23 de febrero de 2024
23 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El caso ocurrió en 1977
En Tucumán juzgan a Menéndez por secuestros dirigidos a lograr el despojo de bienes
En el debate se juzgará el secuestro de una mujer y de su yerno, que fueron compelidos a firmar la donación de los terrenos donde hoy se ubica la localidad de Capitán Cáceres, en el marco de una política localizada del terrorismo de Estado para disciplinar a la población rural. Interviene el fiscal general Peralta Palma.

El ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, es juzgado desde hoy por los delitos de secuestro coactivo y violación de domicilio en un debate oral que intentará determinar su responsabilidad en las presiones a las que fueron sometidos integrantes de una familia para que donen al Estado tucumano el terreno donde fue fundada la localidad de Capitán Cáceres, partido de Monteros.

La apropiación de los terrenos por parte del gobierno de Tucumán, ocupado ilegalmente entonces por el fallecido Antonio Domingo Bussi -quien también estaba acusado en esta causa- se formalizó el 6 de diciembre de 1977 mediante los decretos 73117/14 y 7318/14, por el cual el militar aceptó en nombre del Estado la donación efectuada por Julia Rita Ariza, viuda de Toledo.

Pero lo que fue presentado como una donación respondió a una serie de presiones, que incluyeron el secuestro de Ricardo Ygel, yerno de la donante, quien en noviembre de 1977 fue llevado por la fuerza a una dependencia del Ejército, donde le ordenaron donar las tierras que, en realidad, eran de su suegra, bajo amenaza de hacer daño a su familia. También le ordenaron que desalojara un depósito de su propiedad, que luego fue ocupado por otra persona.

Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Alfredo Brito, Ygel luego fue liberado y le pidió a su suegra que accediera a la pretensión de sus captores. Dos días después, Ariza fue llevada por la fuerza a la Casa de Gobierno provincial, donde fue presionada para que donara las tierras, bajo amenaza de que correrían riesgo los integrantes de la familia. Frente a esas presiones, la mujer firmó la donación.

Menéndez llega al juicio acusado en carácter de autor mediato por dos de los delitos que se investigaron en la causa: la violación del domicilio de ambas víctimas y su secuestro coactivo. El fallecido Bussi también estaba acusado en esta causa por falsedad de instrumento público y por extorsión.

El debate, que comienza hoy y terminaría esta misma semana, estará a cargo de los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, quienes integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Intervendrá el fiscal general Leopoldo Peralta Palma.

Una política represiva

La ocupación de terrenos para la fundación de nuevas localidades fue una política integrada al plan criminal de la dictadura en la provincia de Tucumán, indicó el fiscal Brito en la acusación. "La finalidad declarada del mencionado emprendimiento era la de luchar contra las causas que había explotado la llamada 'subversión' en la Provincia de Tucumán, facilitando de esta manera la reubicación y el reordenamiento tan necesario en la zona de operaciones. La denominación de los pueblos construidos en dichas localidades fue Teniente Berdina, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres y Sargento Moya y se efectuó como homenaje a militares presuntamente fallecidos en combates contra la 'subversión' en el sur de la provincia de Tucumán", explicó el fiscal en su presentación.

Brito citó el documental "El Azúcar y la Sangre", que refiere -narró el fiscal- que "la usurpación de las propiedades o terrenos tuvo varios sentidos o fines y se hizo en base a una metodología utilizada por el Ejército Norteamericano como táctica de ocupación en Vietnam, denominada 'Aldeas estratégicas'", método que "combinaba el control territorial y la utilización de los pobladores nativos para fines bélicos".

En el mismo sentido, el fiscal de instrucción citó un reglamento militar de 1969 sobre operaciones de guerrilla, que estipulaba "la reubicación de grandes sectores de la población y la concentración de los mismos en ciudades y localidades seguras y protegidas".

"En Tucumán -prosiguió el fiscal- sobre los pueblos existentes se construían unas pocas casas de material y se pavimentaban unas cuantas calles a cambio de disciplina y el acatamiento de las órdenes militares por parte de los pobladores del lugar". La finalidad, explicó el representante del Ministerio Público, era "tener el control y poder neutralizar y someter a la población de aquellas zonas, generalmente rurales".