Gustavo Modesto Demarchi, acusado de ser el jefe de la asociación ilícita integrada por miembros de la CNU – Concentración Nacional Universitaria-, pidió al Tribunal poder preguntar “con prudencia” al segundo testigo de la audiencia de este lunes. Con el aval de los jueces, le recriminó al abogado y ex dirigente Montonero, Eduardo Soares, que si ellos no tuvieron acciones violentas, quién había matado a Piantoni, Rucci, y la nómina de nombres continuó. El intento por querer justificar de algún modo los ocho homicidios que llevaron a juicio a los once imputados despertó la reacción del Ministerio Público Fiscal. Fue el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, quien tomó la palabra: “Se sale del objeto de proceso, y vuelve a sobrevolar la teoría de los dos demonios”. El Tribunal no dio por válida la pregunta.

Fueron pocos los interrogantes que esgrimió Demarchi, y menos aún los que no fueron impugnados por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. Pero al tomar la palabra su codefensor, Claudio Benvenuto, insistió en la misma línea. Le preguntó al testigo si se trataba de dos grupos antagónicos del peronismo enfrentados entre sí. Soares dijo que era más amplio, que estaban quienes querían un país para pocos, y quienes apostaban a una construcción popular con base en la igualdad, y reparó: “Uno de esos sectores siempre tuvo al Estado”. La diferencia quedó en evidencia. Ya había hablado del apoyo de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, de la estructura montada en la Universidad, y el cargo de fiscal federal que entonces tenía Demarchi.

Soares era en 1975, cuando se sucedieron los hechos juzgados, un oficial de Montoneros. Dijo conocer a la mayoría de los hombres juzgados y los identificó con CNU. Mencionó que vio a Eduardo Salvador Ullúa, quien permanece prófugo y trabajó en la fiscalía junto a Demarchi, disparar con un arma de puño para “romper” una charla que estaban realizando en la Facultad de Filosofía, y a media cuadra estaba estacionado un patrullero. Esta vinculación con fuerzas de seguridad y armadas, relató, también quedó en evidencia cuando vio que uno o dos jeeps de la Armada, con soldados con fusiles, cortaban la calle para que civiles de la CNU realizaran pintadas.

Demarchi como fiscal

A Demarchi dijo que no lo conocía sólo por ser un “destacado y conocido miembro de la CNU”, a quien había tenido por primera vez frente a frente en una reunión en la CGT donde organizaciones peronistas de derecha y de izquierda se congregaron aunque el encuentro no duró más de 15 minutos. Sino porque además fue fiscal en tres causas cercanas: una fue la de su detención, otra a raíz de la denuncia por sufrir apremios ilegales cuando estuvo privado de su libertad, y la tercera fue por el asesinato de su padre. El distinto modo de actuar del entonces hombre de la justicia fue por demás elocuente.

En la mañana del 12 de mayo de 1975 Soares fue detenido cuando pasó a buscar a una compañera para trasladarla. Él pensaba irse un poco tiempo después. Apenas subieron a su auto, fueron rodeados por policías y llevados a la Unidad Regional. De acuerdo a su relato, fue interrogado bajo tortura durante cinco o seis días, cuestión que fue denunciada ante el juez González Echeverri, quien formó causa aparte.

Demarchi pidió 18 años de prisión por el delito de tenencia de arma y explosivos, y asociación ilícita, de acuerdo a la ley 2840. Finalmente, Soares fue condenado a ocho años y la Cámara bajó la sentencia a seis. En la causa por torturas, en cambio, el entonces fiscal pidió el sobreseimiento de los represores.

Soares estuvo un tiempo detenido en la comisaría segunda, de donde sus compañeros de militancia intentaron sacarlo aunque el operativo se vio frustrado. Allí, se desató un tiroteo, que terminó con la vida del dirigente montonero Arturo Lewinger, a quien le dispararon por la espalda, y murió también un cabo de la policía. El testigo contó que estuvieron por matarlo, pero que llegó de manera sorpresiva el juez, quien –dijo- le salvó la vida. De allí, fue llevado a la Policía Federal y luego a Sierra Chica.

Días después de este episodio, su padre fue asesinado. Lo secuestraron en su casa y lo mataron a balazos en el campo de deporte. Demarchi pidió el sobreseimiento de la causa dos meses después, aún cuando no había ido a declarar la madre de Soares, única testigo del secuestro. La excusa fue que le fueron a llevar la citación, pero ese día no la encontraron en la casa. Ante las repreguntas del defensor de Demarchi sobre la ausencia de la declaración de la mujer, Soares ironizó: “Mi mamá no se clandestinizó”. Incluso había acudido minutos después del secuestro a la comisaría tercera y allí le dijeron que “había sido secuestrado por Montoneros para que no hable”.

Un párrafo aparte necesita la actuación de la exjueza y entonces defensora Ana María Teodori, quien visitó a Soares en la cárcel de Sierra Chica unos tres meses después de su detención. Estaba encerrado cuando se enteró que su papá había sido asesinado. Allí, cuando Soares le dijo de analizar la causa, ella le respondió: “No te hagás el tonto porque vos sos montonero, no me vengas con la defensa”. Enseguida, él invocó el tema de su padre, a lo que la abogada respondió: “¿Qué pretendías vos que haciéramos con tu papá?”, y lo acusó de colaborar con el intento frustrado de rescatarlo de la comisaría. Ante ello, el Ministerio Público Fiscal pidió que se remitan las actuaciones y se forme causa penal.

Bajo el amparo estatal

A pedido del fiscal federal coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler –quien estuvo acompañado también por la fiscal Laura Mazzaferri y  la fiscal ad hoc María Eugenia Montero-, Soares dio cuenta de lo que era la CNU: “Era una organización que tenía dos grandes asentamientos, uno en La Plata y otro en Mar del Plata. Si bien era la derecha política, se transformó en una banda parapolicial con lazos directos con la policía y la Armada”.

Dijo, también, que antes del asesinato de la estudiante Silvia Filler, en diciembre de 1971, los enfrentamientos eran verbales y luego –sobre todo después de 1973 y en particular tras la muerte de Perón- el tenor de la violencia fue más allá de lo discursivo.

“El rol que cumplían las Tres A en otros lugares, aquí lo cumplía la CNU”, aseveró Soares.

Más adelante, recordó una conversación con un ex CNU, José Luis Piatti, en la que el militante montonero diferenciaba la construcción del poder popular a la que apostaban desde el trabajo en los barrios y la Universidad, con el “aparato” que endilgaba a la CNU. Ante ello, Piatti reivindicó la pertenencia, no sólo al gobierno de turno, sino también al “proyecto” político de entonces.

Secuestro y muerte de Coca Maggi

Mientras estudiaba derecho en la Universidad Católica, Jorge Casales era el responsable de la Juventud Universitaria Peronista. Tras el asesinato de su compañero de militancia Enrique Pacho Elizagaray en la denominada madrugada del 5x1, debió irse de la ciudad.

Su carrera trunca de abogacía la concluyó a su regreso a Mar del Plata, en 2004, y desde entonces se dedicó a investigar sobre el secuestro y asesinato de María del Carmen Coca Maggi, entonces docente, decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica. Ella no tenía militancia política, pero sí militaba el proyecto de una universidad popular e inclusiva. Tenía apenas 28 años y fue otra de las víctimas de la CNU.

La Universidad Católica, recordó Casales, fue la única entidad privada en todo el país que funcionó durante tres años gratuitamente. Pero también fue la única que contabilizó tres secretarios generales desaparecidos en tan poco tiempo.

La pelea por lograr la integración de las universidades marplatenses – la Católica y la Provincial- le llevó la vida a Coca Maggi. La asunción de Victorio Calabró como gobernador, y de Pedro Arrighi como rector de la Universidad Provincial cambiaron el panorama político.

De acuerdo al relato de Casales, Arrighi convocó a una reunión urgente. Hugo Grinberg, entonces rector de la Universidad Católica, pasaba parte del mes en La Rioja y le era imposible viajar por lo que Maggi asumió su representación. Hasta allí, la acompañaron Casales con otro compañero, el Armenio Abachian. Al salir, Coca les dijo: “Este Arrighi es un hijo de puta”. No era habitual que esgrimiera insultos.

La propuesta del rector contemplaba que Jorge Aguilera –hombre del peronismo de derecha- sea el decano de Derecho; la renuencia del cuerpo docente y no docente y que monseñor Pironio “se dejara de extorsionar con la venta de la biblioteca de la Universidad”, a lo que calificó como una “difamación”.

Arrighi entonces había dicho que “esta propuesta si no se hace por las buenas, se hará por las malas”. A lo que los curas que formaban parte de la Católica respondieron con una conferencia de prensa donde expusieron los detalles de la reunión. A raíz de esto, Arrighi quedó cesante.

“Esto despierta una bronca muy grande”, recordó Casales, quien dijo que aparecieron pintadas en el Pasaje Catedral  y otros puntos de la ciudad que decían “Pironio usurero de los Montoneros” y “Pironio obispo rojo”. A esto, se sumaron amenazas de muerte telefónicas, que llegaron a Grinberg y Maggi.

En abril de 1975, Josué José Catuogno fue designado rector normalizador y llevó a Eduardo Cincotta –ex CNU fallecido- como secretario general y a Gustavo Demarchi como coordinador docente y académico. A partir de allí, quedan cesantes unos 100 docentes, y limitan a Maggi en sus funciones, con el fundamento de que tenía “ideas izquierdistas”.

Más adelante, Casales relató cómo el 9 de mayo de 1975, cerca de las 2.30 de la madrugada, llegaron tres coches a la vivienda donde Maggi vivía con sus padres, en Maipú al 4000. Se escucharon gritos, hombres que se hacían pasar como la Policía Federal y así ordenaban a los vecinos a cerrar las ventanas. Se la llevaron y no se supo más de ella. “A Coca Maggi se la tragó la tierra. Le apuntaron directo al corazón de la Universidad”, sostuvo el testigo.

“Los curas tenían la certeza de que el CNU la había secuestrado”, mencionó en referencia a Monseñor Requena, el vicario general de la diócesis Monseñor Hugo Sirotti, y Pironio.

El cuerpo de Coca Maggi apareció el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe cívico-militar, en proximidades a la Laguna de Mar Chiquita. La causa penal había sido cerrada cuando no había pasado ni un mes de la desaparición y nunca fue reabierta, a pesar de que el hallazgo del cadáver tuvo repercusión pública.