10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los secuestros y homicidios de dos abogadas en noviembre de 1974
Santa Fe: insistieron con la indagatoria a un ex jefe policial por un crimen de la Triple A
El fiscal Walter Rodríguez reiteró un pedido que había formulado el año pasado para que se indague al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal por los asesinatos de Marta Zamaro y Nilsa Urquía. Lo acusa de integrar la Triple A y de participar en la ejecución de los crímenes.

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez reiteró al juez Rubén Reinaldo Rodríguez el pedido para que llame a declaración indagatoria al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal José Luis Díaz sindicado como integrante de la banda paraestatal Triple A que secuestró, torturó y asesinó a las abogadas Marta Adelina Zamaro y Nilsa María Urquía en noviembre de 1974. La presentación del representante del Ministerio Público, formulada el martes pasado, es la reiteración de un pormenorizado requerimiento presentado el 27 de agosto de 2014, que el juez Rodríguez aún no resolvió. Sólo indicó el 11 de septiembre que debía incorporar prueba documental e informativa.

En efecto, el fiscal aclaró al juez que debe considerar el escrito de la semana pasada como el paso previo a la presentación de un "pronto despacho", lo cual obligaría al juez a pronunciarse obligatoriamente en tres días. Si el representante del MPF no obtuviera respuesta, podría denunciarlo ante la Cámara Federal por retardo de justicia. "Vuestra Señoría tiene que adecuar su labor a la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, que estableció allí como regla segunda el deber de los magistrados en punto a evitar demoras innecesarias y formulismos que retarden el trámite de causas relativas a crímenes de lesa humanidad", puntualizó Rodríguez.

Marta Adelina Zamaro y Nilsa María Urquía fueron secuestradas en la madrugada del 14 de noviembre de aquél año en el domicilio de Diagonal Aguirre N°2537 de Santa Fe. Sus cuerpos fueron hallados el 16 de noviembre con evidentes signos de tortura de picana y golpes, con sus rostros cubiertos con tela adhesiva y las extremidades atadas con tela, en el arroyo Cululú, a pocos kilómetros de la ciudad santafesina de Esperanza. El médico de la policía concluyó en la autopsia que "ambas habían sido sumergidas en el agua cuando se encontraban vivas", precisó el fiscal.

La fiscalía remarcó que las constancias judiciales del expediente tramitado en la justicia provincial en esa época dan cuenta que "la pesquisa se centró en torno a indagar sobre la militancia política de las víctimas, la identidad de las personas que las visitaban en el domicilio que estas habitaban y las actividades que desarrollaban, en lugar de establecer diligencias direccionadas a dar con los autores del hecho".

Según los testimonios recogidos en la causa, Zamaro y Urquía militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), integraban la Asociación de Abogados y defendían presos políticos. Zamaro trabajaba en el Nuevo Diario y había sido electa delegada gremial del Sindicato Gráfico, situación que le dio legitimidad a la Asociación de Prensa de Santa Fe para presentarse como querellante en la causa y acompañar el reclamo del fiscal Walter Rodríguez. Urquía, en tanto, trabajaba en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Un mes antes de que ocurrieran los hechos, Zamaro fue amenazada de muerte junto a otros empleados del diario. Llegó a la redacción un texto que contenía los nombres de los amenazados bajo la leyenda "Condenados a Muerte por la Alianza Anticomumnista Argentina Triple A" y que estaba firmado por el "Comando anticomunista del litoral".

El fiscal indicó que declaraciones de testigos y otros documentos "dan cuenta que las muertes de Zamaro y Urquía son la represalia directa por el ataque y fallecimiento del mayor del Ejército Argentino Néstor López", ocurrida el 7 de noviembre de 1974 y reivindicada por el Ejercíto Revolucionario del Pueblo.

En la causa, quedó establecido que durante el secuestro de las dos mujeres fue liberada la zona y que, al día siguiente, policías de la delegación a cargo de Díaz se hicieron presentes en una agencia de turismo con una copia del recibo de pago de un viaje que Urquía pensaba realizar a México. Los efectivos querían averiguar la fecha de embarque. El fiscal además ponderó testimonios que indicaron que ambas víctimas estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en la delegación de la Policía Federal.

En ese sentido, consideró que Díaz "brindó cooperación intelectual y material indispensable para que los subordinados llevaran adelante la comisión de los hechos ilícitos en cuestión, garantizando su ulterior impunidad".

Rodríguez explicó que "existe un grado de sospecha suficiente de que sin su determinación, sin su intención y su compromiso con las órdenes emanadas de la cúpula de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Bienestar Social, los mismos no podrían haber acaecido". La alusión a la cartera dirigida en 1974 por José López Rega tiene relación con los antecedentes incorporados a la causa sobre la constitución de la Alianza Anticomunista Argentina, el abastecimiento de recursos desde aquella sede ministerial y su labor criminal desarrollada en Santa Fe con miembros de la Policía Federal y del Ejército.

En el pedido de indagatoria, el fiscal Rodríguez resaltó que Díaz asumió el cargo de jefe de la delegación de la Policía Federal el 9 de febrero de 1974, "pocos días antes de que la organización denominada 'Triple A' difundiera una 'lista negra' de futuras víctimas que serían ejecutadas inmediatamente" y que en el legajo policial del imputado se refleja "su destacada actuación en el esclarecimiento de los homicidios de los oficiales del Ejército Argentino Néstor Horacio López y Juan Carlos Gambandé y su intervención en procedimientos llevados adelante por infracciones a la Ley 20840", la denominada "antisubversiva". El caso de López, recordó el fiscal, "no se encuentra exento de denuncias por supuestas confesiones logradas bajo la aplicación de tormentos y torturas en la sede de la Policía Federal, semejantes a las padecidas por las víctimas Zamaro y Urquía".