Cuatro ex integrantes de la Policía de la provincia de Santa Fe fueron procesados con prisión preventiva, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia entre septiembre y octubre de 1976 en perjuicio de cuatro víctimas. La investigación está delegada en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos con asiento allí, encabezada por el fiscal general Martín Suárez Faisal.

La resolución de Francisco María Miño, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, alcanza a Carmelo Leonardo Rolón, José Ernesto González, Félix Alejandro Ríos y Rodolfo Alberto de la Iglesia, por las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos que fueron perpetrados contra Orlando Julio Navarro, Carlos Alberto Borgna, Carlos Omar González y Leda Marta Fernández, “a razón de su militancia política o gremial”. En el caso de Navarro, los delitos que sufriera provocaron su muerte.

La pesquisa se inició a raíz de una presentación efectuada en marzo de 2017 ante la Unidad del Ministerio Público Fiscal por un abogado, que reveló hechos que constituirían delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En particular, la denuncia apuntaba al caso de Navarro, un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), cuya muerte habría tenido lugar el 17 de septiembre de 1976 en la Seccional Tercera de la Policía Provincial, ubicada en el cruce de las calles Balcarce y Lavalle de la capital de la provincia.

Una vez formado el expediente y delegado en la Unidad Fiscal, el MPF ordenó las medidas probatorias pertinentes. La prueba incorporada a la investigación llevó a ampliar la acusación por los hechos que damnificaron a Borgna, González y Fernández, de manera que también se solicitó las correspondientes detenciones y declaraciones indagatorias de los imputados. Ese pedido incluyó allanar los domicilios de los imputados en busca de prueba documental -en el domicilio de Rolón, por ejemplo, se secuestraron fotografías de la época- y la Seccional 3ra, en base al documento "Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad” de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Una vez formado el expediente y delegado en la Unidad Fiscal, el MPF ordenó las medidas probatorias pertinentes. La prueba incorporada a la investigación llevó a ampliar la acusación.

La Unidad Fiscal fue autorizada por el juez para asistir al allanamiento de la Comisaría, de manera que también asistió el fiscal general. Sin embargo, allí no se hallaron otros libros: eran todos de 1985 en adelante).

El Juzgado destacó en el fallo que “las declaraciones prestadas por las víctimas que declararon y sus allegados, son claras, precisas y concordantes entre sí, en cuanto a cómo sucedieron los hechos, y además encuentran sustento probatorio en los documentos”.

Concretamente, los procesamientos alcanzan a Rolón por su presunta autoría mediata de los delitos de privación ilegal de la libertad -agravada por haberse cometido con violencia o amenazas- y tormentos –también agravados, por haberse cometido contra perseguidos políticos- en perjuicio de Orlando Julio Navarro, Carlos Alberto Borgna, Carlos Omar González y Leda Marta Fernández, y por resultar la muerte de la persona torturada -en perjuicio de Orlando Julio Navarro-.

Por el caso de Navarro fueron procesados también González y Ríos: el primero como partícipe necesario del delito de tormentos -doblemente agravado-, y el segundo como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada. Finalmente, de la Iglesia resultó procesado por su supuesta intervención como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada -por haberse cometido con violencia o amenazas- en perjuicio de Leda Marta Fernández.

Los casos investigados

Según surge de la investigación, las cuatro víctimas -Navarro, Borgna, González y Fernández- fueron ingresadas a la Comisaría Tercera de Santa Fe entre septiembre y octubre de 1976, tras sus secuestros.

En el caso de Navarro, la prueba documental reunida “puso de manifiesto que ingresó en la Comisaría el 12/09/76 a las 16:30 horas, detenido y a disposición del COP [por el Comando de Operaciones Policiales]; momento en que se encontraba presente el Jefe Carmelo Rolón, habiéndose consignado en el Libro de Guardia”. Ese día y el siguiente habría sido el propio Rolón “quien solicitó al Gabinete de Identificaciones los antecedentes”; el 13/09/76 “a la 01:30 horas, se comunicó que Navarro no registraba pedido de captura y se informó al COP, que dispuso que continuara detenido”. Luego el COP “dio cuenta de que la víctima pasaba a disposición del Área 212”. Tres días después, el 17 de septiembre, cerca de las 19, se consignó la muerte de Navarro.

Sus familiares relataron que, luego de ser avisados de la detención, se acercaron a la Comisaría, donde les informaron “que ahí no había quedado ninguna ropa” y los derivaron a la “repartición Fuerza de Choque”. Fue allí que les dijeron que su hijo se había suicidado “ahorcándose  con las mangas de una camisa”. Y agregaron que a cambio de la entrega del cuerpo debieron firmar un sumario “aceptando la muerte por suicidio”. Navarro “fue despiadadamente torturado y a consecuencia de ese diabólico proceso nuestro hijo ya agonizante fue ahorcado para simular un suicidio”, declararon sus padres en un legajo de la CONADEP.

En cuanto a Borgna y González, de acuerdo a la resolución “fueron ingresados a la Comisaría el 29/09/76 a las 02:00 horas, detenidos y a disposición del Área 212”; de allí fueron trasladados el 19 de octubre, cuando “se hizo presente personal del Área 212 que los retiró de la Seccional”.

Finalmente, a Fernández la llevaron a la Comisaría el 21 de octubre de 1976, detenida y a disposición de la Sección Seguridad Personal de la Agrupación Unidades Especiales (AUE); fue retirada al día siguiente.