Este viernes comenzó ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Juan Manuel Iglesias, Ramón Luis González y Rocío Alcalá,  el juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Chaco conocido como “Ligas Agrarias”. La causa tiene como objeto delitos cometidos contra militantes de ese movimiento y pobladores rurales del interior de la provincia, en el marco de la última dictadura militar. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan los fiscales Carlos Amad y Patricio Sabadini y los integrantes de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de esa jurisdicción, Diego Vigay y Horacio Rodríguez.

Son juzgados por homicidios, torturas y encubrimiento el ex teniente coronel del Ejército, Tadeo Bettolli, los ex comisarios Eduardo Wischinivetzki y José Rodríguez Valiente, y los ex agentes policiales Miguel Antonio González y Alcides Safenraiter. El ex agente Carlos Chávez se encontraba imputado por homicidio pero falleció, por lo cual se consideró extinta la acción penal contra él.

A Safenraiter se lo acusa por el asesinato del dirigente rural Carlos Piccoli, mientras que Bettoli y Gonzalez se encuentran acusados por el homicidio agravado del referente social Raúl Eduardo Gómez Estigarribia. Las calificaciones legales señalan a Bettolli, González y Sanfenraiter por el delito de homicidio agravado, a Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima y tormentos y a José Rodríguez Valiente por encubrimiento. En el requerimiento de elevación a juicio el MPF había detallado que “los hechos se ubican en el desarrollo de una gigantesca campaña de operaciones represivas a trabajadores rurales y dirigentes de Ligas Agrarias en el marco del Terrorismo de Estado llevado adelante por el gobierno de facto (…) No fueron hechos aislados sino una persecución sistemática”.

Para el MPF “los hechos se ubican en el desarrollo de una gigantesca campaña de operaciones represivas a trabajadores rurales y dirigentes de Ligas Agrarias".

La primera audiencia

Durante la primera audiencia se procedió a la lectura de la acusación fiscal y la organización del juicio. El juez Iglesias declaró abierto el debate y se trataron cuestiones preliminares. Luego continuó con la declaración de imputados -quienes se abstuvieron de declarar, excepto Wischnivetzky-, y la enumeración de la grilla de 26 testigos previstos, al igual que el cronograma tentativo. El miércoles y jueves de esta semana continuará el juicio con el inicio de la recepción de declaraciones testimoniales.

Homicidios, tormentos y encubrimiento

De acuerdo a la acusación, la noche del 12 de febrero de 1977, en Corzuela, un grupo de fuerzas conjuntas comandado por Bettolli e integrado por González, acribilló a balazos a Estigarribia, en el marco de un operativo montado para asesinarlo. El dirigente rural era “intensamente buscado” por las Fuerzas Armadas desde 1975 por su militancia social y participación en las Ligas Agrarias.

En el caso de Picolli, su fusilamiento ocurrió tras su regreso del exilio en España en 1979.  El 22 de abril se trasladaba en bicicleta en el paraje Pampa Florida de la zona rural de Sáenz Peña cuando habría sido asesinado por Sanferraiter y Chávez. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) elaboró un informe basado en el examinación de los restos óseos exhumados de las víctimas y fue categórico respecto a que las muertes de los dirigentes rurales ocurrieron a quemarropa, desmintiendo la versión oficial de “enfrentamientos” que instalaron en aquel momento las fuerzas de seguridad.

Por su parte, a Rodríguez Valiente se lo señala por el delito de encubrimiento de los homicidios de Piccoli y Estigarribia mediante la preparación de falsos informes en los que hizo constar los fusilamientos como supuestos enfrentamientos.

A Wischnivetzky, por otra parte, se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. El 30 de agosto de 1976, en la localidad de Villa Berthet, los trabajadores rurales Modesto Meza, Santos Britez y Hipólito Britez fueron detenidos y trasladados en un jeep por efectivos policiales comandados presuntamente por Wischnivetzky. Tras vendarlos y trasladarlos al campo sufrieron golpes por parte de los agentes policiales para obtener información relativa a las Ligas Agrarias. El acusado fue beneficiado con la medida de prisión domiciliaria por su avanzada edad.