18 de julio de 2024
18 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Juicio por el centro clandestino de detención "La Escuelita"
Neuquén: los fiscales solicitaron 25 años de prisión para cuatro militares y 20 para un policía
Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron las penas por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en perjuicio de 56 personas. El juicio comenzó en octubre.

Los fiscales Adrián García Lois y Marcelo Walter Grosso solicitaron penas de 25 años para cuatro militares y de 20 para un policía por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en perjuicio de 56 personas en la jurisdicción de Neuquén. Los acusados son el ex teniente coronel de Inteligencia Jorge Héctor Di Pasquale, de 66 años; el ex jefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182 Mario Alberto Gómez Arenas, de 82; el ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, de 83; el ex jefe de la Sección Sanidad de Unidad Militar, Hilarión de la Paz Sosa, de 82, y el ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, de 76. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también pidieron la inhabilitación perpetua para los cinco acusados, y que a Gómez Arenas se le revoque la prisión domiciliaria.

Grosso se hizo cargo del alegato contra Farías Barrera, Soza y Pas Sosa; en tanto que García Lois contra Gomez Arenas y Di Pascuale.

En el juicio, que comenzó el 17 de octubre pasado, se tratan delitos cometidos en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, ubicada en los fondos del Batallón Ingenieros de Construcciones 181, sobre terrenos bajo jurisdicción del Ejército Argentino.

El Tribunal, integrado por el titular del juzgado Federal de Bariloche, Leónidas Moldes; el integrante de la Cámara Federal de General Roca Richar Fernando Gallego, y el miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal Diego Gustavo Barroetaveña; también abordó privaciones ilegales de la libertad ocurridas en Río Negro, tanto en General Roca como en Cipoletti, en este último caso en un centro de detención que funcionaba en la Comisaría 4ta.

En su alegato, el fiscal Grosso destacó que “las víctimas no actúan como actuaron en su momento las Fuerzas Armadas y de seguridad; las víctimas actúan buscando justicia y no venganza, como suelen argumentar algunos de los que se encuentran hoy sometidos a juicio con todas las garantías”.

Con respecto a la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que “se acreditó que la Delegación Neuquén de la Policía Federal puso sus instalaciones a disposición de personal civil de inteligencia a efectos de concretar maniobras vinculadas a la reunión de información; y que de ello da cuenta la asidua concurrencia a la Delegación por parte de Raúl Guglielminetti, quien junto con las autoridades de la dependencia, se ocupaba de llevar a cabo los interrogatorios a los detenidos, quienes eran víctimas de aberrantes maltratos".

Por otra parte, García Lois dijo que ”lo que se está juzgando concretamente es el accionar del aparato estatal, a través de sus agentes y con elementos del estado, quienes cometieron los delitos enrostrados; es decir ataques generalizados a la población civil”.

El fiscal concluyó que “luego de haber presenciado la incorporación de toda la prueba producida durante el debate, y apreciada la misma de acuerdo a las reglas de la sana crítica, considero que no existe lugar a la más mínima duda sobre la responsabilidad de Jorge Héctor Di Pascuale y Mario Alberto Arenas en los hechos en que se los acusa".