado contiene un análisis del legajo del imputado, que da cuenta de que fue capellán del Ejército, lo cual implica que -además de su pertenencia a la Iglesia Católica- el sacerdote era funcionario público, dado que las capellanías tanto policiales como castrenses son el resultado de un antiguo acuerdo entre los Estados vaticano y argentino. De ese documento, se deriva el otorgamiento de un cargo y grado dentro del escalafón de la fuerza a la que pertenezca el religioso dedicado a brindar apoyo espiritual a la tropa.

En 1999, Graselli fue convocado por la Cámara Federal de La Plata, en el marco de un histórico proceso que -con la vigencia entonces de las leyes de impunidad- se encaminó a la averiguación de la verdad sobre lo ocurrido con las víctimas.

El Tribunal lo citó luego de que varios familiares convocados a ese juicio -que había iniciado sus audiencias en 1998- mencionaran al sacerdote como una de las personas que les requería información y se comprometía a realizar las averiguaciones en el seno de las Fuerzas Armadas.

En su declaración, Graselli reveló la existencia del fichero y dijo que lo tenía en su casa. Los jueces ordenaron el mismo día el allanamiento del domicilio del prelado y secuestró las fichas -ya amarillentas- confeccionadas manualmente por el cura durante el terrorismo de Estado.

Esas piezas no contienen información clara, salvo por el nombre de las víctimas, fechas de las entrevistas de los familiares y nomenclaturas. Pese a las convocatorias ante ese y otros tribunales para que brinde una explicación convincente en el marco de declaraciones testimoniales, Graselli nunca aportó datos esclarecedores sobre la confección de aquellas fichas.

De prosperar el pedido, del fiscal Delgado ante el juez Ercolini, será la primera vez que el religioso deba prestar declaración indagatoria, es decir, como sospechoso de haber participado en delitos de lesa humanidad.