Tras la suspensión -por la ausencia de una jueza- del debate oral en el que se juzga a 16 imputados por crímenes de lesa humanidad, los fiscales federales de Salta, Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia que integre el cuerpo con el juez sustituto, Gabriel Casas, que deje sin efecto la suspensión de audiencias hasta el 11 de febrero próximo y que habilite el domingo 8 de diciembre para retomar el debate y celebrar las audiencias ya fijadas para las próximas dos semanas, "para culminar con el presente juicio antes de fin de año, como estaba previsto".

Así lo hicieron saber Toranzos y Villalba, quienes también informaron -a través de un comunicado remitido a Fiscales- que enviaron copia del pedido a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura.

La suspensión del debate fue decidida ayer por la mañana, luego de que la jueza Marta Liliana Snopek comunicara que no podría asistir por haber padecido un pico de estrés. Estaba previsto que en esa jornada comenzara su alegato el fiscal Toranzos.

En ese contexto, los jueces Carlos Jiménez Montilla y Mario Juárez Almaraz resolvieron durante la mañana -sin contar con un certificado médico- la suspensión del debate por el máximo de 30 días previsto por el artículo 365 del Código Procesal Penal para el caso de indisposición de uno de los jueces durante el transcurso del juicio.

Los fiscales señalaron en su presentación que "el tribunal efectuó una errónea interpretación de la normativa procesal pues adoptó esta decisión sin haber tomado vista del correspondiente certificado médico, dado que la constancia de que la Dra. Snopek había sufrido un “pico de estrés” fue recibida vía fax en la secretaría del tribunal pasado el mediodía del martes 3, esto es, cuando ya se había suspendido el debate".

"Sin conocer a través de la opinión de un profesional de la medicina la dolencia padecida por la jueza y el tratamiento a seguir, con la especificación del tiempo de reposo que eventualmente pudiera corresponder, los magistrados optaron, mediante una decisión carente de razonabilidad, aplicar la hipótesis máxima que prevé la norma procesal, la que establece hasta 30 días hábiles de suspensión", añadieron los fiscales.

Toranzos y Villalba refierieron que "lo decidido también resulta inexplicable" frente al certificado médico que arribó por fax al tribunal alrededor de las 13 de ayer. Señalaron que el documento indica que la jueza padeció un episodio de "angustia y llanto" y que el médico que la atendió, en la provincia de Entre Ríos, le sugirió “reposo laboral con actividad al aire libre” y consulta con un servicio psicológico.

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público hicieron notar que el certificado no indica que ese cuadro lleve aparejada "una imposibilidad tan prolongada de asistir a realizar la actividad laboral". "En todo caso -aseveraron-, el tribunal debió suspender la audiencia por unos pocos días hasta obtener mayores precisiones con relación al tiempo necesario de recuperación de la magistrada".