25 de junio de 2024
25 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la fiscal federal Indiana Garzón
Santiago del Estero: procesaron a un sacerdote que recibía a secuestrados
Se trata de Luis Angel Marozzi, ex capellán del Ejército identificado por sobrevivientes por su rol en el aparato represivo. Al dictar su procesamiento, la justicia lo consideró presunto autor de torturas contra un militante detenido en el Batallón de Ingenieros 141, y partícipe de asociación ilícita, por lo que le trabó además un embargo de $100.000 y le prohibió salir del país.

"Usted está poseído por el demonio”. Con esa frase, recibió el sacerdote Luis Angel Marozzi, por entonces capellán del Ejército en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de la provincia de Santiago del Estero, a Hugo Alberto Gómez, apenas unos momentos después de haber sido secuestrado por fuerzas de seguridad en las inmediaciones de su lugar de trabajo, en el Concejo Deliberante de la localidad de La Banda. Era la mañana del 19 de noviembre de 1975 y la provincia, en los meses previos al golpe cívico-militar, era gobernada por el caudillo peronista Carlos Juárez, con el ex jefe de Inteligencia Antonio Musa Azar como hombre fuerte del aparato represivo.

Cuarenta años después, el juez federal Guillermo Molinari, a instancias de la fiscal federal Indiana Garzón, consideró a Marozzi como presunto autor de los delitos de torturas en perjuicio de Gómez, y partícipe de una asociación ilícita, por lo que dictó su procesamiento sin prisión preventiva, con un embargo de $100.000 y la prohibición de salir del país.

Durante el período en que permaneció secuestrado clandestinamente, Gómez padeció innumerables sesiones de torturas (submarino seco, simulacros de fusilamiento, golpizas) en los interrogatorios a los que fue sometido. Las preguntas giraban en torno a quiénes formaban parte de la juventud peronista, el lugar dónde supuestamente tenían escondidas "las armas", la participación de determinados militantes dentro de la organización -algunos de los cuales permanecen desaparecidos- e incluso debió presenciar cómo los represores torturaban a otras personas que lo nombraban.

El testimonio de Gómez fue clave en tanto aseguró que durante su cautiverio pudo identificar a “otro hombre, petiso, bajo, de piel blanca, de buen estado físico (…) vestido como sacerdote, con una camisa celeste y cuellito blanco”. Tras reiterados pedidos de la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía federal, Marozzi fue llamado a prestar declaración indagatoria el 5 de junio pasado. En la causa donde se investiga el secuestro y torturas contra Hugo Gómez, están imputados el ex jefe del Departamento de Informaciones Musa Azar, oficiales y suboficiales del Ejército.

Tras pasar por diversos centros de detención, en 1977 la víctima fue trasladada a la Prisión Regional Norte (Unidad 7), en el Chaco. Su estado físico se encontraba tan deteriorado que el director del Penal se negó en un principio a recibirlo: pesaba apenas 47 kilogramos, cuando al momento de su secuestro superaba los 82 kilogramos. Consiguió la libertad vigilada tres años después.

Continuidad represiva

Al fundamentar su resolución, el magistrado tuvo en cuenta la continuidad histórica en el funcionamiento del aparato represivo que funcionó clandestinamente en la provincia con anterioridad al golpe de Estado cívico-militar. La permanencia en puestos claves de ese andamiaje por parte de funcionarios que ya ejercían ese rol antes del 24 de marzo de 1976 –como es el caso de Musa Azar- constituye un elemento más que corrobora la sintonía entre el gobierno civil de Carlos Juárez y quienes asumieron en la provincia con la llegada de los militares. “Con anterioridad al golpe de Estado ya existía un aparato represivo, manejado desde el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia, también conocido como la “SIDE”. Luego, ese mismo aparato represivo continuó prestando sus “servicios” durante la dictadura militar. El fin fue siempre el mismo: perseguir opositores políticos; antes los opositores políticos e internos del partido Justicialista, al entonces gobernador Carlos Arturo Juárez; después, opositores políticos al gobierno de facto”, señaló Molinari. El magistrado citó en su resolución el requerimiento de instrucción de la fiscalía, donde se indicó “la destacable correspondencia ideológica del imputado Carlos Juárez con los responsables del Terrorismo de Estado que producirían el genocidio que se investiga en éstas causas”.

Pruebas

En su fallo, Molinari indicó que la pertenencia de Marozzi al aparato represivo se encuentra suficientemente probada, no sólo por el gran número de testimonios obrantes en las distintas causas de lesa humanidad, sino fundamentalmente por las constancias de su legajo eclesiástico. En este último figura una evaluación firmada por el jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Teniente Coronel Castelli, en el que se da cuenta que el sacerdote “satisface” todos los ítems allí señalados y en su concepto, se indica que “no obstante su corta antigüedad está integrado plenamente en la Unidad. Preocupado por su misión sacerdotal, entusiasta, con iniciativa y correcta ubicación dentro del conjunto...”. Para la justicia, esta pertenencia al aparato represivo vincula a Marozzi “de manera irrefutable a la responsabilidad por los hechos perpetrados en perjuicio de la víctima de autos, ello en razón de haber intervenido –en carácter de capellán del Ejército– junto a otros miembros de la fuerza armada y de la policial provincial en los hechos que sufridos por Hugo Alberto Gómez”.