La fiscal federal subrogante de San Nicolás, María Paula Moretti, requirió la elevación a juicio oral y público de la causa que se le sigue por crímenes de lesa humanidad al ex penitenciario bonaerense Domingo Ramón Mac Tier, acusado por la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de tormentos contra tres víctimas que estuvieron secuestradas entre noviembre y diciembre de 1977 en la Unidad Penal N°3 de esa ciudad, que estaba a su cargo.

Mac Tier, de 76 años, está acusado en grado de coautor de aquellos crímenes. "En su condición de director de la Unidad Penal N°3 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, efectuó un aporte esencial para el desarrollo de todos los hechos que acontecieron durante el alojamiento de Gil, Ocariz y Lita". La casa habitación del subdirector de ese penal funcionó como centro clandestino de detención (CCD) bajo el control operacional del Area Militar 132.

Luis Eduardo Lita, Norberto Oscar Gil y Jorge Enrique Ocariz fueron secuestrados en diferentes operativos entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1977. Las historias que los tuvieron como víctimas son casi idénticas: fueron torturados y mantenidos cautivos en la clandestinidad y luego "blanqueados" a disposición del Poder Ejecutivo Nacional e imputados en causas judiciales fraguadas por violación a ley 20.840, conocida como antisubversiva.

La fiscal Moretti señaló en el requerimiento de elevación a juicio que "los hechos investigados en el presente proceso constituyen delitos de lesa humanidad en el contexto del genocidio político cometido en la Argentina" y los calificó con la tipificación nacional vigente a la época de los hechos como privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en concurso real con tormentos.

La casa habitación del subdirector la Unidad Penal N°3 de San Nicolás funcionó como centro clandestino de detención bajo el control operacional del Área Militar 132.

Víctimas de los militares y del Poder Judicial

Los hechos por los que fue acusado Mac Tier ya fueron acreditados judicialmente en un juicio previo que culminó con la condena de los coroneles retirados Manuel Fernando Saint Amant y Norberto Ferrero, ex jefes del Área Militar 132.

1) El comerciante Luis Eduardo Lita fue secuestrado el 1° de noviembre de 1977 a las 23.30 del Club 12 de Octubre de la ciudad de San Nicolás. Fue encapuchado y llevado al CCD que funcionaba en la casa habitación del subdirector de la Unidad Penal N°3, donde permaneció hasta el 30 de noviembre, "en todo momento esposado y tabicado", consignó la fiscal. "En este lugar fue sometido a interrogatorios bajo tormentos tanto físicos como psíquicos, los que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y amenazas de muerte", describió

Lita fue interrogado por un supuesto vínculo con el PRT-ERP y por haber sido garante de una mujer -a quien las fuerzas de seguridad perseguían- en un contrato de locación suscripto con anterioridad a 1975.

El 30 de noviembre fue traslado a otro CCD ubicado en San Pedro y el 7 de diciembre, en el baúl de un auto, fue trasladado a la comisaría de Baradero. Allí se lo obligó a firmar una declaración con información falsa, en donde -entre otras cosas- se consignaba que había sido detenido esa misma madrugada cuando portaba material de propaganda del ERP. Con esas actuaciones, se le abrió una causa penal por infracción a la ley 20.840, que estableció tipos penales para la persecución política. Fue condenado a tres años de prisión. La pena fue revocada por la Cámara Federal de Rosario, pero Lita continuó detenido hasta junio de 1982 por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

El juez federal que lo había mantenido encerrado, el suboficial mayor (RE) del Ejército Argentino Luis H. Milesi, le rechazó un habeas corpus. La Cámara Federal, que terminó haciendo lugar a aquél recurso en 1981 tras la apelación de la víctima, también le había ordenado al juez abrir un sumario por los apremios ilegales que le impusieron durante su detención. El juez delegó la investigación en la policía provincial, que recomendó el sobreseimiento de la causa.

Las tres víctimas siguieron el mismo derrotero: fueron secuestradas y torturadas, se las vinculó a organizaciones políticas y se fraguaron actuaciones para mantenerlas detenidas durante años.

2) Norberto Oscar Gil era abogado de presos políticos y tenía 38 años. Fue secustrado el 24 de noviembre de 1977 a las 0.45 del Club 12 de octubre de San Nicolás y luego trasladado al mismo CCD que Lita. "Durante su cautiverio, Gil fue sometido a interrogatorios bajo tormentos, los que incluyeron golpes de puño, habiendo sido especialmente interrogado por su intervención como abogado en la confección del contrato de locación en el cual Luis Eduardo Lita era uno de los garantes y que fuera referido precedentemente. En ese contexto, fue sometido a una feroz golpiza que lo dejó inconsciente", indicó la Fiscalía en la acusación.

El 9 de diciembre Gil fue retirado de aquél CCD y llevado en el baúl de un auto a la comisaría de Pergamino. Allí se fraguaron actuaciones en las que se asentó que había sido detenido por la policía bonaerense a las 4.30 de la mañana de esa misma jornada en el cruce de las rutas 178 y 188 con material de propaganda del ERP.

En base al acta de procedimiento, el juez Milesi dictó la prisión preventiva de Gil, que fue confirmada luego por la Cámara Federal de Rosario. En el marco de ese proceso, la víctima fue condenada a dos años de prisión. "De la lectura del expediente en que fue encausado surgen idénticas constataciones a las referidas en relación a las otras víctimas de este caso, Lita y Ocariz. El Dr. Norberto Oscar Gil fue condenado sobre la base de un acta de procedimiento falsa, elaborada sobre pruebas de cargo que le fueron implantadas, y la que fue obligado a suscribir bajo amenazas en sede de la Comisaría de Pergamino luego de haber sido atrozmente torturado durante quince días", indicó la Fiscalía.

Los apremios denunciados por Gil también fueron delegados a la policía bonaerense por el juez Milesi. La causa se cerró sin imputados.

3) Jorge Enrique Ocariz era arquitecto. Fue secuestrado el 1° de diciembre de 1977 a la 1.30 cuando regresaba a su domicilio en la ciudad de San Nicolás. Sorprendido por una persona que estaba en el interior de su vivienda con el rostro cubierto con una media, luego fue trasladado al mismo CCD que Lita y Gil, donde lo torturaron. Durante los interrogatorios, los represores le endilgaban la construcción de una "cárcel del pueblo" del ERP, ubicada en Campana, haber participado de una reunión de adoctrinamiento, y distribuir publicaciones de esa organización, entre otros hechos.

Horas después del secuestro de Ocariz, fuerzas del Área Militar 132 con sede en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, al mando del por entonces Teniente Primero Horacio Fernando Lauría, perpetraron un allanamiento en el domicilio de Jorge Ocariz, en el cual simularon haber hallado dos latas de pomada conteniendo material explosivo. Un parte militar también da cuenta de un supuesto allanamiento en el domicilio de los padres de Ocariz: informaron que habían secuestrado publicaciones políticas.

El 13 de diciembre Ocariz fue sacado del CCD y llevado a la Comisaría de Colón, donde fue obligado a firmar un acta de procedimiento fraguada en la que se dio cuenta de su detención a las 4.00 de la mañana de ese mismo día por portar armas y material de propaganda del PRT-ERP.

Con ese acta, fue sometido a una causa judicial por violación a la ley 20.840. Le fue dictada la prisión preventiva por el juez Milesi. La resolución fue luego confirmada por la Cámara Federal de Rosario. Pese a que resultó absuelto en ese expediente en mayo de 1979, recuperó su libertad -vigilada- recién el 19 de agosto de 1982, dado que siguió detenido a disposición del Poder Ejecutivo.

La investigación por apremios ilegales que formuló Ocariz también fue delegada por el juez Milesi en la policía bonaerense, que -al igual que en los casos anteriores- no obtuvo resultados.