El Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces Orlando Coscia, Alejandro Silvia y Alejandro Cabral, impuso penas de entre tres y once años de prisión para siete militares y un gendarme por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en la provincia patagónica, entre 1976 y 1978.  El juicio abordó los secuestros y torturas sufridas por tres periodistas, y las persecuciones políticas y traslados a centros clandestinos de detención sufridas también por otras siete víctimas que residían en las ciudades de Junín de los Andes, Bariloche y San Martín de los Andres.

Los imputados pertenecían a la VI Brigada de Montaña del Destacamento de Inteligencia 182, la Escuela de Instrucción Andina y Gendarmería Nacional e integraban el grupo de inteligencia que definía sobre los destinos de los perseguidos políticos secuestrados y desaparecidos en la región. 

De esta manera, el tribunal condenó a once años de prisión al ex director de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche Néstor Castelli y al ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén Oscar Lorenzo Reinhold. Asimismo, impuso penas de siete años para los ex militares Sergio San Martín, Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasqual. También recibieron penas el ex comandante de Gendarmería Nacional Jorge Sachitella (cuatro años) y el ex integrante de inteligencia Carlos Benavídez (tres años en suspenso). 

En tanto, el ex interventor militar del municipio de General Roca, Fernando Zárraga, deberá cumplir cinco años de prisión.

A lo largo del juicio iniciado el 18 de junio prestaron declaración testimonial 34 testigos. Durante las audiencias de debate tres de los ocho acusados negaron su vinculación con los crímenes imputados. El resto de los represores no declaró.

El alegato

El veredicto dado a conocer ayer por el Tribunal Oral Federal de Neuquén contiene penas inferiores a las oportunamente requeridas por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, En su alegato, el fiscal Palazzani había solicitados penas de entre seis y veinte años de prisión, al considerar que durante el juicio había quedado probada la responsabilidad penal de todos los acusados, especialmente a partir de la gran cantidad de prueba documental reservada en la causa y los testimonios recibidos en el debate. "Hemos podido vivenciar dos fenómenos emblemáticos consecuencia de estos crímenes: la desaparición y el exilio. Dos consecuencias del terror que, como pudimos advertir, extienden sus consecuencias hasta la actualidad”, señaló. En esta misma sintonía, enfatizó: “Estos delitos constituyen prácticas genocidas contra una parte del pueblo argentino”.