21 de mayo de 2024
21 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal Martín Suárez Faisal intervendrá en representación del MPF
Santa Fe: comienza un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el penal de Coronda
Al debate llegarán como acusados dos miembros de Gendarmería que ocuparon cargos en la dirección de esa cárcel. Se les imputan los tormentos sufridos por casi cuarenta víctimas y los homicidios de Luis Alberto Hormaeche y Raúl Manuel San Martín.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dará inicio hoy al juicio por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en el penal de Coronda en perjuicio de 39 detenidos. Al debate oral y público llegan como acusados Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, dos ex miembros de la Gendarmería Nacional que desempeñaron cargos en la dirección de esa cárcel santafesina, en tanto que Martín Suárez Faisal intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal.

Al momento de requerir la elevación a juicio de la causa en octubre de 2013, el fiscal federal que intervino en la etapa de instrucción, Walter Rodríguez, había contextualizado que “el Instituto Correccional Modelo U-1 de la ciudad de Coronda de la provincia de Santa Fe, recibió a los detenidos por motivos políticos que provenían desde los diferentes centros clandestinos de detención montados en la provincia, quienes fueron sometidos al riguroso régimen impuesto por Gendarmería Nacional -que se encontraba al mando del mismo-, siendo víctimas de diferentes delitos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos”.

En ese sentido, Rodríguez reseñó que en abril de 1977 “el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército Argentino remitió al Jefe del Área 212 y a la unidad carcelaria de Coronda una orden secreta -el ‘Documento CLH-317’- denominada ‘Campaña Pensionista’, destinada a implementar para los detenidos un cuadro disciplinario y de aislamiento más severo aún, y también de hostigamiento a sus familiares”. De acuerdo a la pieza acusatoria, dicha directiva establecía que Departamento III (Operaciones) del Comando del II Cuerpo del Ejército "planeará y conducirá una campaña de comunicación social sobre los DDSS [detenidos] alojados en Institutos Carcelarios y familiares de los mismos a partir del 07 Abr 77, para modificar conductas, impedir el indoctrinamiento y vinculaciones con BDS [por bandas de delincuentes subversivos], a fin de permitir su deserción, desmoronamiento de las bandas de delincuentes y recuperación del individuo”, el cual comprendía tres fases: la primera de “ablandamiento y selección”, la segunda de “diferenciación y articulación” y la última de “reorientación y consolidación”. Además, se propugnaba la clasificación de los “delincuentes subversivos” encarcelados en “1.- Resistentes”, “2.- Indefinidos” y “3.- Dúctiles”, sobre los cuales recaía un régimen diferenciado dentro del penal.

El MPF acusa a Domínguez y Kushidonchi como “autores mediatos en la ejecución del plan criminal dentro del Instituto Correccional Modelo U-1 de la ciudad de Coronda”; en particular, el fiscal consideró que el primero de ellos deberá responder por la muerte de Luis Alberto Hormaeche, ocurrida en la madrugada del 19 de diciembre de 1977, y los tormentos sufridos por las torturas “consistentes en los malos tratos materiales y morales que le fueron aplicados” a los internos, en los periodos que se desempeñó como interventor. En cuanto a Kushidonchi, Rodríguez consideró que también debía ser enjuiciado por los tormentos infligidos y el deceso de Raúl Manuel San Martín, ocurrido el 8 de abril de 1979 “como consecuencia de múltiples y reiteradas torturas infligidas por su condición de perseguido político, en el penal a su cargo”.