26 de enero de 2022
26 de enero de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Exposición del fiscal general Carlos Amad y del fiscal ad hoc Diego Vigay
Resistencia: la fiscalía pidió penas de entre 10 y 25 años para todos los acusados en la causa Caballero III
Son ex policías provinciales, ex militares y un ex penitenciario federal acusados de participar en crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 33 víctimas detenidas por razones políticas entre 1974 y 1979. El 30 de abril se conocerá el veredicto

El fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Diego Vigay solicitaron hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia la imposición de penas de entre 10 y 25 años de prisión para los ochos acusados de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 33 víctimas detenidas por razones políticas cuyos casos fueron juzgados en el marco de la causa conocida como "Caballero III".

Los delitos por los que acusaron los representantes del MPF fueron perpetrados entre 1974 y 1979; abarcan tormentos, privación ilegítima de la libertad y violencia sexual en los centros clandestinos de detención de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, la Alcaidía Policial de esa ciudad y la Unidad Penal N°7 del Servicio Penitenciario Federal.

Para el ex comisario general José Rodríguez Valiente y el ex sub oficial mayor Gabino Manader, ambos ex miembros de la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco, los fiscales solicitaron penas de 25 años de prisión; 20 años para el ex sargento José Marín y el ex sub oficial principal Jorge Ibarra, de la misma repartición que los anteriores; 18 años para el ex capitán del Ejército Tadeo Betolli y para el ex oficial Francisco Álvarez, de la Alcaidía; 15 años para el teniente primero del Ejército Luis Alberto Pateta y 10 años para el alcalde del Servicio Peniteniciario Federal Pablo Casco. Además, los representantes del MPF solicitaron la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los imputados.

La causa recibió el nombre de CaballeroIII/Brigada III porque es el tercer tramo de juzgamiento de crímenes en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciónes de Resistencia, uno de cuyos principales responsables fue el fallecido subjefe Lucio Caballero.

Vigay comenzó el alegato de la fiscalía con el análisis y valoración de la prueba y detalló que el MPF enmarca los hechos de la causa en el contexto histórico de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

“Como MPF, más allá de la cuestión de la imputación del delito, entendemos que como reconstrucción de la verdad histórica sería importante que en la sentencia se mencionara que el último lugar donde las víctimas fueron vistas con vida fue en la Brigada de Investigaciones. También creemos que algunos de los imputados tienen información de cuál pudo haber sido el destino final.  Sería muy importante que puedan darlo a conocer”, señaló. La referencia fue a los cuatro casos de personas desaparecidas que integran el objeto procesal: los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) -secuestrados a fines de 1977- Enzo Lauroni, Mónica Almiron, José Oviedoy Abel Arce.

Por su parte, Amad realizó el análisis de los tipos penales y el pedido de penas específicamente. “Estos delitos han sido perpetrados desde una posición de poder, del poder usurpador que se hizo cargo de este país en el último y sangriento golpe cívico y militar del cual toda la Nación ha sido víctima. Lo que pasa es que hay personas que lo han sufrido en carne propia”, aseguró el fiscal general.

Y continuó: “Todos estos delitos han sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio y en ocasión de sus funciones. Aquí han pasado cosas terribles. Durante años una estructura criminal estatal procedió a privar ilegítimamente de la libertad a personas a las que ellos consideraban su enemigo. Estos señores, en su accionar criminal, formaban parte de un grupo de tareas. Tenían un poder usurpado y se creyeron con el derecho de privar ilegítimamente de la libertad a las personas”.

Amad describió el desempeño de los acusados en los lugares sindicados como centros clandestinos de detención y otras reparticiones que se volvieron clandestinas, como la Brigada de Investigaciones. “La mayoría de las personas que eran secuestradas en la vía publica eran llevadas ahí. Detenían a ciudadanos y los llevaban en contra de su voluntad, sin la orden de ningún juez y ahí los sometían a tortura buscando información. Son responsables de los delitos que se le imputan”, concluyó.

El debate comenzó el 12 de abril y a lo largo de cuatro audiencias declararon 35 testigos, tanto de manera presencial como de manera remota. El 30 de abril el Tribunal Oral Federal de Resistencia dará a conocer el veredicto.