La fiscal federal de San Nicolás, María Paula Moretti, solicitó las declaraciones indagatorias de tres ex militares y un ex miembro de la Policía Federal Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Pedro Chabrol en noviembre de 1975. El requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal cursado al Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción es por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” en concurso real con el “delito de tormentos agravados por ser la persona un perseguido político”.

El pedido formulado por Moretti alcanza a los entonces coronel Antonio Federico Bossie, al teniente coronel primero Bernardo Luis Landa y al subteniente Miguel Ángel Vera, quienes ostentaban altos mandos en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132. También abarca al comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, quien a la fecha de los hechos estaba a cargo "de la Delegación San Nicolás de la Policía Federal Argentina como jefe".

“Los hechos objeto del presente proceso se circunscriben a establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetró la privación ilegal de la libertad de Pedro Pablo Chabrol, hecho que tiene la particularidad de haber sido ejecutado por agentes del estado con anterioridad al golpe de estado cívico militar del 24 de Marzo de 1976”, contextualizó la fiscal federal. Y precisó: “Ya con anterioridad a esa ruptura institucional, el terrorismo de estado estaba totalmente implementado y plenamente vigente”.

El hecho investigado

En el escrito dirigido al Juzgado, la fiscalía calificó al caso investigado como “paradigmático”: Chabrol se radicó en San Nicolás “buscando preservar su vida”, dado que dos de sus hermanos menores, militantes del centro de estudiantes del colegio secundario al que concurrían en Córdoba, “habían sido detenidos y hasta su arribo a esta ciudad permanecían en condición de desaparecidos”; otro de sus hermanos, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, “estaba detenido a disposición del PEN”. “Su padre estuvo detenido desaparecido durante varios meses en un centro clandestino de detención y uno de sus tíos fue ejecutado sumariamente”, detalló Moretti.

De acuerdo a la acusación, el delito investigado “tuvo principio de ejecución en el mes de noviembre del año 1975”, cuando en el cruce de Garibaldi y Alem, la víctima fue interceptada junto a su tío por tres agentes de la Delegación Local de la Policía Federal cuando se encontraban trabajando. Tras ello fue ingresado a la delegación, donde permaneció en cautiverio “por un lapso aproximado de tres semanas”.

“En ese contexto, Chabrol fue sometido a tormentos”, continuó el dictamen. Entre ellos se enumeró “el haber sido amenazado constantemente con someterlo a asfixias”, “no haber sido puesto a disposición de autoridad judicial alguna, permaneciendo en un estado de incertidumbre permanente en relación a su situación y a su destino”, “el haber sido alojado en un celda en la que se encontraba un detenido con evidentes signos de haber sido torturado”, y “el hecho de haber permanecido en cautiverio en un contexto en el que sus hermanos estaban en condición de desaparecidos y otro de ellos detenido por su militancia política”. “Más allá de no haber recibido castigos de orden físico directamente sobre su cuerpo, del análisis de todas las pruebas incorporadas se desprende el suplicio psicológico al que fue sometido, habiendo sido ese el propósito de los captores al ejecutar la detención del mencionado, esto es, someterlo a un estado de terror del que nunca se olvidaría”, se advirtió en el documento. Tras la su liberación, el hombre se exilió en España, junto a sus padres y restantes hermanos.

Para la Fiscalía federal el cautiverio quedó acreditado con numerosos testimonios, como el de su prima, quien “por muchos días le llevó comida a Chabrol a la Delegación”. En esas ocasiones “le decía ‘ayudame’ y ‘hacé todo lo posible para que no me trasladen de acá y salir lo antes posible’”. También dio cuenta de la detención el ya mencionado “compañero de celda”, y luego otra mujer que fue alojada allí. Esas detenciones ilegales tramitan en otro expediente.

Tras repasar la jurisprudencia pertinente, la fiscal federal Moretti consideró respecto de los imputados que “se trata de integrantes del Ejército que por sus posiciones en la cadena de mando y por los cargos asignados en una Área Militar han tenido la capacidad de dirigir parte de la estructura para la consecución de los hechos ilícitos investigados”.  “En tal sentido -añadió-, la imputación a los integrantes de los estamentos más altos del Batallón de Ingenieros de San Nicolás ha sido efectuada en orden a la función asignada en la estructura del aparato terrorista estatal, toda vez que posibilitaron las acciones diagramadas y como tal han sido los impulsores del funcionamiento regular de la maquinaria”.