El fiscal Federal de San Martín, Marcelo García Berro, pidió prisión perpetua para el ex jefe de la Zona Militar IV Santiago Riveros (90) y 25 años para el dictador Reynaldo Bignone (84) en el juicio oral en el que se investiga la represión a los obreros en la zona norte del conurbano bonaerense. También, el representante del Ministerio Público solicitó para los ex coroneles Luis Sadi Pepa (88) y Eugenio Guañabens Perelló (88) las 20 y 18 años de prisión respectivamente; para los prefectos Juan Carlos Gerardi (82) y Juan Demetrio Luna (82), 15 años, y para Roberto Julio Rossin(65), Alejandro Puertas(59) y Héctor Omar Maldonado(63), 9 años. Los acusados están imputados de haber cometido crímenes en perjuicio de 60 personas durante la última dictadura cívico-militar.

Muchos de los delitos probados en el debate fueron perpetrados contra 32 trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina, Cerámicas Cattáneo y porcelanas Lozadur. García Berro puntualizó en su alegato que “ya desde el 'Acta para el Proceso de Reorganización Nacional', se suspendieron por tiempo indeterminado las negociaciones de las comisiones paritarias; se suspendió el derecho de huelga y de toda medida o acción directa; y que de este modo, las intervenciones militares en los conflictos obreros, la detención de trabajadores y dirigentes gremiales y sindicales, el despido de cientos de miles de obreros, entre otras prácticas represivas amparadas bajo un aparato supuestamente 'legal', elaborado desde el primer día del golpe de 1976, a pesar de la inconstitucionalidad de los decretos ley emanados del gobierno militar, estos fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El fiscal agregó que “este aparato 'legal' fue recurrentemente invocado por empresarios y empleadores ante cualquier tipo de movilización o protesta obrera, logrando la mayoría de las veces la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados amparados por leyes como la de “prescindibilidad” que autorizaba a los empleadores a despedir a cualquier trabajador sin fundamentación, o la ley de seguridad industrial 21400, dictada en septiembre de 1976, que militarizaba a los trabajadores en huelga”.

García Berro consideró que "no puede pensarse a la política laboral del gobierno militar separada de la política económica, llevada adelante por el entonces Ministro de Economía Martínez de Hoz y su equipo; y que estas responden además a un plan de refundación de la sociedad argentina, planeado y perpetrado por la Junta Militar”.

El representante del MPF recordó diversos trabajos de investigación que apuntaron a considerar el proceso liderado por Videla y Martínez de Hoz como un plan elaborado y racional para quebrar la resistencia del movimiento obrero organizado. "La participación de los trabajadores en las ganancias estaba en su pico más alto histórico alrededor del 50%, las condiciones laborales obtenidas en convenios colectivos mirados desde hoy parecen un cuento utópico", concluyó. Además, detalló que en junio de 1981, tras cinco años de dictadura, en los que datos oficiales reconocían que el salario industrial había caído un 60% comparado con 1975, el año previo al golpe.