El 8 de octubre de 1984 por la madrugada un grupo de personas armadas tomó por asalto el edificio de los Tribunales Provinciales de Rosario en la calle Balcarce entre Montevideo y Av. Pellegrini. Una vez ingresadas a la sede judicial privaron ilegítimamente de la libertad de la custodia policial, le sustrajeron sus armas reglamentarias y, por último, robaron del interior del Juzgado de Instrucción n°10 de Rosario la causa Nro. 6/1984 y los elementos de prueba del expediente. Simultáneamente, también entraron por la fuerza a la finca de calle Dorrego 1638 -en las cercanías de los tribunales de la ciudad-, donde de igual modo redujeron al personal policial que la custodiaba y se apoderaron de pruebas depositadas en el lugar.

Se trataba de un expediente vinculado a crímenes de lesa humanidad perpetrados en Rosario. Días antes del asalto, a solicitud de la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para el personal militar y policial que había actuado en Rosario durante la última dictadura militar.

En función de esos hechos, el titular de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el fiscal general Adolfo Villatte, solicitó al juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, la detención y la recepción de las declaraciones indagatorias del general Víctor Pino Cano, del coronel Héctor Fructuoso Funes, y del coronel Luis Américo Muñoz, por su responsabilidad en la concreción del asalto a los Tribunales Provinciales.

Dichas detenciones fueron efectivizadas, habiendo prestado declaración indagatoria Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria por condenas de crímenes de lesa humanidad. Resta la indagatoria de Pino Cano, que a la fecha no se pudo llevar adelante por razones de salud invocadas por su defensa técnica. Al momento de los episodios, los imputados se desempeñaban como comandante del Cuerpo de Ejército II de Rosario; jefe de Inteligencia del Estado Mayor de dicho comando y segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, respectivamente.

También, a pedido de la Unidad Fiscal especializada, se dispuso el allanamiento del domicilio de Luis Américo Muñoz ubicado en la ciudad de San Luis, donde se secuestró documentación que se encuentra en etapa de análisis junto con otros documentos incorporados a la causa.

El titular de la Unidad especializada sostuvo que los hechos son parte del plan sistemático instaurado por la última dictadura cívico militar, y que fueron cometidos para obstaculizar las investigaciones que se venían llevando a cabo.

Asimismo, la Fiscalía rechazó la prescripción planteada por las defensas de los imputados. El titular de la Unidad especializada sostuvo que los hechos son integrativos del plan sistemático instaurado por la última dictadura cívico militar, y que fueron cometidos para obstaculizar las investigaciones que se venían llevando a cabo y lograr la impunidad del personal militar y de las fuerzas de seguridad y policiales implicados en las denuncias de la ex CONADEP.

El representante del MPF indicó también que a la fecha de los hechos el Ejército Argentino no había dejado de ser una parte del Estado Argentino -más allá de que hubiera un nuevo gobierno-, y que conservaba una importante cuota de poder que hacía que aún permaneciera en funcionamiento el plan sistemático y clandestino de represión montado durante la última dictadura militar y aún mucho antes. Una muestra cabal de ello es que las investigaciones habrían sido prácticamente nulas a raíz del riesgo que ello implicaba para el gobierno democrático recientemente asumido y el presidente Raúl Ricardo Alfonsín se limitó a remover de su cargo al Comandante del Cuerpo de Ejército II, aunque no se pusieron de manifiesto los motivos.

En razón de todo ello, el Fiscal General consideró que deben ser calificados como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles.

El MPF consideró que las acciones deben ser calificadas como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles.

El accionar de los imputados

En 1989 Muñoz presentó un reclamo administrativo con el fin de que se revisara la decisión de no concederle un ascenso al grado de coronel. Para fundar el merecimiento, manifestó que había participado en dos operaciones especiales de inteligencia durante los años 1983 y 1984. Según dijo, la última de ellas consistió en un "gran despliegue de efectivos y medios para disminuir la presión de las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil, como así también personal policial".  Además, afirmaba en ese procedimiento administrativo que aquella operación "concretada con éxito, permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas".

En el pedido de indagatoria, el MPF subrayó que el accionar detallado en el reclamo administrativo de Muñoz corresponde a los hechos investigados. "No existe, durante el año 1984 en la ciudad de Rosario... otro hecho que pueda ser catalogado como tal y que coincida con la descripción realizada" por el ex militar, se indicó.

"El Destacamento de Inteligencia del cual Muñoz era su segundo Jefe en el 1984, y lo sostenido por éste posteriormente en el año 1989, no caben dudas que a dicho destacamento le cupo la tarea de desarrollar -al igual que en 1983 los secuestros, torturas y homicidios de los militantes peronistas Cambiaso y Pereira Rossi-, el asalto a las Tribunales de Rosario y la sustracción de la causa y elementos de prueba donde se documentaba la responsabilidad de las autoridades militares y policiales locales", detalló el MPF.

Asimismo, la acusación le adjudica a Cano que “a través de la dirección de su comandancia y de los medios materiales y humanos dependientes de dicha Unidad, ejecutara una 'Operación Especial de Inteligencia' el día 8 de Octubre de 1984 en horas de la madrugada”.

Por su parte, a Funes se le imputa “haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal o por intermedio del personal a sus órdenes y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los 'blancos' a ejecutar, y haber suministrado todo ello al General de División Víctor Pino Cano en su carácter de Comandante, y el haber planeado y ejecutado por órdenes del mismo en coordinación con el Jefe de Operaciones (G3) del Comando respectivo, por intermedio de la Jefatura y personal del Destacamento de Inteligencia 121, con gran despliegue de efectivos y medios, la Operación Especial de Inteligencia llevada adelante”.