05 de febrero de 2023
05 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Lo solicitó el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Miguel Palazzani
Neuquén: Piden indagar a ex militares por apropiación de fondos de una Cooperativa para la compra de departamentos
El Ministerio Público Fiscal investiga la intervención en 1976 de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas de esa ciudad y la posterior eliminación de la lista de futuros adjudicatarios de 21 unidades que estaban en construcción.  Fueron adquiridas por el Ejército, Gendarmería y Policía Federal, en un contexto de “persecución política e ideológica a periodistas y medios de prensa de la región”.

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, a cargo de Miguel Palazzani, solicitó que cinco personas sean indagadas por su presunta participación en la apropiación ilegal durante la última dictadura cívico militar de los fondos aportados por 21 socios de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, que estaban destinados a la compra de departamentos ubicados en un edificio de esa ciudad.

El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal alcanza a los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, y de sus jefes en el comando de la Subzona 5.2 Oscar Lorenzo Reinhold, que estaba a cargo de la División Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, y de Personal, Luis Alberto Farías Barrera. En ese sentido, Palazzani consideró como “prioritaria” la actividad de inteligencia militar durante el terrorismo de Estado para la comisión de los hechos. Por parte de la Unidad de Asistencia intervinieron además Jorgelina Dalessandro, David Maestre y Gabriela Schumacher.

Intervención y eliminación de futuros adjudicatarios

“Los hechos delictivos investigados habrían comenzado a materializarse con la intervención militar de la mencionada Cooperativa, realizada el 24 de marzo de 1976. En aquella jornada, vehículos militares ocupados por integrantes del Ejército Argentino arribaron a la ‘Torre de Periodistas I’, sita en la calle Periodistas Neuquinos N° 19 de esta ciudad y donde funcionaba su sede,  irrumpieron en el lugar, secuestraron documentación y desplazaron a sus autoridades legítimas e impusieron como su interventor al ex integrante del Ejército Argentino, Ulises Normando Baca Cau, trasladando su sede al Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña”, contextualizó el fiscal general.

A partir de esa intervención “se procedió a eliminar de la lista de futuros adjudicatarios de viviendas” del edificio, que se encontraba en construcción desde 1972. Al menos 21 socios de la cooperativa habrían estado pagando ante el Banco Hipotecario Nacional las cuotas mensuales correspondientes para la compra de los departamentos, dinero del que el Ejército se habría apropiado frustrando así “la legitima expectativa de acceder a una vivienda”.

Segunda etapa de la maniobra

El dictamen de la Unidad Fiscal indicó que a partir de la inauguración de la “Torres de Periodistas I”, realizada el 7 de noviembre de 1977 -acto del cual participó Baca Cau y el entonces gobernador general José Martínez Waldner-, “comenzó la segunda etapa de la maniobra delictiva”.

Al respecto, Palazzani señaló que este tramo de la conducta criminal se materializó “a través de la participación del entonces Banco Hipotecario Nacional, ya intervenido por autoridades militares, que valiéndose de un poder irrevocable concedido por la Cooperativa en el año 1972, procedió en fecha 29 de septiembre de 1978 a vender o simular la venta de al menos 21 departamentos a distintas fuerzas de seguridad”. Así, el Ejército se quedó con 15 unidades - Pb, letra “F”, 1° piso letra “F”, 3° piso, letra “A”, 3° piso, letra “F”, piso 4° letra “C”, piso 5° letra “F”, piso 6° letra “F”, piso 7, letra “D”, piso 10 letra “D”, piso 10 letra “F”, piso 11 letra “D”, piso 11 letra “F”, piso 12, letra “D”, piso 12 letra “F”, piso 13° letra “F”; Gendarmería con las correspondientes al Piso 2°, letra “B”, piso 8 letra “E”, piso 14, letra “A”; y Policía Federal con las de Piso 12, letra “B” y piso 14, letra “C”.

La maniobra, además, habría comprendido la venta de dos terrenos lindantes al de la Torre y propiedad de la Cooperativa, en los que se encontraba proyectada la construcción de un Centro Cultural Comunitario y cocheras.

Participación

En cuanto a la presunta actividad de los imputados, habría consistido, en el caso de Reinhold, Di Pasquale, Molina Ezcurra y San Martin, “en la labor de inteligencia para la preparación y puesta en marcha de la maniobra ya descripta, respecto a la identificación de los integrantes de la Cooperativa que luego habrían sido eliminados del listado de futuros adjudicatarios, para de esta forma facilitar la venta o su simulación”; y en el caso “de Reinhold, al igual que su par Farías Barrera, en la condición que ambos ejercían como Jefes de División, Inteligencia y Personal respectivamente, del Comando de Infantería de Montaña VI de Neuquén (Subzona 5.2)”, la intervención de la sede de la Cooperativa el 24 de marzo de 1976 “a través de personal militar a su cargo”, el secuestro de documentación, la remoción de sus autoridades y el traslado de toda su actividad “a la sede del Comando”.

Persecución a los medios de prensa

Por otro lado, el representante del MPF explicó que los hechos “habrían sido cometidos en un contexto de persecución política e ideológica a periodistas y medios de prensa de la región, y en particular a miembros fundadores de la Cooperativa, ordenada por las autoridades del Comando de la Subzona 5.2”. Al respecto, describió los casos de quien fuera su último presidente antes de la intervención militar, Enrique Oliva, “quien debió exiliarse en Paris en los días siguientes y de Marta Delfina Echevarría, que también en aquella fecha fue secuestrada por un grupo de tareas” y luego tuvo que irse a Brasil, tras el secuestro e interrogatorio bajo tortura “de quien fuera su socia Marta De Cea”.