El jueves de la semana pasada se realizó una inspección judicial en la Unidad de Apoyo Logístico “La Liguria” de Resistencia, provincia de Chaco, en el marco de las investigaciones sobre el destino dado a desaparecidos en la que se conoció como la “Masacre de Margarita Belén”, el fusilamiento de 22 prisioneros políticos el 13 de diciembre de 1976. 

La medida había sido solicitada por la fiscalía y el abogado querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y familiares, Mario Bosch, al juez federal Carlos Skidelsky, quien le dio curso y ordenó su realización.

En la recorrida estuvieron el fiscal federal ad-hoc Diego Vigay, Bosch, representantes del Programa de Protección de Testigos, del Registro Único por la Verdad, familiares de víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), peritos de la Gendarmería Nacional y funcionarios del juzgado.

"Desde la Fiscalía venimos impulsando en coordinación con Familiares, el Programa de Protección de Testigos y el EAAF, distintas hipótesis de búsqueda de desaparecidos en la jurisdicción; tal es así que hemos instruido una serie de testimonios de ex conscriptos del año 1976 y otros testigos de referencias. En ese marco solicitamos al Juzgado la implementación de una serie de medidas, entre las cuales están las inspecciones judiciales llevadas a cabo", explicó Vigay a Fiscales.

Durante la inspección, los conscriptos detallaron situaciones desde diferentes ubicaciones dentro del cuartel, ya que pertenecían a distintas unidades. De esa forma, se pudo reconstruir la salida de una columna de vehículos militares en los que habrían sido trasladados los detenidos políticos desde los centros de detención, y de al menos una ambulancia.  

Además, los testigos identificaron el lugar donde se alojaron los cuerpos para su identificación por parte de peritos de la Policía provincial. También indicaron que los cuerpos estaban  apilados y que al menos uno era de una mujer. Por otro lado, coincidieron en que había un automotor con muestras de haber sido baleado y con manchas de sangre, lo que se relacionaría con la versión del Ejército Argentino, que intentó encubrir los fusilamientos.

También acompañó la inspección un testigo que marcó un lugar dentro del predio donde podrían existir tumbas NN. Ante ese dato, la Fiscalía solicitó una medida de “no innovar” en el sector.

"Para el Ministerio Público Fiscal es cardinal como política de investigación agotar todas las instancias posibles y realizar todos los esfuerzos necesarios, para profundizar la búsqueda del paradero de quienes están desaparecidos. Estamos trabajando en ello", sostuvo Vigay, quien integra junto a Carlos Amad y Patricio Sabadini la Unidad Fiscal de Resistencia que interviene en las causas por crímenes del terrorismo de Estado.

Condenas a perpetua

Por la Masacre de Margarita Belén, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó  el 16 de mayo de 2011 a  prisión perpetua a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta.

En la causa se investigaron los hechos que tuvieron lugar el 13 de diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos que se encontraban detenidos en la alcaidía policial de Resistencia y en otras unidades militares fueron fusilados por personal que respondía a la VII Brigada del Ejército, a cargo del general Cristino Nicolaides, en las cercanías de la localidad de Margarita Belén. La versión oficial sostuvo que las víctimas habían muerto a causa de un enfrentamiento con “delincuentes subversivos”, mientras eran trasladadas a la unidad penitenciaria Nº 10 de Formosa.