El fiscal general Guillermo Friele y la fiscal ad hoc Mercedes Soiza Reilly requirieron este miércoles que se amplíe la acusación por los delitos de violación sexual agravada por el concurso de dos o más personas y abuso sexual a 40 de los 67 imputados que están siendo juzgados en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 fue realizada por Soiza Reilly, quien detalló cinco hechos nuevos -que tuvieron como víctimas a mujeres- que surgieron como consecuencia del debate oral y público iniciado hace dos años, en el que se juzgan casi 800 casos. Como ha ocurrido en otros debates orales y públicos, la fiscal fundó la ampliación de la acusación -sobre la que ahora deberá resolver el TOCF- en el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula esa posibilidad cuando aparecieran hechos nuevos íntimamente relacionados a los que se juzgan. Además, destacó que el juzgamiento de estos hechos en esta instancia evitará la revictimización de las testigos y garantizará el derecho de defensa de los acusados, además de las "cuestiones de economía procesal" en juego, pues no habría que realizar un nuevo juicio por esos hechos.

"La prueba producida en el debate, nueva a la vista de estos acusadores relativa a la perpetración, modo y concreción de los hechos delictivos que nos ocupan, permite, sin que pueda caber duda alguna, vincular el primer tramo delictivo de secuestro y aplicación de tormentos con la premeditada y organizada forma en que las mujeres fueron sometidas a delitos sexuales", indicó la fiscal. En efecto, remarcó que "está más que claro que los crímenes sexuales ocurridos fueron parte del recorrido de ilicitudes tendientes a completar el plan de exterminio, formaban parte de la continuidad delictiva que dentro de la clandestinidad los imputados desplegaron, toleraron, propiciaron, conocieron, estimularon y callaron". Al respecto, la fiscal citó los testimonios de otras 39 víctimas que dieron cuenta de los ataques sexuales en el centro clandestino de la ESMA.

Soiza Reilly refirió que "tras haber escuchado el relato de todas las víctimas y sus familiares, cuatro mujeres han dado cuenta, por primera vez, de la violencia sexual a que fueron sometidas dentro de la ESMA", pero precisó que la ampliación era por cinco casos. La explicación: la víctima restante, quien sobrevivió a la dictadura, falleció, pero "pudo hablar sobre el tema con su esposo una vez que fue liberada". "El resto, son mujeres que padecieron también estos ataques y lo denunciaron, por primera vez, en este juicio", enfatizó.

La fiscal también señaló que "las denuncias de violencia sexual recién adquirieron relevancia en los últimos años del proceso de justicia, que ya lleva más de diez años en curso" y citó en su exposición once antecedentes de la jurisprudencia. "En los testimonios brindados en los años ´80 la misma fue invisibilizada, no se trabajó con perspectiva de género y no se relevaron de manera diferenciada los casos de violaciones y abusos sexuales que eran expuestos en los relatos, siendo tratados como parte integrante de las torturas a las que fueron sometidos hombres y mujeres", recordó Soiza Reilly.

En la descripción de los cinco hechos, refirió que la mayoría ocurrieron en recintos del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA pero precisó que también se perpetraron en otros lugares, como en los domicilios de las víctimas, en el momento de su secuestro. Asimismo relató que, con posterioridad a su paso por aquél centro clandestino, una víctima que se encontraba bajo el régimen de "libertad vigilada" fue sometida por los represores durante las "visitas" que le realizaban para corroborar que no se hubiera fugado y controlar sus movimientos.

Imputados y hechos

En su exposición, la fiscal señaló que "los abusos sexuales no pueden catalogarse como delitos de 'propia mano' y que la autoría se determina en función del control que cada participante detentaba respecto de la conformación definitiva del crimen. Más cuando la concatenación de ilícitos que se cometieron en los centros de exterminio lo fueron merced a la existencia de una empresa criminal conjunta, donde la distribución de roles entre los perpetradores facilitó la comisión de los crímenes".

A continuación, la lista de los cuarenta acusados por la fiscalía ordenados de acuerdo a la cantidad de hechos que se les atribuyen con ese criterio de imputación:

Los imputados por los cinco casos son Alfredo Ignacio Astiz (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Antonio Pernías (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Jorge Eduardo Acosta (Jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3), Néstor Omar Savio (oficial de inteligencia y de operaciones del GT 3.3), Pablo Eduardo García Velasco (miembro del SIIN e integrante del GT 3.3), Pedro Antonio Santamaría (Prefecto Nacional Naval vinculado a la FUERTAR 3 y al GT 3.3) y Víctor Francisco Cardo (suboficial de la Marina e integrante del grupo de tareas GT 3.3).

En tanto, por cuatro hechos, solamente fue imputado Ernesto Frimon Weber (miembro de la Policía Federal, integrante del GT 3.3).

Por tres hechos la Fiscalía acusó a Alberto Eduardo González (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Antonio Vañek (jefe del Estado Mayor General de la Armada, vinculado a la FUERTAR 3 y al GT 3.3), Francisco Lucio Rioja (miembro del SIIN e integrante del GT 3.3), Hugo Enrique Damario (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Hugo Héctor Siffredi (miembro del SIIN e integrante del GT 3.3), Jorge Carlos Radice (oficial de Logística y de Operaciones del GT 3.3), Manuel Jacinto García Tallada (jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales -COOP-.), Miguel Ángel García Velasco (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Orlando González (suboficial integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Raúl Enrique Scheller (oficial de inteligencia y de operaciones del GT 3.3) y Ricardo Miguel Cavallo (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3).

Los acusados por dos hechos son Adolfo Miguel Donda (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Carlos Octavio Capdevila (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Claudio Orlando Pittana (miembro de la Policía Federal e integrante del GT 3.3), Daniel Néstor Cuomo (suboficial de inteligencia y operaciones del GT 3.3), Francisco Armando Di Paola (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Guillermo Horacio Pazos (integrante del Sector Logística y Personal del GT 3.3), Juan Antonio Azic (enlace entre el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina y miembro del GT 3.3), Juan Arturo Alomar (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones delGrupo de Tareas 3.3), Juan Carlos Rolón (oficial de inteligencia y de operaciones del GT 3.3), Oscar Rubén Lanzón (jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3), Rodolfo Oscar Cionchi (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3), Rubén Oscar Franco (subjefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada vinculado a la FUERTAR 3 y al GT 3.3) y Víctor Roberto Olivera (suboficial de la Marina, integrante del grupo de tareas GT 3.3).

Y los imputados por uno de los cinco hechos individualizados son Carlos Guillermo Suarez Mason (personal rotativo del Sector Operaciones del GT 3.3), Eugenio Bautista Vilardo (oficial integrante del GT 3.3), Gonzalo Dalmasio Torres De Tolosa (funcionario público miembro del GT 3.3), Héctor Francisco Polchi (guardia Militar y Auxiliar de Logística del GT 3.3), Jorge Manuel Díaz Smith (enlace entre el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina y miembro del GT 3.3), Juan Carlos Fotea (miembro de la Policía Federal e integrante del GT 3.3), Ricardo Jorge Lynch Jones (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3) y Rogelio José Martínez Pizarro (integrante del Sector Inteligencia y Operaciones del Grupo de Tareas 3.3).