El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, amplió una vez más la imputación contra el ex secretario judicial Víctor Manuel Montti y reiteró el pedido para que se lo convoque a prestar declaración indagatoria por tres nuevos casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, a quienes se sometió a proceso durante la dictadura con la aplicación de la denominada ley 20840, conocida como "antisubversiva", "en su propósito de brindar aparente legalidad y formalidad que ofrecían los procesos penales a distintas prácticas ilícitas propias del terrorismo de Estado". La Fiscalía imputó al ex secretario por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por abandono de persona agravado por el resultado muerte en el caso de una víctima que falleció intramuros por graves y ostensibles problemas de salud.

La presentación del fiscal Rodríguez amplía la realizada el 1° de julio pasado contra el ex funcionario judicial, que fue durante los '70 superior jerárquico del condenado Víctor Brusa. Cuando cometió los crímenes de lesa humanidad por los que fue encontrado responsable, Brusa era empleado del Juzgado Federal. Luego, durante la vigencia del Estado de derecho, llegó a ser juez hasta su destitución en marzo de 2000.

En la nueva presentación para reclamar la indagatoria del ex secretario Montti, Rodríguez narró en detalle la historia de tres presos políticos que denunciaron que en sede judicial la Policía los había obligado a autoincriminarse y a acusar a otros militantes, y que -dos de ellos- habían sido obligados a firmar encapuchados, pese a lo cual el ex funcionario "no formuló la denuncia penal correspondiente".

Los tres nuevos casos se suman a los once por los que había sido imputado por la fiscalía el mes pasado. Montti, quien en el marco del Estado de Derecho llegó a ser fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, está en libertad porque se encuentra con falta de mérito desde 2011 -dictada por la cámara rosarina- por otros hechos.

En la ampliación del pedido de indagatoria -presentada el viernes pasado-, el fiscal Rodríguez se remitió a los fundamentos vertidos el 1° de julio.  En esa oportunidad, entre otras cosas había indicado que entre 1975 y 1976 el Juzgado Federal donde se desempeñó Montti implementó "un mecanismo que convirtió a esa sede judicial en una especie de 'escribanía' convalidante de los quehaceres del Área de Defensa 212 en materia de la aplicación de la ley 20840". El fiscal también apuntó que Montti fue "un funcionario del Poder Judicial de la Nación al que le han sido transferidas tareas que exceden largamente su condición de fedatario, pues sabido es que el sistema de delegación de funciones -aceptado por el uso y la costumbre- colocó históricamente al secretario como una pieza clave en el desarrollo de la actividad de cualquier Juzgado Federal, reconociéndose incluso cierta autonomía en función de la jerarquía alcanzada en este tipo de esquemas".

En la presentación de julio pasado, Rodríguez había explicado que las declaraciones indagatorias que Montti tomaba a las víctimas de la dictadura junto a su jefe, el fallecido juez federal Fernando Mántaras, "tenían por objeto abordar la anterior 'declaración espontánea' prestada ante las fuerzas policiales o militares, procurando así dar un marco de legalidad a las actuaciones llevadas adelante en la clandestinidad, valiéndose de métodos violentos para obtener información autoincriminatoria o que involucre a terceras personas en conductas 'subversivas'".

Firma a ciegas

En el primero de los casos descriptos en la nueva presentación por el fiscal Rodríguez, un hombre fue interrogado en agosto de 1977 por Mántaras y Montti en la Comisaría 4ª de Santa Fe en base a una supuesta declaración que había brindado cuatro meses antes ante la Policía. En esa declaración policial, la víctima había individualizado a militantes de la Juventud Universitaria Peronista y los había vinculado con Montoneros y con actividades "subversivas". Pero cuando fue llevado ante Mántaras y Montti desconoció la mayor parte de su declaración y dijo que "fue sometido a apremios y que estampó su firma sin saber lo que firmaba por estar con los ojos vendados".

Rodríguez señaló que "a pesar de haber adquirido conocimiento de esta situación, compatible con la existencia de delitos de acción pública, Montti no formuló la denuncia penal correspondiente".

En otro caso, Mántaras y Montti se trasladaron a la cárcel de Coronda a tomar declaración indagatoria a un preso político. La situación fue calcada al anterior, pues la víctima refirió que previamente había sido interrogado por personal policial y que había firmado esa declaración "sin haberla leído", pues la había "prestado con los ojos vendados".

En su declaración apócrifa -a partir de la cual luego fue procesado y condenado-, la víctima reconocía "haber sido colaborador de Montoneros" y que su actividad había consistido en "imprimir publicaciones en un mimeógrafo manual".

Abandono de persona

El tercer caso es el que tuvo como víctima a Luis Alberto Hormaeche, quien -indicó Rodríguez- "falleció como consecuencia de las torturas y demás padecimientos sufridos en el lugar de encierro". De acuerdo con las constancias de la causa, la víctima fue interrogada por el subcomisario Esteban Nicolás Donatti en la Sala Policial del Hospital Piloto, dependiente de la Unidad Regional I, el 26 de abril de 1977. El 4 de abril, Hormaeche había sido secuestrado de su domicilio por personal del Área Militar 212 y llevado a un centro clandestino de detención y sometido a simulacros de fusilamiento, tras lo trasladaron a la comisaría 4ª. El 5 de mayo, Hormaeche fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, se "blanqueó" su detención ilegal.

En la declaración policial se reiteró, como ocurría invariablemente, la autoincriminación de la víctima. No obstante, el subcomisario dejó constancia de que en dos oportunidades el hombre debió ser asistido por mareos e hipertensión arterial que "afectaron su dicción". La declaración fue suspendida y retomada al día siguiente. Los médicos advirtieron la posibilidad de una lesión orgánica y aconsejaron la intervención de un neurólogo.

Casi seis meses después, el 6 de octubre, el juez Mántaras y Montti se presentaron en la cárcel de Coronda a tomarle declaración a Hormaeche, es decir, a contrastarlo con la versión de la declaración policial. En el acta judicial quedó constancia que el declarante le dijo al magistrado y a su secretario que sufría "de hipertensión emotiva y había padecido un ataque que le paralizó la mitad de su cuerpo". Hormaeche añadió que no recordaba "por qué motivo o razón se expresó de esa manera, ya que como lo tiene dicho en este acto, se encontraba en ese momento en un estado de salud muy precario". También, negó pertenecer a la organización Montoneros y reivindicó su actividad gremial en UPCN.

No obstante, el 6 de diciembre Hormaeche fue procesado junto al protagonista del segundo caso expuesto por el fiscal Rodríguez. La resolución indicó que las declaraciones policiales y judiciales de ambos revestían "coherencia y conexión entre sí", lo cual "revela por parte de los indagados su actividad dentro de la Organización OPM Montoneros como así mismo el respectivo grado de concientización y encuadramiento, nombre de guerra, etc".

Trece días más tarde, el coronel Luis Ángel Scaparoni, jefe de la Plana Mayor del Comando 121 del Ejército, informó al juzgado que Hormaeche había fallecido durante el traslado en ambulancia desde su celda a un hospital de Santa Fe "en virtud de una crisis cardíaca". La autopsia reveló que había muerto por un derrame cerebrovascular y el informe mencionó "múltiples lesiones externas de antigua y reciente data, además de riñones y vejiga aumentados en volumen".

"En sede judicial la noticia de la muerte y sus circunstancias sólo sirvieron de fundamento para el dictado de un auto de sobreseimiento por muerte del imputado", remarcó el fiscal, y ponderó que los funcionarios judiciales debieron "evaluar la posible existencia de un hecho de violencia institucional".

En efecto, el fiscal Rodríguez tuvo en cuenta que Mántaras y Montti conocían el estado de salud de Hormaeche no sólo por haberlo entrevistado en su lugar de detención, sino porque su situación "era públicamente conocida por quienes tuvieron trato con él durante su detención en la Unidad Penitenciaria de Coronda, amén de dar cuenta de las torturas y malos tratos a los cuáles él y los demás internos eran sometidos durante la privación de su libertad".

En otra causa en la que el caso de Hormaeche fue elevado a juicio con otros imputados, la Fiscalía encuadró los hechos en la figura de homicidio simple por "el agravamiento de su estado de salud resultado de la aplicación del régimen inhumano de tratamiento implementado, y la consecuente falta de atención médica [que sufrió] durante su detención".