22 de junio de 2024
22 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El cónclave reunió a representantes de los tres poderes del Estado, del Ministerio Público y de la sociedad civil
Gils Carbó participó en la Corte Suprema de una numerosa reunión de la Comisión Interpoderes
Los jueces Lorenzetti y Rosatti encabezaron la instancia creada para abordar las dificultades que se presentan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos respaldaron a la procuradora y rechazaron los ataques contra ella. Las vacancias en el Poder Judicial y las demoras en los tribunales orales estuvieron en el foco del debate.

En el marco de una reunión de la Comisión Interpoderes celebrada en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contó con una fuerte representación de todos los organismos involucrados en el proceso de verdad y justicia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se puso "a disposición para generar todas las acciones interinstitucionales necesarias para garantizar el normal desarrollo de los juicios"  y, en ese sentido, ofreció la labor de los cuerpos técnicos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Gils Carbó remarcó que "los juicios son una política de Estado y un compromiso internacional". En ese sentido, celebró la nueva sesión de la Comisión que reúne a todas las agencias del Estado y a actores involucrados en los procesos e identificó a esta instancia como el ámbito propicio para abordar las dificultades que se presentan en su desarrollo.

La procuradora general fue respaldada por los representantes de las organizaciones de derechos humanos, quienes rechazaron los "ataques" contra la jefa de los fiscales e indicaron que esas "embestidas" son "una forma de poner en riesgo los juicios".

La reunión, que fue encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, abordó un amplio temario, aunque el foco de los problemas identificados en las demoras de los procesos fue puesto en las vacancias que se registran en los cargos del Poder Judicial de la Nación, lo cual dificulta la integración de los tribunales. En efecto, el juez Lorenzetti informó que se encuentran vacantes un tercio de los 900 cargos de magistrados federales y nacionales de todo el país.

El titular de la Corte, quien reafirmó en la reunión que "los juicios son una política de estado que no dependen de ningún gobierno y que forman parte del contrato social de todos los argentinos", asumió el compromiso de abordar junto con el Consejo de la Magistratura el problema de las vacancias y de empezar a trabajar junto a los representantes del Congreso Nacional una ley de subrogancias. Además, solicitó a la Cámara Federal de Casación -que estaba representada por cinco de sus jueces- que se encarguen de realizar un seguimiento de las agendas de los tribunales orales, uno de los ámbitos también identificados con la demora de los procesos.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, coincidió en el diagnóstico sobre la lentitud de la marcha de los juicios y citó al respecto los informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que refieren la baja cantidad juicios con fecha de inicio respecto de la cifra de causas elevadas a debate oral y público.

La reunión contó con una importante participación de representantes de todos los organismos involucrados en los juicios. Por la Corte Suprema, estuvieron los jueces Lorenzetti y Horacio Rosatti; por la Procuración General, la procuradora Gils Carbó, el secretario de Coordinación Institucional, Lisandro Pellegrini, el fiscal general Jorge Auat y la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky; por la Defensoría General, su titular, Stella Maris Martínez; por la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Victoria Donda; por el Senado, el senador Juan Manuel Abal Medina; por el Poder Ejecutivo de la Nación, el secretario Avruj, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira, y el coordinador del Programa Verdad y Justicia, Mariano Fridman; por la Cámara Federal de Casación Penal, los camaristas Alejandro Slokar, Liliana Catucci, Ángela Ledesma, Ana Figueroa y Gustavo Hornos; por el Consejo de la Magistratura, su presidente, Miguel Piedecasas, el consejero Ángel Rozas y la presidenta de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico, Alicia Tate; y por las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil Adriana Taboada (Comisión de Memoria y Justicia de Zona Norte), el abogado Pablo Llonto, Carlos Pisoni (HIJOS), Ernesto Moreau (APDH), José Schulman (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Lita Boitano (Familiares), Alan Iud (Abuelas de Plaza de Mayo), Diego Morales (CELS) y Carlos López de Belva (Federación de Colegios de Abogados).