A diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reabrió definitivamente los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad produjo "un balance de lo conseguido hasta aquí en materia de persecución penal" a los responsables y sobre "los desafíos que aún persisten". "Resaltan indudablemente el alto número de sentencias obtenidas, y el creciente número de imputados sentenciados", indica el trabajo. La Procuraduría puso de relieve "el incremento no sólo en la cantidad de juicios celebrados por año, sino también en la cantidad de imputados cuya responsabilidad es dirimida en el marco de cada juicio".

Del otro lado de la balanza, están los desafíos que presenta hoy el juzgamiento de los empresarios y funcionarios judiciales. En este momento, suman 54 los funcionarios, la mitad de ellos ex jueces. La condena de hoy al ex juez federal tucumano Manlio Martínez significó la primera a un juez por crímenes de la dictadura. En tanto, 18 imputados fueron o son empresarios, que actuaron en las empresas Acíndar, Chacra de Méndez, la Comisión Nacional de Valores, Ford S.A., La Nueva Provincia, La Veloz del Norte, Las Marías, Ledesma, Loma Negra, Mercedes Benz, Minera Aguilar y Papel Prensa. Entre todos ellos, hay sólo dos condenados: los hermanos Emilio y Julio Méndez, por haber aportado la chacra donde estuvo secuestrado, fue torturado y asesinado en 1977 el abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno.

"La baja cantidad de [empresarios] imputados sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad en casos donde existen grandes cúmulos de prueba son elementos que dificultan el avance del juzgamiento de estos imputados, lo cual implica que se diseñen nuevas estrategias para ello", señaló la Procuraduría.

El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la causa conocida como "Simón" o "Poblete", en la que se juzgaron los tormentos y la privación ilegítima de la libertad sufrida por el matrimonio compuesto por José Poblete y Gertrudis Hlaczik, así como la apropiación de la hija de ambos, Claudia Victoria. Los responsables identificados fueron los ex policías federales Julio Héctor Simón, alias "El Turco Julián" y Juan Antonio Del Cerro, alias “Colores”, quien murió impune.

La última década aparece destacada en el informe de la Procuraduría en el recorte de tres períodos marcados de los últimos 32 años: 1983-1987, cuando se juzgó a las juntas militares y a policías bonaerenses encabezados por su jefe, Ramón Camps; 1988-2005, período que sólo tuvo juicios por casos de apropiación de niños y niñas, delitos excluidos de las leyes de impunidad; y 2006-2015, iniciado con los juicios abiertos tras la inconstitucionalidad de aquellas normas.

"En el año 1987, la sanción de la ley de Obediencia Debida imposibilitó la continuidad de más de 300 imputaciones que se registraban en todo el país. Sólo continuaron siendo investigados, y de manera muy residual por la reticencia de los funcionarios judiciales de la época, causas por el delito de apropiación de menores, que había quedado fuera de la órbita de las leyes de impunidad", indica el informe de la Procuraduría, que asimismo aclara que "los delitos contra la integridad sexual y el robo también habían quedado fuera [de la cobertura de impunidad], pero no se registran denuncias en esa época por estos delitos".

De esta forma, en la primera etapa fueron condenados once represores y hubo seis absueltos; en la segunda, se registraron 23 condenados; y la actual lleva 592 condenados -a quienes hoy se sumó el ex juez Martínez- y 53 absueltos.

Los juicios hoy

En la actualidad, un total de 278 imputados se encuentran actualmente en juicio, entre ellos 206 que aún no han tenido sentencia en otras causas. La Procuraduría remarca que, entre los logros, se destaca que, a partir de 2008, comenzó a revertirse la tendencia a celebrar debates con un imputado por pocos hechos, para realizar juicios con causas unificadas que integran un objeto procesal mayor, tanto por hechos como por procesados.

Los números del período actual se lograron luego de 142 sentencias dictadas en todo el país. Entre los 592 condenados hasta hoy, 44 fallecieron y dos se profugaron.

En este contexto, 118 imputados (117 condenados y 1 absuelto) tienen su sentencia firme. En el caso de 90 condenados su sentencia fue confirmada por la máxima instancia recursiva, la Corte Suprema de Justicia. Respecto de los 27 condenados restantes y el absuelto, la sentencia quedó firme en instancias previas, Casación o Tribunal Oral, por no ser recurrida por ninguna de las partes.

Ello implica que hay 459 condenados y 51 absueltos que tienen su situación en revisión, en casi el 70 por ciento (95) de las sentencias: 341 están en Casación, otros 158 esperan el pronunciamiento de la Corte y otros once tienen la sentencia parcialmente confirmada por el máximo tribunal o remitida por este a instancias inferiores. "Esta situación que muestran los números es preocupante: significa que es necesario ajustar los tiempos de las diferentes instancias de apelación", evalúa la Procuraduría en el informe.

"17 imputados han muerto o fueron declarados incapaces sin que su sentencia quede firme, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla, el ex subjefe de la Subzona Capital Federal Jorge Carlos Olivera Róvere y el primer condenado por violación sexual en el proceso de justicia, Gregorio Molina", agrega.

Causas e imputados

En su informe, la Procuraduría señaló que hay 458 expedientes en trámite o firmes (es decir, aquellos en las que se ha confirmado la sentencia a todos los imputados) en 16 jurisdicciones judiciales del país. Esa cifra incluye sólo las causas en las que existe al menos un imputado identificado por la fiscalía y no se computan las causas acumuladas a una principal. Un tercio de todas ellas ya han obtenido sentencia. "De los dos tercios restantes sólo uno lo componen causas con cierto grado de avance, elevadas a juicio o con requerimiento fiscal para ello", indica. El otro tercio está compuesto por 156 expedientes que aún tramitan en la fase de instrucción.

"Ha sido activa política de la Procuraduría impulsar, en diferentes jurisdicciones, la acumulación de causas con similar objeto procesal (identidad de víctimas e imputados), como forma de optimizar el trámite de los procesos judiciales. Como consecuencia, al menos 174 se han acumulado en 33 expedientes principales, llamados por su magnitud 'megacausas'", describe el informe.

En la actualidad, hay un total de 2051 personas implicadas en causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. Cerca de un tercio de los imputados han obtenido sentencia por estos delitos (592 condenados y 53 absueltos desde 2006). En tanto, más del 43 por ciento (878) se encuentran actualmente procesados sin haber obtenido aún sentencia. En ese contexto, un 3 por ciento resultó absuelto, un 10 por ciento falleció y están prófugos un 3 por ciento.

Causas pendientes

De las causas en trámite, 300 aún no han tenido sentencia y, de ellas, unas 156 está en etapa de instrucción.

Entre los 878 procesados que no han tenido sentencia previamente, hay 207 procesados que tienen su procesamiento confirmado y, sobre 139 de ellos, la fiscalía ha requerido su elevación a juicio. En tanto, otros 216 se encuentran procesados en primera instancia y esa resolución está en etapa de revisión.

"Otro aspecto a considerar es que a medida que transcurre el tiempo aumenta considerablemente el número de fallecidos, en particular porque se trata de un proceso de 'justicia tardía' en el que la mayoría de los imputados tienen edad avanzada", indicó la Procuraduría. Según sus registros, "12 por ciento de los imputados han fallecido, 45 luego de ser sentenciados y 213 sin sentencia".

En tanto, 54 personas permanecen prófugas. Los detenidos suman 1046 (un 41 por ciento en prisión domiciliaria) y otros 696 transitan los procesos en libertad.