08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las conclusiones del Coloquio Regional a 40 años de la Operación Cóndor
Fiscales de la región reclamaron profundizar los juicios y repudiaron intentos de retroceso
Unos 70 funcionarios y funcionarias del bloque regional y países asociados debatieron en talleres realizados en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Acordaron los puntos de la agenda sobre lesa humanidad que llevarán a la próxima Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur.

Fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos integrantes de los países del Mercosur y asociados repasaron este viernes los avances y principales desafíos para la judicialización de los crímenes de lesa humanidad en la región y decidieron promover una declaración conjunta en el ámbito de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM) para profundizar el proceso de verdad y justicia y repudiar cualquier intento de retroceso. Entre otras iniciativas, también propusieron reclamar a los Estados Unidos el "levantamiento de tachaduras" de documentos desclasificados de su Departamento de Estado.

Las propuestas serán llevadas a la próxima REMPM, que se llevará a cabo en los próximos días en Encarnación, Paraguay, junto a otra serie de iniciativas de la subcomisión de lesa humanidad que se reunió entre el jueves y el viernes en Buenos Aires en el marco del Coloquio Regional a 40 años de la Operación Cóndor, la entente represiva formalmente inaugurada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile por la que las dictaduras del Cono Sur coordinaron la persecución de disidentes políticos más allá de sus fronteras.

El coloquio había sido presentado el jueves por la tarde en la sede de la Cancillería por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Nación, Martín Fresneda. Este viernes, unos 70 fiscales y funcionarios de diferentes países latinoamericanos participaron de tres talleres sobre Memoria, Verdad y Justicia en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El Coloquio fue organizado por la Procuración General de la Nación y los ministerios de Justicia y DDHH y de Relaciones Exteriores y Culto, y auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad tuvo a su cargo la organización del Taller sobre Justicia, ámbito en el que intervinieron unos 35 funcionarios y fiscales de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador que investigan esos delitos en sus países. Fue allí donde surgió la iniciativa de llevar a la REMPM la propuesta de declaración para llamar a la profundización de las pesquisas.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría, Jorge Auat, fue uno de los expositores del panel de apertura y destacó la importancia de mantener estos espacios para la cooperación política y judicial y reivindicar a las víctimas de las dictaduras del Cono Sur.

Durante la reunión se intercambiaron experiencias, se repasaron los temas de agenda y, además de la declaración en defensa de los procesos, se asumieron los siguientes compromisos para llevar al encuentro de Encarnación:

  • Impulsar pedidos conjuntos de desclasificación de documentos, desde la REMPM, al Departamento de Estado de EEUU. En particular, el levantamiento de las tachaduras de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado en 2002 y, en especial, aquellos que contienen información disociada conforme las excepciones a la ley de acceso a la información (FOIA) y de aquellos que fueron utilizados como prueba durante el juicio por la Operación Cóndor que tiene lugar en Argentina. Se decidió, a su vez, evaluar la posibilidad de realizar gestiones conjuntas ante el Vaticano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el mismo sentido.
  • La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se comprometió a realizar un registro de los pedidos de cooperación jurídica y extradiciones realizados entre los países de la región, que será compartido con el sub grupo de lesa humanidad de la REMPM.
  • Se decidió redactar un proyecto de pautas generales para la investigación penal, administrativa y/o civil de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Procuraduría presentará en la próxima sesión del sub grupo una propuesta para su consideración en la REMPM.
  • La Procuraduría se comprometió a elaborar y compartir una metodología común para el seguimiento del proceso de justicia en cada país, con miras a obtener datos comparables a nivel latinoamericano.
  • Relevar y compartir la información sobre los archivos y fondos documentales existentes en cada uno de los países con información relevante en materia de coordinaciones represivas y, en particular, Operación Cóndor. En este sentido, destacaron la importancia de contar con equipos de trabajo interdisciplinarios en las áreas de los Ministerios Públicos a cargo de investigar crímenes de lesa humanidad.

En los talleres, participaron Isac Barcelos Pereira de Souza y Sergio Gardenghi Suiama, fiscales de la República de Brasil; Rosario Esther Cuellar Muller, de la Fiscalía Especializada en violencia y atención prioritaria de víctimas, dependiente de la Fiscalía Departamental de La Paz, Bolivia; Paola Gallardo y Ángel Cujilema Daga, ambos fiscales de la Comisión de la Verdad de Ecuador; Ariel Cancela, fiscal adjunto de Corte de Uruguay; Alis Boscán, Comisionada de los DDDHH del Despacho de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, y Patricia Hurtado Parra, asistente del Despacho del Fiscal General de ese país; el Fiscal Supremo de Perú, Víctor Cubas Villanueva; Santiago González Bibolini y Ricardo Merlo, Fiscal Delegado y Fiscal Adjunto, respectivamente, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos de Paraguay, junto al asistente de la Dirección de DDHH del Ministerio Público de ese páis, Rafael Escobar; y el asesor de la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas de Colombia, Andrés Felipe Carranza Roa. Por Argentina, en tanto, además de las autoridades de la Procuraduría, Jorge Auat y la coordinadora Carolina Varsky, estuvieron el fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal federal Paloma Ochoa.

En el cierre del coloquio, las instituciones co-organizadoras compartieron las conclusiones de los talleres. El secretario Ejecutivo del IPPDH, Paulo Abrao, clausuró la actividad destacando la importancia de estas jornadas en el marco de este proceso de integración político y social latinoamericano e invitó a los y las participantes a concurrir al edificio del IPPDH para participar del descubrimiento de una placa en conmemoración de las víctimas de las violencias de estados a 40 años del inicio de la Operación Cóndor.

Una historia común

Durante el coloquio, los participantes coincidieron en que los procesos de verdad y justicia que se realizan en los países del Mercosur para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las últimas dictaduras cívico-militares constituyen uno de los acontecimientos más relevantes en materia de derechos humanos en la región, a la vez que son un eje fundamental de las políticas de cooperación e integración entre estos países.

Más allá de diferencias notorias, en todos los países los procesos judiciales activaron complejas discusiones en cuanto a la imprescriptibilidad y no amnistiabilidad de esos crímenes, la intervención de tribunales militares, las garantías de los imputados, las dificultades probatorias y procesales para casos con múltiples víctimas e imputados y el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos. Otros tópicos comunes son la complicidad de civiles y de los operadores judiciales, la cooperación o renuencia de las fuerzas armadas y de seguridad con las investigaciones, y los mecanismos para proteger de modo integral a víctimas y testigos.

Esas coincidencias signaron la jornada,  que estuvo dirigida a fomentar la reflexión y a contribuir al aporte para el progresivo avance y consolidación de los procesos de justicia y a la mejora de los mecanismos e instrumentos jurídicos de cooperación inter estatal y multilateral para el efectivo juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.