La Legislatura de la Provincia de La Rioja sancionó el jueves pasado la ley para expropiar el edificio  de la vieja delegación local de la Policía Federal, donde funcionó un centro clandestino de detención entre 1975 y 1976, que fuera señalizado en 2015 como sitio de Memoria. La ley fue aprobada mientras se llevaban a cabo las medidas de prueba requeridas por la fiscal federal Virginia Miguel Carmona en el marco de un pedido de prohibición de innovar sobre el predio, que está en manos privadas e iba a ser demolido.

El pedido de la Fiscalía sobre el resguardo del inmueble, ubicado en la calle Adolfo E. Dávila 171 de la capital provincial, se encontraba en trámite ante el Juzgado Federal de La Rioja cuando se dictó la norma de expropiación. El Poder Ejecutivo riojano está por promulgarla.

La incipiente realización de obras sobre la vieja casona llevó a las organizaciones de derechos humanos, entre ellos a la Asociación de Ex Presos Políticos y al Colectivo de Investigación y Acción Quipus, y a la Secretaría de Derechos Humanos provincial a impulsar el trámite parlamentario de la ley y una medida judicial que garantizara que no se alteraría el predio.

En efecto, la Secretaría de Derechos Humanos había pedido el 27 de octubre el "pronto dictamen de la comisión competente y el tratamiento en el recinto del proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación", que había sido presentado el 6 de junio. El 23 de noviembre, el organismo formuló un nuevo pedido de pronto despacho y el 15 de diciembre fue aprobada la ley.

El centro clandestino de detención en la delegación riojana de la Policía Federal funcionó entre 1975 y 1976.

En el ínterin, el 3 de noviembre la fiscal Miguel Carmona, que integra la Unidad que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en la provincia, interpuso la medida de no innovar. La acción de la Fiscalía estuvo motivada por la petición del Colectivo de Acción e Investigación Quipus, que se había presentado para denunciar que el predio iba a ser modificado por sus compradores. El organismo solicitó además que "se arbitren los medios necesarios para llevar adelante una investigación rigurosa de carácter científico sobre el inmueble con motivo de documentar y relevar la materialidad de las memorias asociadas al mismo".

Junto al pedido de no innovar, es decir, de que no se modifique el lugar que corría riesgo de ser demolido, la fiscal Miguel Carmona solicitó una serie de medidas de prueba que fueron provistas por el juez. El 30 de noviembre, mientras se trataba el proyecto en la Legislatura, se realizó la inspección judicial sobre la ex Delegación de la Policía Federal, de la que participaron la fiscal junto a víctimas del terrorismo de Estado, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

La vieja casona fue señalizada en marzo de 2015 como "sitio de memoria" por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, mediante la resolución SDH 995/2015. Al denunciar la posible modificación del lugar, la organización Quipus advirtió que el cartel que indicaba que el lugar había sido un centro clandestino de detención había sido retirado y que habían comenzado las tareas para la demolición.

En la petición de la medida de no innovar, la fiscal Miguel Carmona recordó que se ha acreditado judicialmente la existencia del centro clandestino de detención en ese lugar y que en el marco de una causa en la que próximamente se celebrará el juicio oral y público solicitó, como medida de prueba, la inspección judicial sobre ese predio.

"Los lugares de memoria son espacios para recuperar, repensar y transmitir ciertos hechos traumáticos del pasado, y pueden funcionar como soportes propagadores de memoria colectiva".

"Todo ello es muestra elocuente de la relevancia en cuanto a su carácter de elemento de prueba de inmueble objeto de esta presentación, para la efectiva averiguación de la verdad de los hechos acontecidos durante el período de la dictadura militar en nuestro país en los juicios que se llevan adelante en esta jurisdicción, y como tal, debe ser preservado, evitándose cualquier tipo de alteración sobre el mismo", indicó la fiscal en el pedido de la medida.

Entre otros fundamentos del pedido, la fiscal recordó que los Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, elaborados por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se expresa que "los lugares de memoria son espacios para recuperar, repensar y transmitir ciertos hechos traumáticos del pasado, y pueden funcionar como soportes propagadores de memoria colectiva".

En esa línea, la fiscal señaló que estos espacios "pueden aportar información valiosa para reconstruir la verdad de lo ocurrido en torno a esas violaciones, y servir como material probatorio en los procesos judiciales en curso o los que puedan abrirse en el futuro en relación a esos hechos".