El ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y nueve gendarmes serán juzgados a partir de hoy en La Rioja por el secuestro y las torturas a prisioneros políticos en junio de 1977 en el Escuadrón N°24 de la Gendarmería Nacional, en Chilecito.

Además de Menéndez (85 años), quien ya cuenta con nueve condenas por crímenes de lesa humanidad, llegan a debate los gendarmes Eduardo Abelardo Britos (62), a la época Oficial de Logística; los entonces sargentos primero Eugenio Vilte (77) y Hernán Pizarro (72); los sargentos Wilson Manuel Velázquez (80) y Normando Guillermo Torres (70); el ex jefe de sección, Ricardo Manuel Torres Daram (53); el cabo primero Cándido Medardo Aroca (72); el 1er alferez Francisco Domingo Franco Casco (60) y Jorge Alberto García (58).

Todos están imputados por privar ilegalmente de la libertad a Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario Del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Ángel, quienes fueron secuestrados en la localidad de Campanas, departamento de Famatina, acusados de "actividades subversivas".

Las víctimas fueron ingresadas como "Detenidos Incomunicados” en la Guardia de Prevención del Escuadrón Nº 24 de la Gendarmería Nacional, y estuvieron en esa condición, según los casos, durante varios días dentro de esa unidad. Luego de ello, fueron derivados a otro centro de detención.

Los imputados también llegan a juicio acusados de aplicar tormentos físicos y psíquicos a Robles de Maza, Ángel, Maza y Reyes Leiva y a Juana Lucia Zamora de Pereyra y Nicolás Silvestre Olivera.

Está previsto que ocho de las nueve víctimas declaren como testigos durante el proceso.

El Tribunal Oral de La Rioja, que llevará a cabo el debate una vez por semana los días viernes, estará integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y la jueza Karina Rosario Perilli, mientras que la acusación pública estará a cargo del fiscal general Michel Horacio Salman y su par de instrucción, Darío Edgar Illanes.

En el requerimiento de elevación a juicio, Illanes sostuvo que los hechos que llegan a debate "se enmarcan en el plan sistemático de exterminio contra militantes políticos, obreros, representantes sindicales, profesionales, docentes, estudiantes, militantes sociales, pergeñado por diversos grupos de poder y ejecutado por las fuerzas de seguridad de nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976, y aún meses antes".