01 de octubre de 2022
01 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los crímenes durante la dictadura en un regimiento y en un destacamento policial
Los fiscales pidieron en Formosa seis perpetuas y otras penas de 4 y 6 años de prisión
Los fiscales Luis Benítez, Mauricio Romero y Roberto Salum culminaron anoche el alegato en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en aquella ciudad. Remarcaron el carácter de crímenes contra la humanidad y enfatizaron la tarea del Estado de perseguir y juzgar esos delitos.

La fiscalía requirió anoche las penas de prisión perpetua para cuatro ex policías, un ex militar y un gendarme y condenas de cuatro y seis años para otros dos ex militares en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en Formosa.

El fiscal subrogante ante el Tribunal Oral de esa ciudad, Luis Benítez, acompañado por el fiscal ad hoc Mauricio Romero y el fiscal de Reconquista, Roberto Javier Salum, quien actúa en el proceso como coadyudante, culminaron anoche, pasadas las 21.00, una extensa jornada ante el tribunal integrado por los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo Sodá.

Los fiscales requirieron la pena prisión perpetua para el ex sargento del Ejército Juan Carlos Camicha, a quien consideraron responsable, en carácter de coautor, de 74 casos de privación ilegal de la libertad, 43 de tormentos y cuatro homicidios, en el marco de una asociación ilícita.

La misma pena requirieron para el ex sargento de la policía provincial, José Medina, los ex agentes de esa fuerza Sergio Gil y Luis González, y el ex cabo 1° Félix Oscar Romero, quienes fueron acusados por once casos de privación ilegal de la libertad en carácter de coautores y como cómplices primarios en los tormentos agravados a las mismas víctimas. También fueron acusados como responsables, en carácter de cómplices primarios, de dos homicidios.

Los fiscales además pidieron la pena máxima para el ex sub alférez de la Gendarmería Nacional, Mario Osvaldo Sosa, acusado por doce hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y tres homicidios, todos en carácter de coautor.

En tanto, los representantes del Ministerio Público pidieron que se condene al ex teniente del Ejército Faustino Blanco Cabrera a cuatro años de prisión por tormentos agravados, en carácter de partícipe necesario, en perjuicio de una víctima. Y solicitaron una pena de seis años para el subteniente de esa fuerza armada, Ernesto Hugo Kishimoto, por el delito de privación ilegal de la libertad reiterado en dos hechos, por considerarlo coautor.

Los hechos por los que resultaron acusados los ocho integrantes de fuerzas armadas y de seguridad tuvieron como escenario el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 del Ejército Argentino y el Destacamento Policial Rural de San Antonio, también conocido como "La Escuelita".

"Atentaron contra la humanidad"

El alegato de la fiscalía comenzó ayer por la tarde alrededor de las 16 y se extendió hasta el final de la jornada. En el cierre de la exposición, el fiscal Benítez fue enfático al solicitar al tribunal que "el clamor de justicia de las víctimas, que pacientemente esperaron más de treinta y cinco años, sea aplacado con una sentencia ajustada a derecho, para que ello nunca más ocurra".

Antes, el fiscal había señalado que "los familiares de las víctimas tuvieron que vivir un largo peregrinar durante años en busca de noticia alguna sobre el destino de sus allegados. Incluso hoy en día el dolor sigue vigente, si se tiene en cuenta que muchas familias continúan sin saber a dónde dirigirse a llorar a sus seres queridos".

La fiscalía insistió en su alegato en la acción del Estado Argentino de perseguir y sancionar los crímenes de lesa humanidad con las herramientas jurídicas vigentes al momento de lo hechos: "Las atrocidades que todos los aquí imputados cometieron, lesionando no sólo bienes jurídicos individuales sino también universales, no se asemejan a ilícitos comunes. Sin embargo, se aplican las mismas leyes y previsiones que en cualquier juicio y las penas que se deben aplicar son las mismas que el ordenamiento prevé para los delincuentes comunes, aunque los imputados no lo sean", señalaron los fiscales.

"Lejos de la aplicación de un sistema jurídico de 'vencedores' a 'vencidos', todo este proceso ha versado sobre una forma de devolver a los imputados al estado de derecho existente antes de la usurpación del poder, de personalizarlos, de no tratarlos como enemigos, de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas cuando pasaron a contar con la suma del poder público y el manejo total del sistema", enfatizaron los representantes del Ministerio Público.

A medida que se fueron acercando a la culminación del alegato los fiscales adelantaron que el pedido de penas incluiría sanciones altas porque "resultaría intolerable entonces, que se pretenda argumentar que, ahora, la pena que merecen no debería serles impuesta porque se trata de gente mayor o incluso de ancianos y porque, así, irrogarles una pena elevada sería cruel o carecería de sentido".

"Los aquí acusados gozaron durante muchos años de un manto de encubrimiento y de impunidad. Son personas que deberían estar hace décadas cumpliendo condena por las monstruosidades cometidas", argumentaron.

En ese sentido, la fiscalía señaló que "la sociedad no acepta la idea de que no pueda continuar persiguiéndose estos hechos atroces ni que quienes participaron en ellos no sean juzgados".

Por esa razón, remarcaron que "omitir la pena debida, importaría negar aquellos valores que resultan fundamentales para la sociedad toda y que por ello se encuentran protegidos por el derecho penal, y así negar también la condición de víctimas de quienes tuvieron que soportar estos crímenes atroces; es decir, negar a la humanidad en su conjunto, pues, como ya se ha puesto de manifiesto, estos crímenes atentan contra toda la humanidad".