El 29 de agosto y el 12 y el 19 de septiembre el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, dictó el procesamiento de siete de ocho ex miembros de la Policía provincial a quienes detuvo recientemente por los crímenes cometidos en 1980 contra nueve trabajadores del Frigorífico Nelson y dos de los ferrocarriles de Laguna Paiva y Villa Constitución. Se trata, indicó el juez, de "la presunta persecución ideológica sufrida por un grupo de personas, en su mayoría oriundos de la ciudad de Laguna Paiva, durante la década del ´70 y que habría culminado con sus detenciones ilegales durante los primeros meses de 1980, perpetradas por un grupo de personas que integraban el Departamento de Informaciones de Policía de Santa Fe (D-2)".

Las detenciones se produjeron a pedido del fiscal general Martín Suárez Faisal, en su carácter de integrante de la Unidad Fiscal que interviene en procesos por crímenes del terrorismo de Estado en Santa Fe. Ese organismo del Ministerio Público Fiscal estuvo encargado de instruir la causa, cuya dirección fue delegada por el juez luego de que la Secretaría de Derechos Humanos provincial formulara la denuncia que le dio origen a la pesquisa. Los pedidos de detención fueron formulados el 31 de mayo pasado.

Los detenidos son el ex jefe de la comisaría 13ra de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza; el ex jefe de la seccional 1ra de Santa Fe, Ángel Roberto Córdoba; los ex oficiales del D2, Eduardo Enrique Riuli y Juan Antonio Fernández; el ex sargento de esa repartición, Rubén Oscar Insaurralde; el ex cabo de la Unidad Regional I (URI), Antonio Rubén González; el ex cabo del Departamento de Operaciones policiales, Omar Epifanio Molina; y el ex jefe de la División Informaciones policiales de la URI, Germán Raúl Chartier. Riulli y González están detenidos en el penal provincial de Las Flores, mientras que el resto se encuentra en prisión domiciliaria. La única situación procesal aún no resuelta es la de Córdoba, sobre quien se aguarda un dictamen médico para determinar si está en condiciones de prestar declaración indagatoria.

Salvo Chartier, considerado autor mediato en función del cargo que ejerció como Jefe de División de informaciones Policiales de la Unidad Regional (URI), el resto de los imputados están acusados en carácter de coautores por su intervención en algunos de los hechos que forman parte del objeto procesal.

El juez Rodríguez, que declaró que los crímenes son de lesa humanidad, además trabó embargos de 200 mil pesos en los bienes de González, de 300 mil sobre Chartier, de 500 mil sobre Insaurralde, Mendoza, Riuli y Fernández, y de 1 millón de pesos sobre Molina.

Los secuestros de las víctimas fueron perpetrados entre febrero y abril de 1980 en Laguna Paiva, Santa Fe, Villa Constitución y en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Las víctimas, que fueron toturadas, permanecieron detenidas en las comisaría 13ra de Laguna Paiva; en la de Villa Constitución; en las seccionales 1ra y 3ra y 5ta de la ciudad de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada; y en el Departamento de Informaciones D-2.

En sus declaraciones, las víctimas reconocieron los lugares de detención y a algunos de los acusados, como el caso de Riuli, quien tras su paso por la Policía ejerció como periodista y animador de bailes y otros acontecimientos públicos de la localidad de Laguna Paiva.

Los trabajadores víctimas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos tenían militancia gremial. Quienes cumplían sus labores en el Frigorífico Nelson militaban en la agrupación "La Lucha", una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, mientras que los ferroviarios integraban el Frente Antiimperialista por el Socialismo. La mayoría de ellos fue procesado y luego condenado por violaciones a la ley de seguridad nacional, número 20.840, denominada entonces como "antisubversiva", que fue utilizada por la dictadura para criminalizar la militancia y dotar de "legalidad" a la persecución política.