El fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en Rosario, Adolfo Villatte, requirió hoy la elevación a juicio de la causa que tiene acusados a dos ex militares de inteligencia por el robo de expedientes y elementos probatorios de un juzgado provincial, que comprometían la responsabilidad de sus camaradas en el terrorismo de Estado.

La operación en cuestión, que fue presentada en documentación secreta del Ejército como una acción de inteligencia, fue concretada durante la vigencia del Estado de derecho, en la madrugada del 8 de octubre de 1984, pocos días después de que la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) concluyera su labor de relevamiento en todo el país y, en ese contexto, hubiera aportado profusos elementos de prueba y sugerido medidas probatorias en las investigaciones que se estaban desarrollando en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario en la causa N° 6/84, caratulada “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.

"La finalidad de dicha Operación Especial de Inteligencia fue obtener impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción en el período de terrorismo de estado; ello respecto del personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que se encontraba identificado en el material que había sido secuestrado por el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario a pedido de la CONADEP", detalló la fiscalía.

"La finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial", escribió el militar ahora acusado en su reclamo de ascenso.

La acusación del fiscal Villatte fue dirigida contra el entonces segundo jefe del destacamento, Luis Américo Muñoz, y contra su superior, el jefe de inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército, Héctor Fructuoso Funes. El primero fue acusado como autor y el segundo en carácter de autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad en tres casos (que tuvieron como víctimas a los policías que realizaban la guardia de la sede de los tribunales provinciales), robo calificado en dos hechos, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.

De acuerdo con la pieza acusatoria, formulada ante el Juzgado Federal N° 3, alrededor de la 1.45 del 8 de octubre de 1984 Muñoz comandó a un grupo de integrantes de la inteligencia castrense que amenazó con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los tribunales provinciales, ubicados en la calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini, le sustrajo sus armas reglamentarias y los maniató y los encerró en el recinto de la guardia, donde fueron hallados y liberados por el personal que llegó a trabajar a las 5.00.

Luego de neutralizar a la guardia, el grupo sustrajo "casi la totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas" por la Delegación Rosario de la CONADEP, que dieran lugar a la formación de la causa "Feced", así conocida por el nombre del jefe policial durante la época del terrorismo de Estado. Para esa acción, fueron forzadas las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado, la del despacho del juez, las del cajón central de su escritorio y las de dos armarios.

Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas y documentación -incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio- con datos de diferentes personas, tanto víctimas como posibles imputados. También había "organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión; designación de lugares donde se habrían realizado operativos durante la dictadura militar y tareas asignadas a los miembros del grupo; gran cantidad de carpetas de diferentes personas en cuyos domicilios presuntamente se habrían efectuado operativos" y otros elementos, como sellos, una máquina de escribir, ficheros y vajilla, todos secuestrados en allanamientos practicados en la investigación de los crímenes.

Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas y documentación -incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio- con datos de diferentes personas, tanto víctimas como posibles imputados.

En su acusación, el fiscal Villatte remarcó que "la finalidad de los hechos mencionados constitutivos de la Operación Especial de Inteligencia detallada, fue neutralizar las acciones legales entabladas por las organizaciones de derechos humanos para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil del Ejército Argentino, como así también personal policial, en razón de los delitos por éstos cometidos en la jurisdicción del Comando del Segundo cuerpo de Ejército, Subzona 21, Área 211 y que habían sido denunciados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)".

"Llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas"

La investigación que llegará a debate oral y público tuvo su origen en el examen realizado sobre el legajo de Muñoz. En esa documentación, la Fiscalía Federal de San Nicolás halló un reclamo administrativo del ahora acusado, a quien investigaba por su rol durante la dictadura como segundo jefe -primero- y jefe -con posterioridad- de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

El reclamo estaba dirigido a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al Presidente de la Nación en carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Muñoz solicitaba la revisión de la calificación de "apto para continuar en su grado", que no le permitía ascender.

En esa presentación, el militar realizó la mejor descripción que pudo de sus tareas desarrolladas en años anteriores, que no podían ser reveladas con todos los detalles por tratarse de operaciones secretas. Se refirió, particularmente, a dos "Operaciones Especiales de Inteligencia", tal su denominación. La segunda de ellas, para la Unidad Fiscal, hace referencia al episodio por el que irá a juicio oral. En su presentación recursiva a las autoridades castrenses, Muñoz señaló: "Segunda Operación Especial (año 1984). Aquí la operación consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial. Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido", pues -indicó- "permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas".

En su acusación, la fiscalía analizó la documentación y señaló que "no existe, durante el año 1984 en Rosario y en el ámbito de acción del Destacamento de Icia 121, otro hecho que pueda ser catalogado como tal y que coincida con la descripción realizada por Luis Américo Muñoz en el reclamo documentado en estos autos".

Además, sostuvo que, al haberse realizado presuntamente la operación especial por personal perteneciente al Destacamento Inteligencia 121 que operaba en la órbita del Comando del Cuerpo II del Ejército, la participación del jefe de inteligencia de la plana mayor, coronel Héctor Fructuoso Funes, devino necesaria y la atribución de su responsabilidad está fundada en función del comando al cual respondía aquel destacamento.