El fiscal de Rawson Fernando Gélvez se manifestó satisfecho con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia que condenó a dos penitenciarios y a un médico por los hechos que tuvieron como víctimas a los dirigentes Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya y que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad.

El tribunal impuso el jueves pasado 23 años de prisión al ex director de la cárcel de Rawson, Osvaldo Jorge Fano, como coautor de tormentos doblemente agravados, por ser las víctimas perseguidos políticos y porque Amaya murió como consecuencias de las torturas. El ex guardiacárcel Jorge Osvaldo Steding fue condenado a 17 años de prisión y el médico Luis Eduardo García recibió, como encubridor, dos años.

Gélvez, quien trabajó en el debate junto al fiscal general de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, le dijo a Fiscales: "estamos satisfechos porque evidentemente lo que propusimos en la acusación se ha cumplido en la sentencia". El fiscal elogió el trabajo del tribunal al asegurar que “la sentencia está muy bien fundada en todas sus partes. Tiene muy buenos argumentos jurídicos. Es buena desde el punto de vista técnico”.

En ese marco, Gélvez resaltó que, a García, condenado a una pena excarcelable, se le dictaron restricciones, como el deber de concurrir periódicamente ante el Poder Judicial y el retiro de su pasaporte para que no pueda dejar el país. En esa línea, el fiscal ponderó que "es importante que el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, como la tortura, también revista esa categoría internacional que lo torna imprescriptible”.

El fiscal también destacó que en este caso “el tribunal tomó el razonamiento de la Fiscalía en torno al secreto profesional médico y rechazó el planteo de la defensa de García, que pretendía exculparlo en función de eso”.

Los jueces Nora María Teresa Cabrera de Monella, Luis Alberto Giménez y Ana María D’Alessio rechazaron todas las nulidades y excepciones planteadas por las defensas de los acusados y calificaron los hechos objeto de este proceso como delitos de lesa humanidad.

Los jueces consideraron que “los malos tratos fueron realizados en cumplimiento de órdenes emanadas del gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla que el director de la cárcel Jorge Osvaldo Fano, entre otros más, como el oficial Steding, transmitió a sus subordinados a los efectos de su cumplimiento, dentro de un plan sistemático y general de represión contra la población civil llevado a cabo en centros de detención”.

La sentencia puso fin a este primer juicio en Chubut por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.