El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, requirió la elevación a juicio parcial de la causa que tiene como imputado al líder del Foro Nacional Patriótico (Fonapa), Carlos Gustavo Pampillón, por los daños cometidos en el monumento de “Memoria, Verdad y Justicia” de Base Naval -donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar- y en el Centro de Residentes Bolivianos, donde además de las pintadas se incendió parte de un portón.

En un dictamen que incluye el listado de casi 60 medidas de prueba, el representante del Ministerio Público consideró acreditado que entre la noche del 7 de septiembre de 2011 y las primeras horas de la madrugada siguiente, un grupo de personas instigadas por Pampillón dañaron el monumento conmemorativo ubicado en la entrada de Base Naval. Sobre el letrero horizontal que indica “Aquí funcionó un centro clandestino de detención”, escribieron “Aquí se defiende la patria”. Sobre el pilar que reza “Justicia”, agregaron con aerosol “para todos”; en el que muestra "Memoria” añadieron “completa”, y en el pilar dedicado a “Verdad”, firmaron con la sigla “Fonapa”. Mientras tanto, gritaban “Viva Giachino”. “El ataque al  monumento se realizó en repudio a la decisión del Concejo Deliberante de esta ciudad de quitar el cuadro del Capitán Giachino que estaba colgado en el recinto”, repara el dictamen.

El segundo hecho ocurrió entre la medianoche del 24 de febrero de 2014 y las primeras horas del día siguiente. Se le atribuye a Pampillón haber instigado a un grupo de personas a que dañaran el Centro de Residentes Bolivianos, situado en avenida Colón 9040. Allí –previo blanquear la pared, quedó escrito: “Fuera Bolivia de Salta. La Patria no se negocia. Ojo… arderá el escarmiento. Fonapa – La Giachino, viva la patria carajo”. También, se prendió fuego parte del portón de chapa lindero al muro.

“Además del móvil discriminatorio, la agresión estuvo inspirada en el deseo de venganza contra la decisión de la Comisión Nacional de Límites (Conali) de colocar nuevos mojones sobre la línea recta limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia, colocando un séptimo hito en el Sector Abra de Santa Cruz en la provincia de Salta”, aclaró el fiscal.

Por otro lado, el dictamen detalla que "el imputado representó en la psiquis de sus seguidores los distintos daños que había que causar, los motivos ideológicos de los mismos y las formas de llevarlos a cabo; todo ello en el marco de un liderazgo que hartamente se encuentra probado y que el nombrado reconoce, por lo que corresponderá que de momento responda a título de instigador o determinador”.

La investigación por otro ataque al mismo sitio de memoria tramita aún en la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata. La causa se había iniciado con la actuación del fiscal Pablo Larriera. Cabe recordar que a principios de julio la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, por unanimidad, había resuelto confirmar el procesamiento de Pampillón.

Calificación legal de los hechos

En concreto, los hechos que el Ministerio Público Fiscal de la Nación dio por probados constituyen los delitos de daño doblemente agravado, por haberse cometido en venganza de la determinación de una autoridad y por tratarse de un monumento –para el caso de Base Naval-, y de daño agravado por haberse realizado en venganza de la determinación de una autoridad, y también agravado por su carácter discriminatorio en razón de la nacionalidad de las víctimas –respecto al ataque al Centro de Residentes Bolivianos. Pampillón deberá responder como instigador o autor de determinación.

Respecto al ataque al monumento “Memoria Verdad Justicia”, el fiscal Czizik entendió que “el daño efectuado se encuentra agravado, pues el mismo no sólo se causó sobre un monumento público sino también en un signo conmemorativo cuyo objeto no es otro que preservar la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado”.

Pero además, la gran cantidad de elementos probatorios incorporado al legajo permiten sostener que “el daño fue realizado en venganza a la determinación de una autoridad, particularmente a la decisión del Concejo Deliberante que dispuso el retiro del cuadro del Capitán Giachino”. Por ello, la conducta imputada se agrava en función de lo previsto en el artículo 184, inciso 1 del Código Penal.

En relación a la pintada realizada en el Centro de Residentes Bolivianos, se advierte la oposición a la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Límites; y -sostiene la Fiscalía- se vislumbran los mismos patrones delictivos que en el caso anterior: "la utilización de la violencia mediante pintadas y focos ígneos ante el agotamiento de cualquier vía legítima de protesta, sus consecuentes reivindicaciones en redes sociales y medios televisivos y la subyacente estigmatización que ello significó para los integrantes de un centro cultural boliviano”.

Ese ataque, señala luego, “fue inspirado en un móvil discriminatorio que, lógicamente, actúa como agravante en función de lo previsto en el artículo 2 de la ley 23592”.