Los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo consideraron que el ex interventor del Establecimiento Penitenciario N°1 y ex teniente Antonio Orlando Vargas; el ex suboficial César Darío Díaz, y los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zarate son culpables de los delitos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados cometidos durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de siete víctimas. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para los seis imputados por los crímenes ocurridos en el Establecimiento N°1 de Villa Gorriti.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que “el Establecimiento Penitenciario Nº1 de Villa Gorriti funcionó como un centro clandestino de detención, y que fue un eslabón fundamental dentro del aparato represivo estatal, que funcionó coordinadamente con los otros centros clandestinos de detención de la región; que para ello, requirió de la anuencia y acción de la máxima autoridad del penal -autoridad colocada por el mismo aparato represivo- y de los agentes penitenciarios que hoy se encuentran imputados y enjuiciados, junto a otros que aún no lo están, pero se encuentran bajo investigación, o murieron impunes".

Snopek y Pelazzo agregaron que “en ese Centro Clandestino de Detención, las víctimas de esta causa estuvieron detenidas ilegalmente, bajo las más brutales e inhumanas condiciones de vida, donde fueron torturadas, y trasladadas diariamente para el mismo fin y finalmente asesinadas”.

Los fiscales concluyeron que “se comprobó la responsabilidad del Interventor del Penal, teniente Antonio Orlando Vargas, y del personal del Servicio Penitenciario, integrado por: Orlando Ricardo Ortiz, Carlos Alberto Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, en la desaparición y muerte de las víctimas de la presente causa”.